Alberto Puig
La crisis de deuda que está sufriendo la Eurozona tiene su razón de fondo, desde el punto de vista de su gestión macroeconómica, en su inadecuada estructura institucional, la cual no puede hacer frente a algunos de los retos propios de una unión monetaria.
El problema de la gestión de la deuda de los países miembros de una unión monetaria es que la emiten en una moneda sobre la cual no tienen el control. Los mercados financieros adquieren entonces el poder para forzarlos al incumplimiento. Si, por ejemplo, los inversionistas temen el incumplimiento del Gobierno español, venderán sus títulos, lo cual empujará al alza el tipo de interés. Los inversionistas que han adquirido euros pueden decidir invertirlos en otra parte, en títulos del Gobierno alemán, pongamos por caso. La ausencia de mercado de divisas y de tipos de cambio hace que los ingresos de la venta de bonos en España salgan del mercado de dinero español sin modificar ningún precio relativo. Es decir, la moneda nacional no se deprecia como resultado de que los inversionistas vendan los ingresos de la venta de bonos españoles en el mercado de divisas.
Como resultado de esta dinámica, la cantidad total de liquidez se contrae en España y el Ejecutivo no puede obtener fondos para refinanciar su deuda a tipos de interés razonables. Si esta crisis de liquidez es bastante fuerte, puede forzar al Gobierno español al incumplimiento. Los mercados financieros lo saben y pondrán a prueba al Gobierno cuando los déficits presupuestarios aumenten (por ejemplo, como consecuencia de una recesión). Por lo tanto, en una unión monetaria, los mercados financieros adquieren poder para doblegar a casi cualquier país miembro.
El análisis anterior ilustra una importante dinámica potencialmente destructiva puesto que cuando disminuye la liquidez y los tipos de interés aumentan, la crisis de liquidez se convierte en crisis de solvencia.
En el caso de la Unión Monetaria Europea, la única forma de romper el círculo es que el Banco Central Europeo (BCE) compre ilimitadamente la deuda pública de los Gobiernos en dificultades.
Y aquí es donde se identifica uno de los puntos más débiles de la Unión Monetaria Europea desde el punto de vista de su diseño institucional. El BCE no tiene atribuidas en sus estatutos algunas de las funciones básicas de todos los bancos centrales del mundo, entre ellas y de forma decisiva en la gestión de la deuda pública, la de actuar como prestamista de última instancia. Si las tuviera, el BCE haría lo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón (y un largo etcétera): imprimiría moneda y con ella compraría deuda pública, forzando la bajada de los intereses de su deuda. Al no tener el control del banco central, consecuencia de estar en la Eurozona, España no puede regular los intereses de su deuda pública. Y, como consecuencia, éstos suben y suben, porque es lo que les conviene a los mercados financieros, que se enriquecen a base de tales subidas.
Por otra parte, el BCE actúa sin ningún tipo de restricción por parte de los órganos políticos escogidos por sufragio universal. Con frecuencia, se justifica esta autonomía por el supuesto tecnicismo de las decisiones que tomar y por la consiguiente falta de alternativas. Pero es justamente la segura presencia de alternativas lo que hace necesario un contrapeso político democrático, notoriamente carente en el caso del BCE.
Hasta hoy, el BCE ha actuado más como un instrumento al servicio de la banca alemana que como un banco central. De hecho, la ayuda financiera a la banca española es en realidad una ayuda a la banca alemana (entre otros bancos), puesto que esta banca privada está llena de deuda pública de los países periféricos y le preocupa que éstos no puedan pagar. El objetivo es, por lo tanto, evitar el colapso de España y quedarse sin cobrar la deuda.
Alberto Puig, economista y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (OUC).
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