Colombia: Caguán II

Colombia: Caguán II – por Libardo Botero C.

No repetir los errores del pasado, ha sentenciado el presidente Santos que será el eje de las conversaciones de paz en marcha con las Farc. En la mente de los colombianos aún está viva la experiencia del Caguán y el primer mandatario hábilmente quiso hacerle el quite, de entrada, a cualquier suspicacia al respecto. No se conocían, cuando pronunció esas palabras en breve mensaje televisivo a sus compatriotas, el texto de los acuerdos firmados entre el gobierno y la narcoguerrilla en La Habana y que llevaban meses discutiéndose a puerta cerrada.
Ahora que hemos tenido acceso a la letra menuda del pacto que servirá de marco y guía para lo que viene, no nos queda la menor duda: así existan matices de forma y maquillajes lo evidente es que estamos ante un proceso calcado del Caguán. Sin despeje (al menos por ahora) y sin la parafernalia de mesas temáticas televisadas y demás shows publicitarios de entonces, pero en su contenido el proceso es idéntico. Dos pilares básicos componen el documento de marras, que replican los desatinos del pasado.

¿Adiós a las armas?

Partamos del hecho de que, al tenor de una tradicional exigencia de las Farc, se aceptó adelantar conversaciones y proseguir negociaciones en medio del tableteo de los fusiles, prosiguiendo las hostilidades. Sin renuncia a ninguna de las prácticas brutales y atroces de los terroristas. Como lo ha recordado con valentía el editorial de El Mundo (Medellín, agosto 30), Santos abandonó su monserga en el sentido de que no daría ningún paso en este terreno mientras las Farc no hicieran gestos efectivos de paz. En varias ocasiones el presidente enumeró –en una lista no muy ortodoxa- condiciones que debería cumplir la guerrilla para poder conversar, como suspender el reclutamiento de menores, los ataques a la población civil, la colocación de minas antipersonal, los atentados contra la infraestructura. Todos recordamos que hace unos meses la narcoguerrilla aseveró falazmente al momento de liberar varios militares plagiados, que abandonaría el secuestro (al menos con fines “políticos”). Santos indicó entonces que le parecía positivo el gesto, pero insuficiente. Parecía que había que esperar otros pasos similares hasta que la sapiencia presidencial concluyera que era suficiente y extrajera del bolsillo la enigmática llave que abriría la puerta de la paz. Ocurrió lo contrario: desde entonces no solo no han cesado el secuestro, la extorsión, los sabotajes, los ataques a la población civil, sino que han arreciado. Y sin embargo se entreabrió la puerta de la negociación. ¿En qué quedó aquella exigencia de gestos creíbles de paz para dialogar con los violentos?
Ahora el presidente calla sobre este tema. En plata blanca lo que uno puede concluir es que era una estratagema suya para enfrentar las fundadas inquietudes de vastos sectores de opinión. Pero los hechos han comprobado que, muy al estilo Santos, mientras decía una cosa hacía otra. A la par que condicionaba sacar las llaves de la paz a efectivas muestras de la guerrilla de abandonar la violencia ya estaba en conversaciones con ella. Lo que esperaba seguramente, más que una suma alentadora de indicios pacifistas de las Farc, era la coyuntura propicia de orden político para sacar a flote un proceso que ya tenía decidido y andando.
En el acuerdo firmado ni siquiera se sugiere que las prácticas atroces de las Farc deben ser suspendidas en algún momento. Algunos han señalado que el pacto suscrito establece que dentro del “proceso integral” de búsqueda del “fin del conflicto” se procurará llegar a un “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, y que no es práctico exigirlo previamente. Piedad Córdoba, cuya cercanía con los alzados en conocida, ha corrido a señalar que la guerrilla está dispuesta a convenir una tregua. Idéntico a lo que sucedió en el Caguán. Entonces era un punto prioritario que terminó discutiéndose durante más de dos años sin cristalizar en ninguna decisión concreta. Dejamos a un lado la discusión de “tregua bilateral” que el gobierno ha aceptado de entrada como meta a buscar, paralizante de las fuerzas militares; lo que sí queremos resaltar es que las Farc son expertas en dilatar estos tópicos en pro de aprovechar la negociación políticamente y fortalecerse sin detener su maquinaria bélica. Incluso no es descartable que como ocurrió en los acuerdos de la Uribe, en época del gobierno de Belisario Betancur, se llegue hasta pactar una tregua. La de entonces fue indefinida -algo insólito- de suerte que las Farc pudieron participar en las elecciones de 1986 a través de la Unión Patriótica, con la ventaja de un aparato militar que realizó profuso proselitismo armado. La UP era el único partido político que tenía un ejército de respaldo. ¿Volveremos a esas oscuras épocas? ¿Habrá una Marcha Patriótica en las próximas elecciones participando bajo el manto de una negociación de “paz”, mientras las Farc prosiguen armadas?
Pero se podrá alegar que por primera vez las Farc acceden a hablar de su desmovilización y desarme. Efectivamente en el mismo punto del acuerdo que habla de cese del fuego a renglón seguido se expresa: “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses.” Aunque pareciera ser positivo que se anuncie que se discutirá el abandono de las armas, el veneno viene contenido en la siguiente expresión, inaudita, que advierte que la reincorporación de la organización narcoterrorista a la vida civil se hará “en lo económico, lo social y lo político”, “de acuerdo a sus intereses”. Tamaño petardo fue aceptado por el gobierno sin ruborizarse.
¿Qué es la reincorporación de las Farc a la vida civil en “lo económico”? ¿Acaso la entrega de los bienes mal habidos con motivo de sus actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión, para reparar a las víctimas? ¿O la formalización del emporio de tráfico de drogas, que todos los analistas califican como el mayor cartel del mundo, a través de la política de legalización de la droga que propicia Santos, y que está incluida en los acuerdos de La Habana?   ¿O acaso su interés de entrar a disfrutar de parte del pastel presupuestario de la nación a través de generosas gratificaciones, como las que recibió el M-19, y la participación en la nómina oficial?  ¿Y en lo social? ¿Se reducirá a pagar encomiables servicios sociales, como barrer calles o alfabetizar, por su gesto magnánimo de dejar las armas, en lugar de pagar cárceles por los crímenes de lesa humanidad cometidos, como lo sugiere el Marco Jurídico para la paz promovido por el senador Roy Barreras? ¿Y se acompañará del auspicio por parte del Estado a la intromisión de las organizaciones de fachada de la guerrilla en cuanto movimiento u organización social sea posible, con el cuento de la ampliación de la participación popular en la vida nacional? ¿Y en lo político? ¿Se cumplirá la norma que prohíbe la participación en cargos públicos, de elección o nombramiento, de personas que hayan sido condenadas por delitos diferentes al “político”, lo mismo que la prohibición de conceder indultos y amnistías a quienes estén incursos en crímenes de guerra o de lesa humanidad? ¿O se abrirá la puerta de la “paz” para que por ella entren orondos y campantes los jefes de la narcoguerrilla –eximidos de responsabilidad penal- a las instituciones representativas y al mismo ejecutivo, asegurándoles garantías especiales, acceso ilimitado a los medios de comunicación y financiación a torrentes? Amanecerá y veremos. De cualquier forma todo se hará “de acuerdo a sus intereses” (los de las Farc). Adivinen cuáles pueden ser. La agenda temática del acuerdo ofrece algunas pistas.

Una agenda para “refundar” la patria con la guerrilla

La otra gran coincidencia, y talvez el más grave asunto del “nuevo” proceso de paz, es la decisión de negociar una agenda temática de asuntos cardinales del país con un grupo armado al margen de la ley, y no simplemente su desmovilización, desarme y reinserción. Talvez la agenda revelada sea menos ambiciosa que la del Caguán, es cierto, pero el fondo es el mismo. Se acepta negociar asuntos claves de la institucionalidad del país con una banda criminal, declarada grupo terrorista por la mayor parte de la comunidad internacional. Al hacerlo se le da razón en un doble y peligroso sentido: reconocer que se alzó en armas y persiste en su aventura en razón de desarreglos económicos y sociales, es decir que el levantamiento se justificaba, y a la par conceder que es preciso transformar el país según las exigencias de los alzados para poder aclimatar la paz, pues los criminales tienen motivos “altruistas”. De contera, y lo que es más grave, se entrega a unas minorías delirantes y violentas la potestad de decidir sobre asuntos cruciales de la vida nacional, sustituyendo a las mayorías y los mecanismos propios del Estado de derecho.
En un ensayo que escribí hace unos meses sobre la polémica ley de víctimas y restitución de tierras comentaba el desenfoque de Santos al argumentar que con ese tipo de disposiciones y otras estrategias de su administración, que calificaba de “revolución agraria”, “les estamos quitando sus argumentos, les estamos quitando el piso”, refiriéndose a la guerrilla. De tal modo Santos reconocía que las Farc y el Eln tenían un “piso” social y unos “argumentos”, y que el gobierno buscaba de cierto modo suprimir esas inequidades para dejarlos sin justificación; lo que algunos han catalogado como cumplir la revolución por contrato. El gobierno supone ingenuamente que adelantar esas reformas es un anzuelo para que los alzados dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Santos les está diciendo: abandonen las armas pues gran parte de sus reclamos ya los estamos cumpliendo, y lo que falte lo podemos acordar en una mesa de negociación. No es casual que se perciba un extraño parentesco entre políticas emblemáticas del gobierno Santos y la agenda temática acordada ahora con las Farc, traduciendo de cierto modo esa entelequia y esa ilusión: desde el “desarrollo agrario integral”, pasando por las víctimas (menos las de la guerrilla), hasta el problema de las drogas.
El conocido “Acuerdo de Ralito” que firmaron a comienzos de la década pasada una serie de firmantes en el proceso de la “para-política”. ¿Qué diferencia hay entre acordar con los paramilitares “refundar” la patria y convenir con la guerrilla, igualmente criminal, violenta y empapada de narcotráfico hasta los tuétanos, una agenda para transformar las instituciones económicas, sociales y políticas del país? Hay una doble moral en todo este asunto, que el gobierno prohija. ¿Por qué con los paramilitares -que en este gobierno fueron reconocidos por ley como “partes” del “conflicto armado interno”, y sus víctimas objeto de la ley de reparación- solo es posible un proceso de sometimiento y desmovilización, como el que se protocolizó en la ley de Justicia y Paz, y con la guerrilla, “parte” similar del “conflicto”, sí se puede adelantar la “refundación” de la patria? ¿Qué tal que alguien hubiera sugerido hace ocho años que era mejor que Mancuso estuviera en el Congreso que en el monte echando bala?
Como nota al margen debemos registrar que en el pacto de La Habana se evade hablar de los desafueros de la guerrilla, de la necesidad de que confiesen la verdad de sus crímenes, de que están obligados a reparar a las víctimas, y de que deben pagar por sus delitos, columnas vertebrales de la llamada “justicia transicional”, que mal que bien se aplicó en el caso de la desmovilización de los paramilitares en el gobierno anterior. Está implícita allí la aceptación de plena impunidad para la guerrilla, a tono con el Marco Jurídico para la “paz”. En cambio se insiste, acatando exigencias de la guerrilla, al igual que lo aceptó Pastrana en el Caguán, en la necesidad de que el gobierno se aplique a combatir “contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”, así como a esclarecer “el fenómeno del paramilitiarismo”.
Vivimos una época de falacias a propósito de propuestas loables, como las de conquistar la paz. Si a mi me preguntan, antes de que unos individuos se enmonten para delinquir, si es mejor que participen en el Congreso, por supuesto que respondería que lo segundo. No se necesitan dos dedos de frente para afirmarlo. Pero si después de cincuenta años de atrocidades y atropellos, de masacres, secuestros y todo tipo de arbitrariedades, se me hace la misma pregunta, la repuesta no puede ser idéntica. Esos señores tienen que pagar por sus delitos, no pueden impunemente reincorporarse a la vida civil y ser premiados con la participación en política y el acceso al poder. Si se quiere evitar la repetición de la ordalía que hemos vivido, lo primero que tenemos que hacer es no premiar semejantes criminales. Esa no es la paz que deseamos, donde los criminales resultan victoriosos, perdonados y gratificados.
Otra falacia, hermana carnal de la anterior, es que la confrontación no tiene una solución militar, que la guerrilla es invencible, y por ende se requiere hacerle semejantes concesiones para que acceda a cesar en su accionar criminal. De lo contrario se continuaría con la barbarie y más compatriotas sufrirían los embates de la violencia. Es una actitud derrotista que no ve salida distinta a claudicar ante el chantaje de los alzados y aceptar sus exigencias. No. Los terroristas sí son derrotables; es posible vencerlos, y es posible terminar un conflicto sin tener que acceder a negociar el Estado de derecho, sino acordando su desmovilización, desarme y reinserción. Ahí está el caso de España y su enfrentamiento con la banda terrorista de Eta: los españoles han triunfado y los terroristas han declarado su dejación de la lucha armada, reclamando solo negociar la desmovilización, a lo cual el Estado ni siquiera se ha avenido. Y en Colombia, en la última década se ha probado que se les puede vencer, empezando por debilitarlos al máximo. Es un sacrificio grande, pero que vale la pena, porque cortaría el mal de raíz y haría difícil que de nuevo se intentara otra aventura semejante, y porque se lograría la paz sin tener que feriar los valores ni las instituciones democráticas. Solo que hay que tener coraje y persistir en la brega, cosa que el gobierno actual definitivamente ha olvidado.
Me gusta repetir la idea que formuló en su momento Fernando Savater cuando se habló de unas posibles negociaciones con Eta para buscar su desarme: es inaceptable que por dejar las armas se quisiera premiar a los terroristas otorgándoles lo que no pudieron conquistar blandiéndolas.  Santos parece obstinado en lograrlo en Colombia. ¿Manes de la reelección?