Francisco Garfias
La tormenta desatada por la decisión del presidente Calderón
de enviar la reforma laboral como “iniciativa preferente” —el Congreso
tiene 30 días naturales para aprobarla o desecharla— amenaza con
transformarse en huracán fuerza cinco.
El mundo obrero está agitado. Los sindicatos ya organizan una marcha nacional y la suspensión de actividades en todo el país para protestar contra lo que llaman “un fusil de la Ley Lozano.” Los legisladores están divididos. No hay consenso ni en el PRI, donde militan poderosas cabezas del sindicalismo oficial. Allí están Carlos Romero Deschamps, Joel Ayala, Ricardo Aldana, Carlos Aceves del Olmo, Víctor Flores.
Algunos ya hicieron bravuconas declaraciones, a pesar de que el cauteloso Peña Nieto, primer priista del país, no ve la reforma “con tan malos ojos”, según diputados de la cúpula del tricolor.
El controvertido Martín Esparza, líder del SME, lanzó ayer una singular propuesta, en su critica a los “contratos temporales” que incluye la reforma laboral. “Si va a ser para todos los trabajadores, empecemos por senadores y diputados; a seis meses que nos permita valorar el esfuerzo de cada uno, si no funcionan, a renovar otros seis meses…”, declaró el sindicalista.
Más del tema. Los contactos entre diputados del PRI y del PRD se han intensificado. Buscan encontrar salida al embrollo desatado por la “iniciativa preferente” de Calderón, enviada al Congreso horas después de instalada la legislatura. Ni comisiones hay.
Nos tocó ser testigos de una llamada del diputado tricolor Marco Bernal al vicecoordinador del grupo perredista, Miguel Alonso Raya. El priista lo quería ver para discutir la ruidosa reforma que trae de cabeza al Congreso y muy irritados a los sindicatos.
Raya nos adelantó lo que plantearía al PRI: Recoger lo avanzado en materia de reformas a la Ley delTrabajo y a partir de allí modificar la iniciativa del Ejecutivo o de plano mandar “a la fregada” la propuesta del presidente Calderón por la vía “preferente” —desecharla en sus términos antes del 30 de septiembre—.
El perredista quiere retomar alguna de las 497 iniciativas sobre el espinoso tema, que están en la congeladora, y aprobarla antes de diciembre. “Eso ayudaría a evitar lo que busca Calderón: exhibirnos ante la opinión pública”
Hasta San Lázaro llegaron líderes de sindicatos no oficiales para protestar por la “provocación” del presidente Calderón. Francisco Hernández Juárez, UNT; Martín Esparza, SME; Agustín Rodríguez, UNAM; Carlos Manuel Díaz Chávez, ASPA; Artemio Ortiz, SNTE. Pidieron a los diputados que rechacen esta “regresiva” propuesta que, dicen, recupera conceptos de contratación como el de aprendizaje y el de trabajo temporal, generadores de “explotación para los trabajadores”. La iniciativa, agregan, abarata la mano de obra, precariza el empleo, daña la contratación colectiva y el derecho de huelga. Pero también —allí está el detalle— llega al “absurdo” de pretender que los sindicatos no puedan recolectar las cuotas de la organización de los trabajadores.
Antes de las elecciones hablamos en este espacio de la posibilidad de que en el PRD se produjera un “divorcio pactado” entre obradoristas y la izquierda institucional si las cosas no salían bien el primero de julio. Tuvimos una virulenta reacción de Jesús Zambrano, presidente de esa agrupación política. No sólo lo negó, sino que dijo que la izquierda estaba más unida que nunca alrededor de su candidato presidencial. Hacía su chamba. Pero llego la definición. Peña Nieto es presidente electo. El Peje está en la calle nuevamente. No reconoce el fallo del TEPJF. Ya habló de “desobediencia civil”. El domingo, en el Zócalo, precisará las acciones a tomar.
La postura metió en un brete a la izquierda institucional. Gobernadores electos y en funciones, emanados de la izquierda, ya marcaron distancia con López Obrador. Sin excepción dijeron que acatarán el fallo del Tribunal.
Hoy se realiza la “Cumbre de la Izquierda” en un hotel de esta ciudad. Asiste la dirigencia nacional del PRD, los gobernadores, diputados y senadores del amarillo. Oficialmente se trata de diseñar una propuesta de plan de acción para restablecer la legalidad en nuestro país tras las elecciones federales. Pero Fernando Belaunzarán, diputado de ese partido, jura que los participantes tratarán de fijar los términos de una “separación pactada” con López Obrador y sus seguidores, complementada con un acuerdo de “no agresión” entre las facciones opuestas del partido.
Belaunzarán, por cierto, presentó ayer una iniciativa para que el Ejecutivo regrese al Congreso a dar su Informe. Propone que escuche a los diputados, exponga el estado que guarda la nación, y conteste preguntas. “No vengo a abogar por el antiguo formato imperial, sino a pedir que caminemos hacia una nueva concepción democrática de las instituciones del Estado”, dice el texto.
Desde hace un lustro, el Presidente manda por escrito el Informe a los diputados. El mensaje lo da después ante un selecto grupo de invitados. No hay réplicas ni críticas. Es un “monólogo autocomplaciente”, como lo vimos el lunes.
El mundo obrero está agitado. Los sindicatos ya organizan una marcha nacional y la suspensión de actividades en todo el país para protestar contra lo que llaman “un fusil de la Ley Lozano.” Los legisladores están divididos. No hay consenso ni en el PRI, donde militan poderosas cabezas del sindicalismo oficial. Allí están Carlos Romero Deschamps, Joel Ayala, Ricardo Aldana, Carlos Aceves del Olmo, Víctor Flores.
Algunos ya hicieron bravuconas declaraciones, a pesar de que el cauteloso Peña Nieto, primer priista del país, no ve la reforma “con tan malos ojos”, según diputados de la cúpula del tricolor.
El controvertido Martín Esparza, líder del SME, lanzó ayer una singular propuesta, en su critica a los “contratos temporales” que incluye la reforma laboral. “Si va a ser para todos los trabajadores, empecemos por senadores y diputados; a seis meses que nos permita valorar el esfuerzo de cada uno, si no funcionan, a renovar otros seis meses…”, declaró el sindicalista.
Más del tema. Los contactos entre diputados del PRI y del PRD se han intensificado. Buscan encontrar salida al embrollo desatado por la “iniciativa preferente” de Calderón, enviada al Congreso horas después de instalada la legislatura. Ni comisiones hay.
Nos tocó ser testigos de una llamada del diputado tricolor Marco Bernal al vicecoordinador del grupo perredista, Miguel Alonso Raya. El priista lo quería ver para discutir la ruidosa reforma que trae de cabeza al Congreso y muy irritados a los sindicatos.
Raya nos adelantó lo que plantearía al PRI: Recoger lo avanzado en materia de reformas a la Ley del
El perredista quiere retomar alguna de las 497 iniciativas sobre el espinoso tema, que están en la congeladora, y aprobarla antes de diciembre. “Eso ayudaría a evitar lo que busca Calderón: exhibirnos ante la opinión pública”
Hasta San Lázaro llegaron líderes de sindicatos no oficiales para protestar por la “provocación” del presidente Calderón. Francisco Hernández Juárez, UNT; Martín Esparza, SME; Agustín Rodríguez, UNAM; Carlos Manuel Díaz Chávez, ASPA; Artemio Ortiz, SNTE. Pidieron a los diputados que rechacen esta “regresiva” propuesta que, dicen, recupera conceptos de contratación como el de aprendizaje y el de trabajo temporal, generadores de “explotación para los trabajadores”. La iniciativa, agregan, abarata la mano de obra, precariza el empleo, daña la contratación colectiva y el derecho de huelga. Pero también —allí está el detalle— llega al “absurdo” de pretender que los sindicatos no puedan recolectar las cuotas de la organización de los trabajadores.
Antes de las elecciones hablamos en este espacio de la posibilidad de que en el PRD se produjera un “divorcio pactado” entre obradoristas y la izquierda institucional si las cosas no salían bien el primero de julio. Tuvimos una virulenta reacción de Jesús Zambrano, presidente de esa agrupación política. No sólo lo negó, sino que dijo que la izquierda estaba más unida que nunca alrededor de su candidato presidencial. Hacía su chamba. Pero llego la definición. Peña Nieto es presidente electo. El Peje está en la calle nuevamente. No reconoce el fallo del TEPJF. Ya habló de “desobediencia civil”. El domingo, en el Zócalo, precisará las acciones a tomar.
La postura metió en un brete a la izquierda institucional. Gobernadores electos y en funciones, emanados de la izquierda, ya marcaron distancia con López Obrador. Sin excepción dijeron que acatarán el fallo del Tribunal.
Hoy se realiza la “Cumbre de la Izquierda” en un hotel de esta ciudad. Asiste la dirigencia nacional del PRD, los gobernadores, diputados y senadores del amarillo. Oficialmente se trata de diseñar una propuesta de plan de acción para restablecer la legalidad en nuestro país tras las elecciones federales. Pero Fernando Belaunzarán, diputado de ese partido, jura que los participantes tratarán de fijar los términos de una “separación pactada” con López Obrador y sus seguidores, complementada con un acuerdo de “no agresión” entre las facciones opuestas del partido.
Belaunzarán, por cierto, presentó ayer una iniciativa para que el Ejecutivo regrese al Congreso a dar su Informe. Propone que escuche a los diputados, exponga el estado que guarda la nación, y conteste preguntas. “No vengo a abogar por el antiguo formato imperial, sino a pedir que caminemos hacia una nueva concepción democrática de las instituciones del Estado”, dice el texto.
Desde hace un lustro, el Presidente manda por escrito el Informe a los diputados. El mensaje lo da después ante un selecto grupo de invitados. No hay réplicas ni críticas. Es un “monólogo autocomplaciente”, como lo vimos el lunes.
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