por Jeffrey A. Miron
Jeffrey A. Miron es director de estudios de pregrado de la
Universidad de Harvard y es un Académico Titular del Cato Institute. Su
blog es http://jeffreymiron.blogspot.com/.
La próxima elección presidencial muy probablemente se decidirá sobre si los votantes confían en el presidente Obama o en Mitt Romney
para volver a una economía sólida. Los presidentes tienen menos poder
sobre la economía que el que ellos y la gente cree que tienen —el
congreso, la Fed y las dinámicas inherentes en la economía todos juegan
papeles importantes— pero el presidente puede liderar en asuntos claves y
fijar la tendencia de la política económica.
Para comprender cómo las perspectivas Romney y Obama difieren, considere dos cuestiones.
La primera es cómo evitar el tal llamado “precipicio fiscal”. Debido a la política actual, el 1 de enero de 2013 entrarán en efecto importantes alzas de impuestos.
Los recortes de impuestos de Bush, en particular, están programados
para expirar y tanto el gasto doméstico y militar están programados para
caer, en virtud del acuerdo de agosto de 2011 sobre el límite de la
deuda.
Ambos candidatos ven esta restricción de la política fiscal como una
amenaza para la recuperación económica, pero difieren en qué aspectos
modificar.
Obama quiere continuar con los recortes de impuestos de Bush para los
hogares de clase media pero permitir que estos expiren para los hogares
de ingresos altos. Obama se opone a los recortes automáticos de gasto en
general, aunque muchos observadores sospechan que consideraría algunos
recortes en el gasto militar.
Romney también quiere extender los recortes de impuestos de Bush, pero
para todos los hogares en lugar de solamente para los de clase media. De
hecho, Romney ha hecho un llamado a reducir todavía más las tasas
tributarias, incluyendo aquellas aplicadas al ingreso corporativo.
Romney probablemente aceptaría reducir el gasto doméstico mientras que
se opondría a recortes en el presupuesto de defensa.
Obama, por lo tanto, utilizará las negociaciones sobre el precipicio
fiscal para presionar por una mayor redistribución del ingreso y por
sustituir el gasto en defensa con gasto en programas domésticos; Romney
haría lo contrario.
Ningún candidato, por supuesto, describe su posición de esta manera.
Obama pintará el debate sobre política fiscal como uno que trata acerca
de justicia, mientras que Romney dirá que se trata de promover el crecimiento económico.
Obama defenderá el gasto doméstico como una “inversión” en nuestro
futuro, mientras que Romney caracterizará gran parte de este como un
desperdicio. A pesar de esto, los dos tienen distintas prioridades para
cobrar impuestos y para gastar.
Por el lado de los impuestos, la posición de Romney es más convincente.
Elevar las tasas de impuestos cobradas a los hogares de ingresos altos
generará solamente una recaudación modesta y las tasas más altas sobre
los dividendos y las ganancias de capitales son malas para el
crecimiento. De igual forma, las tasas tributarias más bajas sobre el
ingreso corporativo fomentarán el crecimiento. De manera más amplia, el
enfoque de Obama sobre la redistribución envía un
mensaje escalofriante a los emprendedores e innovadores y cualquier
impacto negativo sobre el crecimiento hace que la situación de la deuda
empeore.
En cuanto al presupuesto, ningún candidato es lo suficientemente escéptico acerca del gasto federal.
Obama se equivoca al creer que el gasto federal es principalmente una
“inversión”. En realidad, grandes porciones —tales como la prohibición
de las drogas, la Fundación Nacional para las Artes y las Humanidades,
la Corporación para la Radiodifusión Pública (PBS, por sus siglas en
inglés), NASA, los fondos pre-asignados en el presupuesto, el servicio
postal, Amtrak, la ayuda externa, los subsidios agrícolas, la
Administración de la Pequeña Empresa, junto con puentes a ningún lado,
el Big Dig, y los rieles de alta velocidad— son un desperdicio.
Romney comete un error similar en cuanto al gasto militar. Muchas
actividades de defensa y seguridad nacional, como la continua guerra en
Afganistán, la provisión de seguridad nacional para naciones en Europa
Occidental y otras partes del mundo, ni hablar de los sistemas
innecesarios de armas, las bases militares redundantes, entre otras, son
difíciles de justificar.
La segunda cuestión importante a la que se enfrentan Obama y Romney será controlar el crecimiento de Medicare.
Ambos candidatos coinciden en que, de acuerdo a las proyecciones
actuales, Medicare siempre crece más rápido que la producción económica
nacional, lo que implica que Medicare esencialmente está quebrado.
Romney y Obama difieren, no obstante, sobre cómo arreglar a Medicare. La
estrategia de Obama consiste en la Junta Independiente Asesora de Pagos
(IPAB, por sus siglas en inglés), una creación de la Ley de Cuidado de
Salud Asequible. La IPAB tendrá el poder de restringir el gasto de
Medicare, principalmente controlando los precios de los cuidados médicos
y limitando los reembolsos por cuidados considerados innecesarios o que
no sean eficientes en relación a su costo.
Romney quiere transferir a la gran mayoría o a todos los beneficiarios
futuros de Medicare (aquellos que tienen actualmente 55 años o menos) a
un programa de vales o “vouchers”. Limitando la tasa por la cual la
cantidad del voucher aumenta a través del tiempo, esta estrategia
también puede desacelerar el gasto de Medicare. Si la competencia entre
las aseguradoras hace que el mercado de seguros de salud sea más
eficiente, los vouchers pueden reducir todavía más el gasto.
Las dos estrategias, por lo tanto, buscan “salvar a Medicare”, pero de
maneras fundamentalmente distintas: El IPAB depende del Estado para
decidir qué cuidado médico es valioso, mientras que la propuesta del
voucher permite que los individuos tomen esas decisiones.
Entre las dos, la de Obama tiene poca probabilidad de éxito,
considerando el fracaso de esfuerzos similares en el pasado. Los
controles de precio alientan a los proveedores de cuidados médicos a que
traten de hacer trampas, como cobrar por exámenes, procedimientos y
medicaciones extra. Esto también implica que los controles de precio
introducirán un sinnúmero de ineficiencias en el sistema de cuidados
médicos.
La propuesta de vouchers de Romney tiene más potencial, pero el problema
está en los detalles. Cualquier sistema de vouchers debe incluir
suficientes aseguradoras para generar una verdadera competencia. Y la
definición de “seguro médico” debe ser lo suficientemente amplia para
que distintas aseguradoras puedan ofrecer políticas que verdaderamente
limiten los costos.
Además, la manera más obvia mediante la cual las aseguradoras pueden
reducir las primas es elevando los co-pagos y los deducibles. Esto sería
un buen resultado, dado que también alentaría a los ancianos a
balancear los beneficios y los costos de los cuidados médicos. Aunque
esto también implica que los ancianos pagarían más, un hecho que no
muchas veces es enfatizado por los partidarios de los vouchers.
La visión económica de Obama y Romney difiere, por lo tanto, en tres
cuestiones fundamentales: Hasta qué punto debería el Estado redistribuir
el ingreso; qué tipo de gasto federal justifica sus costos; y si el
Estado o los mercados asignan los recursos de manera más eficiente. La
decisión no es inequívoca, pero a grandes rasgos, Romney tiene las
mejores propuestas.
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