Jorge Fernández Menéndez
La crisis con los maestros de la CNTE
y los estudiantes de las escuelas normales continúa en Michoacán pese a
que el gobierno estatal terminó dejando en libertad a prácticamente
todos los detenidos por los hechos de violencia ocurridos en torno a la
recuperación de las escuelas normales: de los 176 aprehendidos
originales, sólo quedan presos ocho, acusados de una abierta
participación sobre todo en la quema de vehículos y en ataques a las
autoridades.
Fuera de los radicalismos absurdos, lo cierto es que detrás de la violencia y los escándalos, lo que se trata de ocultar es la evidente crisis económica (y política y de seguridad) en que dejó el Estado la administración de Godoy.
Una auditoría externa a las finanzas del estado, contratada desde el Congreso y de la que tenemos copia, muestra la situación calamitosa de las mismas, pero también los innumerables malos manejos que de las cuentas presentadas por el gobierno estatal se desprenden. Para comenzar, no hay evidencia de que el comité de deuda pública haya funcionado alguna vez. Y es el organismo que debe autorizar el manejo de la misma. Y ahí les faltan por explicar más de nueve mil millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero de 2011, créditos por cuatro mil 800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no hay información sobre cuál es la deuda que se estaría refinanciando. Respecto a los créditos obtenidos en sí, uno de Banorte por dos mil millones, otro de Banobras por mil 514 millones y el tercero del Banco del Bajío por mil 286 millones, resulta que los mismos se traspasaron, por lo menos los dos de la banca privada, a una cuenta del estado asentada en Bancomer —la 161421700—, y del de Banobras no se tiene registro de en qué se utilizó. Los de Banorte y el del Bajío se usaron para pago de nómina, de inversiones bancarias, gastos por comprobar, fondos revolventes, servicios personales y gastos de operación, entre otros rubros similares. En la cuenta pública se dice que se pagaron créditos de corto plazo a algunas instituciones bancarias pero en ningún caso se dice cuáles son y en qué cuentas se aplicaron.
Al mismo tiempo, en pleno proceso electoral federal y en la transición del gobierno local, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se pidió otro paquete de créditos por cuatro mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Dos créditos fueron utilizados para “necesidades temporales de Tesorería”. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron, por lo menos, mil millones, para pago de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. De ese total, hay por lo menos poco más de mil 347 millones de pesos provenientes de préstamos bancarios que lisa y llanamente no tienen evidencia alguna de en qué se utilizaron. No hay siquiera información bancaria sobre el tema.
Por otra parte, se detectó que el gobierno estatal pagó 39 millones 725 mil pesos a la empresa Convem de México por servicios profesionales relativos a la asesoría para la contratación de créditos. El único problema es que se trata de una empresa supuestamente dedicada a la asesoría en servicios de ingeniería y arquitectura, sin ninguna experiencia en el ámbito financiero (lo que tampoco está contemplado en sus estatutos). No está ni siquiera inscrita en el padrón de proveedores del estado. Los recursos, casi 40 millones de pesos, se le pagaron a Convem sin licitación y tampoco existen informes de que haya cumplido con los servicios requeridos.
Hay muchísimas irregularidades más. Por ejemplo, existe un incumplimiento en el pago del ISR descontado a los salarios de los trabajadores estatales de más de 998 millones de pesos entre enero y diciembre del 2011 (el último año de la administración). A la misma cuenta de Bancomer, la número 161421700, a la que se envió el dinero de los préstamos bancarios, se enviaron las participaciones federales para educación (casi tres mil millones de pesos), servicios de salud (casi mil 780 millones) y del seguro popular (poco más de 845 millones), lo que violó las leyes de coordinación federal respectivas y se perdió control sobre la utilización de esos recursos. Al respecto no hay informe alguno. Hay diferencias millonarias sobre los bienes públicos del estado: no se localizan 148 automóviles, 49 maquinarias pesadas, predios, inmuebles y terrenos.
El problema en Michoacán no son las normales ni el CNTE. El problema es la malversación de fondos y los funcionarios que tendrán que responder por un faltante y el mal manejo de miles de millones de pesos. Lo de estados como Coahuila es un juego de niños comparado con lo que ocurrió en Michoacán, sobre todo en el último año de gobierno de Leonel Godoy.
Fuera de los radicalismos absurdos, lo cierto es que detrás de la violencia y los escándalos, lo que se trata de ocultar es la evidente crisis económica (y política y de seguridad) en que dejó el Estado la administración de Godoy.
Una auditoría externa a las finanzas del estado, contratada desde el Congreso y de la que tenemos copia, muestra la situación calamitosa de las mismas, pero también los innumerables malos manejos que de las cuentas presentadas por el gobierno estatal se desprenden. Para comenzar, no hay evidencia de que el comité de deuda pública haya funcionado alguna vez. Y es el organismo que debe autorizar el manejo de la misma. Y ahí les faltan por explicar más de nueve mil millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero de 2011, créditos por cuatro mil 800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no hay información sobre cuál es la deuda que se estaría refinanciando. Respecto a los créditos obtenidos en sí, uno de Banorte por dos mil millones, otro de Banobras por mil 514 millones y el tercero del Banco del Bajío por mil 286 millones, resulta que los mismos se traspasaron, por lo menos los dos de la banca privada, a una cuenta del estado asentada en Bancomer —la 161421700—, y del de Banobras no se tiene registro de en qué se utilizó. Los de Banorte y el del Bajío se usaron para pago de nómina, de inversiones bancarias, gastos por comprobar, fondos revolventes, servicios personales y gastos de operación, entre otros rubros similares. En la cuenta pública se dice que se pagaron créditos de corto plazo a algunas instituciones bancarias pero en ningún caso se dice cuáles son y en qué cuentas se aplicaron.
Al mismo tiempo, en pleno proceso electoral federal y en la transición del gobierno local, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se pidió otro paquete de créditos por cuatro mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Dos créditos fueron utilizados para “necesidades temporales de Tesorería”. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron, por lo menos, mil millones, para pago de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. De ese total, hay por lo menos poco más de mil 347 millones de pesos provenientes de préstamos bancarios que lisa y llanamente no tienen evidencia alguna de en qué se utilizaron. No hay siquiera información bancaria sobre el tema.
Por otra parte, se detectó que el gobierno estatal pagó 39 millones 725 mil pesos a la empresa Convem de México por servicios profesionales relativos a la asesoría para la contratación de créditos. El único problema es que se trata de una empresa supuestamente dedicada a la asesoría en servicios de ingeniería y arquitectura, sin ninguna experiencia en el ámbito financiero (lo que tampoco está contemplado en sus estatutos). No está ni siquiera inscrita en el padrón de proveedores del estado. Los recursos, casi 40 millones de pesos, se le pagaron a Convem sin licitación y tampoco existen informes de que haya cumplido con los servicios requeridos.
Hay muchísimas irregularidades más. Por ejemplo, existe un incumplimiento en el pago del ISR descontado a los salarios de los trabajadores estatales de más de 998 millones de pesos entre enero y diciembre del 2011 (el último año de la administración). A la misma cuenta de Bancomer, la número 161421700, a la que se envió el dinero de los préstamos bancarios, se enviaron las participaciones federales para educación (casi tres mil millones de pesos), servicios de salud (casi mil 780 millones) y del seguro popular (poco más de 845 millones), lo que violó las leyes de coordinación federal respectivas y se perdió control sobre la utilización de esos recursos. Al respecto no hay informe alguno. Hay diferencias millonarias sobre los bienes públicos del estado: no se localizan 148 automóviles, 49 maquinarias pesadas, predios, inmuebles y terrenos.
El problema en Michoacán no son las normales ni el CNTE. El problema es la malversación de fondos y los funcionarios que tendrán que responder por un faltante y el mal manejo de miles de millones de pesos. Lo de estados como Coahuila es un juego de niños comparado con lo que ocurrió en Michoacán, sobre todo en el último año de gobierno de Leonel Godoy.
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