Maniobras para continuar la guerra

Humberto Musacchio*

El asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez no es un mero incidente en el baño de sangre que enluta al país. Por varias razones, se trata de una víctima propiciatoria de los manes de la guerra, en tanto que era sobrino del actual mandatario de Coahuila e hijo de un ex gobernador y ex presidente del PRI.

Para los mexicanos de a pie el mensaje es claro: si eso le pasa a una familia con tanto poder económico y político, cualquiera puede esperar lo peor en medio del desgobierno que se ha vivido en el sexenio de Felipe Calderón. Nadie está a salvo, y si privaron de la vida a un joven de la élite gobernante, ya sabe todo mexicano lo que puede ocurrirle.

No es el primer homicidio que afecta a los altos mandos del priismo, pero ocurre precisamente cuando faltan unas cuantas semanas para el cambio de gobierno, un periodo en el cual todas las fuerzas políticas se ponen en movimiento, presionan y gestionan buscando acomodarse en el próximo régimen.

El escenario de la transición es una guerra absurda, un horror de seis años que le ha costado al país entre 60 mil y cien mil vidas, contabilidad que engloba a inocentes, víctimas casuales, elementos policiacos y militares lo mismo que a delincuentes, los que por cierto también son mexicanos. Pero la violencia ha tenido otros resultados nefastos. Uno de ellos ha sido ceder soberanía, pues hoy, a lo largo y ancho del país, actúan la DEA, la CIA y otras corporaciones policiacas y de espionaje del gobierno estadunidense.

Al sacar a soldados y marinos de sus cuarteles, ha expuesto al Ejército y la Armada a las tentaciones de la corrupción, en la que desde luego están interesados los criminales, pues sale más barato comprar al enemigo que entrar en combate contra él. Como consecuencia, ya hay tantos desertores como fuerzas en activo y por buenas y malas razones hoy están en prisión no pocos militares de alto rango.

Más lamentable es que el gasto en las fuerzas policiacas y militares haya impedido destinar más recursos a la educación y a la creación de empleos. La planta productiva, seriamente afectada por la inseguridad, se ha visto privada de los estímulos inherentes a una sana política de expansión económica y de empleo intensivo. Para ocuparse, los jóvenes mexicanos tienen dos opciones: convertirse en policías o incorporarse a la delincuencia. El Estado no les deja otro camino.

Pese a tan nefandos resultados, hay quienes desean continuar la guerra. En esa legión del terror se hallan desde luego los políticos que antes que servir a México se asumen como criados de Washington y están dispuestos a cualquier indignidad mientras sea bien pagada. Los otros son los beneficiarios directos del derramamiento de sangre: altos funcionarios, comandantes y jefes que reciben inmensos presupuestos para combatir a los criminales, que realizan incautaciones y hacen suyos inmuebles, mujeres, joyas y dinero, mucho dinero, bienes todos sobre los que hay poco o nulo control.

Esa caterva de “servidores públicos” quiere que el nuevo gobierno priista continúe la matanza, y una forma de engancharlo es asesinando al hijo de una familia tan prominente como los Moreira, para que las élites se sientan amenazadas y mantengan el mismo o un peor clima de violencia. Es imaginable que quiera inculparse a algún pobre diablo, pero nadie les creerá. Si no son capaces de evitar la fuga de un cadáver, menos podrán vender una versión creíble del triste y muy condenable asesinato de un muchacho como José Eduardo Moreira Rodríguez. Ojalá Peña Nieto no caiga en la trampa.