18 octubre, 2012

Ni inglés ni informática: endeudamiento

Jorge Fernández Menéndez

Estalló Michoacán por donde suele estallar cuando no se trata de asuntos directamente ligados al narcotráfico: por la Sección 18 de la CNTE y las normales rurales de Cherán, Arteaga y Tiripetío. Distintos grupos habían tomado las instalaciones de esas normales desde hace semanas, secuestraron camiones de pasajeros, en muchos casos con el equipaje de los viajantes incluido; habían robado y secuestrado tráilers con su carga, carros y camionetas oficiales; habían asaltado negocios y supermercados para aprovisionarse, además de bloquear en forma cotidiana carreteras y tomar casetas de peaje, para simplemente quedarse con el dinero.


Esta semana, un operativo policial permitió desalojar esas tres escuelas con un saldo de 176 detenidos y decenas de vehículos y otros bienes, que estaban en manos de los supuestos normalistas (simplemente viendo las imágenes es evidente que muchos de esos manifestantes ya no están en edad de estudiar en una escuela normal: de los 176 detenidos, sólo diez eran menores de edad, los demás sobrepasan los 18 años), lo que ocasionó violentos enfrentamientos, en buena parte del estado y sobre todo en Morelia, con la toma de las autopistas federales por parte de estos grupos. En realidad las manifestaciones y los bloqueos los está realizando la CNTE, que controla la Sección 18 y ya recibió apoyo de la Sección 22 de Oaxaca, que anunció el envío de cientos de manifestantes para luchar contra “la represión policial”.
En el Congreso, el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, ex candidato por ese partido al gobierno de esa entidad (quedó en tercer lugar), criticó duramente al gobierno local, porque “en lugar de reprimir a los delincuentes reprime”, dice Aureoles, “a los estudiantes”. Olvida en el camino que la administración previa, de Leonel Godoy, fue la que cobijó a los delincuentes, incluido un medio hermano del ex gobernador.
Pero lo mejor es ver por qué se está luchando, por qué se toman escuelas, son secuestrados autobuses y trailers; se roban supermercados y se toman casetas de peaje: los maestros de la CNTE y los estudiantes de las normales rurales en ese estado lo que no quieren es que haya cambios en el programa curricular, no quieren, en otras palabras, aprender nada nuevo. El eje de sus luchas pasa por dos temas: no quieren que les enseñen inglés ni tampoco informática. Su argumento es que ellos no lo necesitan y que sus alumnos menos: que como son alumnos pobres en zonas deprimidas, no tienen necesidad de ese tipo de enseñanza. Ya no se trata sólo de no evaluarse, de no evaluar a sus alumnos, de rechazar los acuerdos por la calidad de la educación sino, lisa y llanamente, de negarse a aprender y enseñar, de utilizar el más absurdo y demagógico de los argumentos para confirmar que, desde la óptica de estos grupos, si se nace pobre se debe seguir pobre, para seguir insistiendo en que, para ellos, movilizar es enseñar. Necesitan manifestantes, no ciudadanos.
Me parece terrible lo que hacen estos grupos pero, por otra parte, y ante la ceguera profesional que se profesa ante sus acciones en algunos ámbitos, me parece excelente que sean tan explícitos, tan claros en su visión de las cosas: luchan, se movilizan, roban, secuestran, se enfrentan con la autoridad porque no quieren aprender inglés, no quieren aprender informática y no quieren que sus alumnos aprendan ni una ni otra cosa. Es casi lo mismo que plantean los capos de la Nueva Jerusalén: ¿para qué estudiar ciencias, matemáticas, español, historia, si ellos ya le enseñan a sus hijos religión, aunque sea desde su muy peculiar interpretación?
Pero en el fondo hay otra cosa: el gobierno de Michoacán está a punto de quebrar. A pesar de los esfuerzos y el pedido de ayuda de la administración entrante de Fausto Vallejo, el endeudamiento dejado por Leonel Godoy y los compromisos financieros que asumió, incluido el mantenimiento de todos estos grupos que ahora se movilizan, tienen al estado al borde de la quiebra. En estos días, ese desastre financiero se dará a conocer en forma pública, abierta y el gobierno local quiere comenzar a tomar medidas contra quienes hayan sido responsables. Hay que crear entonces una cortina de humo, hay que incendiar la entidad y, en todo caso, decir que las acciones en contra de la anterior administración son una venganza: por eso la radicalización, la violencia, las amenazas, las reacciones en el Congreso. La debacle financiera es el clavo que faltaba en el ataúd en que convirtió Leonel Godoy su gobierno. Algo bueno hubo, sin embargo: por las adecuaciones constitucionales aprobadas, la administración de Godoy apenas duró cuatro años. En seis, quién sabe hasta dónde hubiera llegado el deterioro.

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