Jorge Fernández Menéndez
Soy de los que está convencido de la
necesidad de la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados. Con
sus insuficiencias y necesarios ajustes, el mercado laboral requiere
adaptarse a la realidad y a las demandas de trabajo de la sociedad.
Necesita, también, regular prácticas que ahora se han convertido
habituales, pero que subsisten y se desarrollan fuera de cualquier marco
legal.
Con la minuta en el Senado, el PAN ha planteado modificar cuatro capítulos de lo aprobado en la Cámara de Diputados que buscan ampliar los espacios de la democracia sindical, estableciendo, básicamente, el voto libre y secreto de los agremiados a distintos sindicatos. Muchos sindicatos ya tienen esos mecanismos, entre ellos el SNTE o en otro ámbito los telefonistas, pero otros no; en forma muy destacada, los de la CTM y dentro de ella, el sindicato petrolero. El tema es controversial y pudo, incluso, ser aprobado en la Cámara de Diputados, si no fuera porque, quien se suponía uno de los impulsores de esa medida, el grupo de René Bejarano, decidió, primero, tomar las tribunas y luego abandonar el salón de sesiones, impidiendo así que hubiera mayoría para una propuesta que supuestamente impulsaban. Uno sabe que los designios del Señor de las ligas son siempre inescrutables.
Con la minuta ya en el Senado, el PAN quiere impulsar junto con el frente de izquierda la reforma de esos cuatro artículos. En términos hipotéticos podrían alcanzar una mayoría de aproximadamente 66 votos contra 62 para aprobarla. La reforma, entonces, tendría que regresar a la Cámara de Diputados con una enmienda que estableciera que lo que sólo se discutiría en San Lázaro serían esos cuatro capítulos, entendiendo que en lo demás existe acuerdo. Lo que sucedería después en la Cámara de origen entra en un amplio espectro de posibilidades: desde que sea aprobada la enmienda, hasta que se termine enviando la iniciativa a la congeladora.
Se ha dicho en forma insistente, y no es nada descabellado insistir en ello, que no tiene sentido una alianza del PAN con el PRD para poner obstáculos a una reforma que le permitiría sacar a Felipe Calderón una iniciativa preferente que, además, fue durante años uno de sus objetivos. Y en ese sentido es verdad. Pero lo que debería evaluarse es que la reforma laboral, a un mes de terminar su mandato, no dice absolutamente nada para el gobierno de Felipe Calderón. La reforma laboral será útil para la administración de Enrique Peña Nieto, será el instrumento a partir del cual podrá modificar la situación del mercado del trabajo, un reclamo largamente pedido por la iniciativa privada. Entonces es el PRI, y en ese sentido el Presidente electo, el que tiene que evaluar qué quiere hacer con la reforma laboral, hasta dónde quiere o no sacrificar esa reforma o qué costos está dispuesto a pagar para sacarla adelante.
Se puede o no estar de acuerdo con la agenda de libertad sindical que propone el PAN, pero ellos están jugando su carta para esa reforma (recordemos que lo que están planteando es lo que propuso el propio Calderón en la iniciativa preferente) y también para su propio perfil opositor en el futuro. Incluso, sobre el tipo de relación que establecerán con el nuevo gobierno federal y con el PRI. No es nada diferente a lo que hizo el PRI en los últimos 12 años. Recordemos, por ejemplo, que el tricolor presentó en la pasada legislatura una iniciativa de reforma laboral, que incluso tuvo el apoyo explícito del PAN, pero que el PRI decidió congelar para que no interfiriera en sus tiempos electorales. Estaba en su derecho, aunque con ello frenara una reforma que era parte de su agenda. Ahora el PAN está planteando los capítulos de su propia agenda que quiere colocar en esa reforma y está también en su derecho a hacerlo.
En última instancia, como en otros temas, esta reforma y otros temas relacionados, por ejemplo con la seguridad o con la reforma energética, son decisiones que tiene que tomar el PRI en torno a como será la administración de Peña Nieto. Son costos o beneficios que deberá absorber la nueva administración: no es verdad que el empeño del PAN, si logra la alianza con el PRD y el resto del frente progresista, nos dejará sin reforma laboral. Si el próximo Presidente y su partido desean sacarla adelante, lo harán porque están en condiciones de hacerlo: sólo tienen que decidir si quieren esa reforma abarcando el capítulo de la llamada democracia sindical o no.
Es la primera de las muchísimas decisiones que tendrá que tomar el nuevo gobierno. Y las decisiones siempre generan costos y beneficios. Hay que asumirlos unos y otros.
Con la minuta en el Senado, el PAN ha planteado modificar cuatro capítulos de lo aprobado en la Cámara de Diputados que buscan ampliar los espacios de la democracia sindical, estableciendo, básicamente, el voto libre y secreto de los agremiados a distintos sindicatos. Muchos sindicatos ya tienen esos mecanismos, entre ellos el SNTE o en otro ámbito los telefonistas, pero otros no; en forma muy destacada, los de la CTM y dentro de ella, el sindicato petrolero. El tema es controversial y pudo, incluso, ser aprobado en la Cámara de Diputados, si no fuera porque, quien se suponía uno de los impulsores de esa medida, el grupo de René Bejarano, decidió, primero, tomar las tribunas y luego abandonar el salón de sesiones, impidiendo así que hubiera mayoría para una propuesta que supuestamente impulsaban. Uno sabe que los designios del Señor de las ligas son siempre inescrutables.
Con la minuta ya en el Senado, el PAN quiere impulsar junto con el frente de izquierda la reforma de esos cuatro artículos. En términos hipotéticos podrían alcanzar una mayoría de aproximadamente 66 votos contra 62 para aprobarla. La reforma, entonces, tendría que regresar a la Cámara de Diputados con una enmienda que estableciera que lo que sólo se discutiría en San Lázaro serían esos cuatro capítulos, entendiendo que en lo demás existe acuerdo. Lo que sucedería después en la Cámara de origen entra en un amplio espectro de posibilidades: desde que sea aprobada la enmienda, hasta que se termine enviando la iniciativa a la congeladora.
Se ha dicho en forma insistente, y no es nada descabellado insistir en ello, que no tiene sentido una alianza del PAN con el PRD para poner obstáculos a una reforma que le permitiría sacar a Felipe Calderón una iniciativa preferente que, además, fue durante años uno de sus objetivos. Y en ese sentido es verdad. Pero lo que debería evaluarse es que la reforma laboral, a un mes de terminar su mandato, no dice absolutamente nada para el gobierno de Felipe Calderón. La reforma laboral será útil para la administración de Enrique Peña Nieto, será el instrumento a partir del cual podrá modificar la situación del mercado del trabajo, un reclamo largamente pedido por la iniciativa privada. Entonces es el PRI, y en ese sentido el Presidente electo, el que tiene que evaluar qué quiere hacer con la reforma laboral, hasta dónde quiere o no sacrificar esa reforma o qué costos está dispuesto a pagar para sacarla adelante.
Se puede o no estar de acuerdo con la agenda de libertad sindical que propone el PAN, pero ellos están jugando su carta para esa reforma (recordemos que lo que están planteando es lo que propuso el propio Calderón en la iniciativa preferente) y también para su propio perfil opositor en el futuro. Incluso, sobre el tipo de relación que establecerán con el nuevo gobierno federal y con el PRI. No es nada diferente a lo que hizo el PRI en los últimos 12 años. Recordemos, por ejemplo, que el tricolor presentó en la pasada legislatura una iniciativa de reforma laboral, que incluso tuvo el apoyo explícito del PAN, pero que el PRI decidió congelar para que no interfiriera en sus tiempos electorales. Estaba en su derecho, aunque con ello frenara una reforma que era parte de su agenda. Ahora el PAN está planteando los capítulos de su propia agenda que quiere colocar en esa reforma y está también en su derecho a hacerlo.
En última instancia, como en otros temas, esta reforma y otros temas relacionados, por ejemplo con la seguridad o con la reforma energética, son decisiones que tiene que tomar el PRI en torno a como será la administración de Peña Nieto. Son costos o beneficios que deberá absorber la nueva administración: no es verdad que el empeño del PAN, si logra la alianza con el PRD y el resto del frente progresista, nos dejará sin reforma laboral. Si el próximo Presidente y su partido desean sacarla adelante, lo harán porque están en condiciones de hacerlo: sólo tienen que decidir si quieren esa reforma abarcando el capítulo de la llamada democracia sindical o no.
Es la primera de las muchísimas decisiones que tendrá que tomar el nuevo gobierno. Y las decisiones siempre generan costos y beneficios. Hay que asumirlos unos y otros.
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