Hay muchas lecciones que aprender del asesinato del joven José Eduardo Moreira.
Se ha dicho lo obvio hasta el hartazgo: que la justicia es para los
poderosos influyentes. Pero en esta ocasión nos encontramos con la
oportunidad de aprender algo nuevo: las investigaciones oportunas sí
funcionan en México; esa es una buena noticia. Y me explico.
Sabemos muy bien que José Eduardo a pesar de ser funcionario público de
su tío el Gobernador, viajaba en una camioneta normal sin chofer o
escolta. También se ha hecho público que su asistente le llamó antes de
que lo asesinaran y él le confirmó el nombre del policía con el que se
reuniría. Nadie de su entorno le dijo que no fuera solo a ver policías,
nadie imaginó que alguien se atrevería a tocar al hijo de la Casta
Divina de Coahuila, a pesar de las cifras de desapariciones, asesinatos y
secuestros de la región.
Es decir al hijo del ex Gobernador le sucedió lo que a cientos de miles
de personas, pensó que las cosas malas les suceden a "los otros", como
si todas y todos no fuésemos parte de un colectivo humano que se
reconoce sólo en la otredad.
Sabemos ya que unas horas después del asesinato llegó a Coahuila un
grupo de trabajo con autoridades estatales y federales tras los
responsables. Participaron Victoria Pacheco, subprocuradora de la PGR;
el General Luis Arturo Oliversen, Jefe del Estado Mayor Presidencial de
la Sedena; el Almirante José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor
General de la Armada de México. También el director general del CISEN
Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario
de SSPF Luis Cárdenas Palomino, con el Comandante de la Novena Región
Militar, el General Noé Sandoval.
Unas horas más tarde la fiscalía ya había interrogado a 39 policías de
Acuña, donde sucedió el asesinato. Les aplicaron exámenes toxicológicos y
tests psicológicos, se les interrogó sin tortura (había demasiados
testigos presentes) Veinticuatro horas después la Fiscalía nos informó
que tenía certeza de un grupo policiaco quien entregó al joven a "los
Zetas". Tienen bajo arraigo a siete elementos, incluido Rodolfo García
el subdirector que lo citó antes de que apareciera muerto.
Ya el Procurador de Coahuila, Homero Ramos declaró que cree en la
vinculación del asesinato del joven con el enfrentamiento de fuerzas
policiales con la delincuencia organizada que se produjo la misma
mañana, donde asesinaron al sobrino del líder del cartel de "Los Zetas",
Miguel Ángel Treviño Morales, (a) "Z40″. Hasta allí esto parece un
capítulo de la serie CSI México.
Mientras esta sorprendente (por su efectividad) investigación se da en
el norte del país, sin duda la región más golpeada por la violencia
homicida, feminicida, de secuestros y desapariciones forzadas, miles de
familias coahuilenses observan con azoro e indignación.
El azoro es porque por primera vez en mucho tiempo un grupo
multidisciplinario de agentes de todos los niveles (que tienen una gran
desconfianza entre ellos) se unen forzando a sus pares a hacer las cosas
con transparencia y efectividad. Una fuente al interior de CISEN me
reporta que todos miran a todos para que no vayan a inventarse un
culpable. Esto por el perfil que tiene la familia Moreira, de la cual
tanto la PFP como PGR (SIEDO) y el CISEN desconfían. Y no son los
únicos, la joven viuda de Moreira Jr. culpabiliza al Gobernador de la
inseguridad en el Estado. Ella, según sus allegados creyó que su esposo
estaba seguro porque el Gobernador les aseguró que él tenía la seguridad
bajo control, que eran intocables.
Pero nadie en la familia Moreira contaba con que un operativo rompiera
la paz y los acuerdos de intocabilidad. Cada vez que en un operativo se
asesina a probables delincuentes, los cárteles arremeten contra la
sociedad, la mayoría de las veces contra inocentes sin fama ni poder.
Entre las lecciones tenemos hay dos que yo rescato: la primera es que un
trabajo de investigación coordinado sí funciona si se lleva a cabo en
las primeras 12 horas luego del crimen. La segunda es que tienen razón
las miles de familias de Coahuila que con indicios parecidos a los de
este caso, exigen que las desapariciones, asesinatos o secuestros de sus
familiares se esclarezcan, y que se utilicen las mismas estrategias que
nos demostró la autoridad, sí funcionan. Todo México hace eco de la
exigencia de la familias, también le damos la razón a la viuda: los
gobernadores son responsables de la inseguridad, por omisión o
complicidad, de eso no hay duda. Porque se ha reiterado: si no pueden,
que renuncien, para eso les pagamos.
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