MARTIN FELDSTEIN
CAMBRIDGE – Ya que las
elecciones en Estados Unidos se celebran en menos de seis semanas, este
es el momento de pensar seriamente en lo que se hará con el lío fiscal
de la nación después de las mismas. Independientemente de quién gane, ya
no se puede posponer el abordaje de este problema.
Los
estadounidenses se centran de manera correcta en el “precipicio fiscal”
que se avecina a inicios de 2013, momento en el que, según la
legislación vigente, prácticamente todos los impuestos van a elevarse,
succionando más del 3% del PIB de los hogares y empresas. Además, el año
2013 los recortes automáticos en el gasto público destinado a programas
de defensa y a los programas no relacionados con la defensa restarán
casi otro 1% del PIB y porcentajes similares en los años próximos. La
Oficina de Presupuestos del Congreso advierte que caer por el precipicio
fiscal empujaría a la economía estadounidense a una recesión grave (a serious recession) el próximo año.
Y
el precipicio fiscal es únicamente una parte del problema que se debe
resolver. El mayor problema que tiene Estados Unidos es su enorme
déficit fiscal: en la actualidad este déficit representa alrededor del
7% del PIB y se pronostica que crecerá rápidamente en los próximos
decenios a medida que envejezca la población y aumenten los costos de
los desembolsos públicos destinados para la asistencia sanitaria
ofrecida por los “programas de prestaciones” que benefician a adultos
mayores de clase media. Aunque los políticos tanto de izquierda como de
derecha reconocen que se debe enlentecer el crecimiento de estos
programas para evitar déficits fiscales masivos o aumentos de impuestos
muy grandes; es poco probable que dicho crecimiento se enlentezca la
suficientemente como para evitar que se eleve el ratio nacional
deuda/PIB.
Por lo tanto,
la consolidación fiscal requiere tanto de ingresos adicionales como de
un menor crecimiento en el gasto en prestaciones. El desafío que
enfrentarán los políticos de Estados Unidos después de las elecciones
será encontrar una forma políticamente aceptable de recaudar ingresos
sin que se menoscaben los incentivos y el crecimiento económico. La
tarea se hace más compleja debido al gran número de legisladores que
insisten en que el déficit debe reducirse únicamente a través de
recortes del gasto público.
A
pesar de que nadie puede estar seguro de cómo se resolverá este
problema complejo, esta es la mejor conjetura que puedo hacer: poco
después de las elecciones, el Congreso de EE.UU. votará para posponer el
precipicio fiscal por alrededor de seis meses para dar tiempo a fin de
que se elabore una solución legislativa aceptable. Esa solución
implicará enlentecer el crecimiento de los beneficios de jubilación del
Seguro Social para los futuros jubilados de ingresos medianos y altos.
Mitt Romney, el candidato republicano, ha propuesto explícitamente esto,
y el presidente Barack Obama manifestó su apoyo a este tipo de enfoque
en el año 2009, antes de que volcar su atención hacia la atención
sanitaria.
El problema más
difícil que se enfrentará será cómo aumentar los ingresos. La clave
será centrarse en las muchas disposiciones especiales del código de
impuestos que equivalen a gastos públicos. Si compro un coche híbrido,
instalo un panel solar en mi casa, o actualizo mi calefón de agua
cambiándolo por uno más eficiente, obtengo un crédito fiscal. Y si
compro una casa más grande o simplemente aumento el tamaño de mi
hipoteca, recibo una deducción mayor que reduce mi ingreso gravable,
reduciendo el importe de impuestos que debo pagar. No obstante que el
gobierno no me da dinero, estas exenciones tributarias especiales no se
pueden considerar como algo inferior a lo que se considera como “gasto
público” cuando el gobierno me envió un cheque de reembolso impositivo.
Estas
disposiciones se denominan de manera correcta como “gastos
tributarios”, porque describen al gasto público que se produce mediante
la aplicación del código tributario. La eliminación o reducción de estos
gastos tributarios, por lo tanto, debe ser vista como un recorte del
gasto público. Aunque el efecto es elevar los ingresos, el mismo es
únicamente de una convencionalidad contable. El efecto económico fundamental es la reducción del gasto público.
Así
que la clave para aumentar los ingresos es reducir los gastos
tributarios, utilizar algunos de los ingresos obtenidos para reducir las
tasas impositivas, y dedicar el resto a reducir los déficits futuros.
Quienes se oponen a los aumentos de impuestos deben entender esto,
porque tal recaudación de ingresos es en realidad un recorte del gasto
público, este recorte no implica los efectos de incentivos adversos que
ocurren cuando se aumentan las tasas impositivas marginales.
Pero
incluso si se puede superar de esta manera la objeción intelectual a
los ingresos extras, el problema político práctico es que cada gasto
tributario grande – como por ejemplo, la deducción del ingreso gravable
del monto de intereses pagados por hipotecas de vivienda, la exclusión
de los pagos del empleador por seguro médico, etc. – tiene sus
fervientes defensores.
Así
que aquí presento una idea que podría funcionar políticamente: dejemos
que todos los contribuyentes mantengan sus gastos tributarios actuales,
pero limitemos el monto total por el cual cada contribuyente pueda reducir su deuda tributaria, mediante el uso de esta forma de reducción.
He
explorado la idea de “imponer límites máximos” (en inglés “capping”) al
beneficio que las personas pueden obtener mediante el uso de un límite
porcentual relacionado a su ingreso total (a su “ingreso bruto ajustado”
o AGI (por su nombre en inglés “adjusted gross income”) en la jerga
tributaria de EE.UU.). La aplicación de un límite máximo del 2% al
beneficio total que una persona pueda recibir a través de gastos
tributarios tendría un efecto muy poderoso. No se limitaría el monto de
las deducciones y exclusiones a un 2% del ingreso bruto ajustado, sino
que limitaría la reducción tributaria resultante – es decir, el
beneficio tributario – que la persona obtiene mediante el uso de todas
estas disposiciones especiales. Para una persona con una tasa impositiva
marginal del 15%, un límite del 2% de su “AGI” limitaría el total de
deducciones y exclusiones aproximadamente a un del 13% del ingreso bruto
ajustado.
Este límite
máximo tendría un impacto significativo en las perspectivas fiscales.
Incluso si el límite se aplica sólo a las “deducciones que son
detalladas por ítems” y a la exclusión del seguro médico, se podría
recaudar unos 250 miles de millones de dólares en el primer año y
alrededor de $ 3 millones de millones de dólares durante la primera
década.
Hay muchas
opciones en el diseño de dicha política. La tasa del límite máximo
podría ser mayor, o podría iniciarse en un nivel más alto y ser reducida
gradualmente, o podría variar según el nivel de ingresos de una
persona. Pero el atractivo económico y político de un límite máximo
consiste en su capacidad de obtener ingresos importantes sin eliminar
gastos tributarios específicos.
Reparar
el problema fiscal de Estados Unidos va a ser tan difícil como
importante. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento de los
beneficios del Seguro Social y la imposición de límites máximos a los
gastos tributarios totales se podría constituir en un buen marco para la
reforma que se avecina.
1 comentario:
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