¿De verdad quiere Peña combatir la corrupción?. Leo Zuckermann

El viernes pasado decía que la iniciativa de Enrique Peña Nieto de crear una Comisión Nacional Anticorrupción parecía más cosmética. Una de las razones para sustentar mi argumento es que el órgano propuesto no estaba facultado para procesar penalmente a los presuntos responsables de actos de corrupción, sino que tenía que darle vista al Ministerio Público federal o estatales. Argüía que si el Presidente electo de verdad quería combatir la corrupción debía crear una fiscalía autónoma con capacidad de investigar, acusar y procesar penalmente a funcionarios corruptos de los gobiernos federal, estatales y municipales. Pues resulta que dicha fiscalía ya fue aprobada por el Senado en la Legislatura pasada. Falta que la aprueben la Cámara de Diputados y la mitad de las legislaturas locales. He ahí, entonces, lo que tendría que hacer Peña si quiere combatir la corrupción: convencer a los diputados federales y locales del PRI de aprobar dicha fiscalía.


En marzo de este año, el Senado aprobó una reforma que adiciona el apartado C del artículo 102 de la Constitución para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Lavado de Dinero. De acuerdo con lo aprobado por los senadores, dicho órgano tendría autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Le correspondería “la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita”. Los perseguiría “de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos”.
Para efectos prácticos, la fiscalía sería un tipo de Ministerio Público especializado que tendría las siguientes facultades: “Solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir los procesos que la ley determine”.
En el proyecto aprobado por los senadores, el fiscal Nacional sería designado por el Senado “con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes”. Duraría ocho años en su cargo y podría ser reelecto por una sola vez. Sería removido de sus funciones por una mayoría también de dos terceras partes del Senado.
En marzo, el Senado también aprobó “la creación del Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, que incluye los Registros de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionalmente autónomos, al cual tendrá acceso sin restricción alguna la Fiscalía Nacional contra la Corrupción”.
Dicha reforma constitucional se envió a la Cámara de Diputados desde abril de este año. La minuta se turnó a las comisiones respectivas para su opinión y dictamen. Para efectos prácticos, sin embargo, la congelaron. Ahí está, esperando que la dictaminen y voten los diputados. De hecho, antes de discutir y votar la iniciativa de Peña que introdujo el PRI en el Senado, lo correcto sería atender esta reforma constitucional que viene de la pasada Legislatura. Así lo pidió la senadora panista Laura Rojas a principios de este mes sin que nadie le respondiera.
Peña Nieto ahora presenta una nueva propuesta de Comisión Nacional Anticorrupción con mucho menos fuerza que la fiscalía aprobada por los senadores en marzo. Una de dos. O el Presidente electo desconocía, como el que escribe, que ya el Senado había aprobado una reforma constitucional de fondo con una fiscalía autónoma con capacidad de investigar, perseguir y procesar a presuntos funcionarios públicos corruptos de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes y de los órganos autónomos. O Peña sí conocía este proyecto y prefirió proponer una comisioncita, más dependiente de él y sin dientes jurídicos, que simplemente sustituya a la fallida Secretaría de la Función Pública. Si es lo primero, pues el próximo Presidente todavía está a tiempo de corregir el error. Si es lo segundo, pues Peña estaría reconociendo, en los hechos, que su propuesta es efectivamente cosmética y que no va en serio su promesa de combatir la corrupción.