La impunidad genera impunidad y a su vez la
alimenta. Esta semana, las autoridades de Michoacán se desistieron de
las acusaciones en contra de los 176 estudiantes detenidos en la
recuperación de las escuelas normales rurales, que llevaban tomadas
semanas por esos mismo grupos. Dentro de las instalaciones de dichas
escuelas estaban los camiones, tráilers y carros secuestrados por estos
jóvenes quienes, además, bloqueaban carreteras, tomaban casetas de
peaje, robaban supermercados y tráilers con alimentos, refrescos y
cerveza. Cuando se recuperaron las instalaciones, los estudiantes
quemaron los camiones, carros y tráilers. Más tarde, pidiendo la
libertad de los detenidos, volvieron a bloquear calles y ocupar
edificios, incluida la Secretaría de Educación local y la sede de
algunos municipios, con una abierta participación de la Sección 18 de la
CNTE. Llegaron en apoyo maestros de la Sección 22 de Oaxaca e incluso
el Ejército Popular Revolucionario envió un comunicado amenazando con
represalias por esas detenciones. Los 176 detenidos quedaron en apenas
ocho y, unos días después, a pesar de que el gobernador Fausto Vallejo
dijo, con razón, que esa era una protesta preparada para desestabilizar
al estado y que no habría marcha atrás en el proceso contra los
detenidos, todos terminaron en libertad.
No sólo eso: su demanda de no aceptar el programa curricular de formación, de no aprender ni enseñar inglés o computación, sino purepecha y actividades tradicionales, también fue aceptada. Como la lógica de pedir y conceder se generalizó, ahora también los normalistas rurales quieren que les den computadoras y sobre todo iPads (¿para qué, si no quieren estudiar informática?), muebles y hasta colchones nuevos. Todo indica que también en eso se saldrán con la suya.
Pero la impunidad genera el ansia de emularla. Junto con el conflicto de las normales rurales había estallado el de La Nueva Jerusalén, cuando un grupo religioso fundamentalista destruyó la escuela de la comunidad e impidió que los niños del lugar pudieran ir a clases. Según ellos, sólo se puede enseñar religión y por supuesto únicamente desde su muy peculiar visión de la misma. El responsable de la destrucción de la escuela Vicente Guerrero, acusado de muchos otros delitos a lo largo de los últimos años, es un señor que se llama Cruz Cárdenas. Fue detenido hace unas semanas, pero un juez decidió que podría salir en libertad bajo fianza: debe pagar poco más de siete millones de pesos por la misma. Ahora, el líder de la comunidad religiosa, otro señor que se hace llamar Martín de Tours, y quien asegura que tiene una comunicación personal con la Virgen del Rosario, hizo que un grupo de mujeres, armadas con palos y cadenas, expulsara de la comunidad a los pocos policías estatales que protegían la escuela destruida y a los pobladores que no coinciden con la línea religiosa hegemónica y que quieren, vaya pecado, que sus hijos estudien. Según Martín de Tours, la Virgen le ordenó que desalojen y expulsen a los policías, pero, de paso, también que cada familia de la comunidad aporte tres mil pesos en efectivo para juntar la fianza que le dé la libertad a Cruz Cárdenas, lo que ocurrirá de un momento a otro.
Al mismo tiempo, en un par de comunidades rurales, como la de Cherán, donde existe una fuerte presencia de grupos como el EPR, además de organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios (también presentes en La Nueva Jerusalén) y La Familia Michoacana, han decidido formar sus propios cuerpos de seguridad y establecer sus mecanismos de aplicación de la ley, una ley que también han diseñado a su medida. Y otra vez, no pasa nada. Como tampoco pasa nada, en medio de esa ola desestabilizadora, con las irregularidades cometidas durante la administración de Leonel Godoy, con malos manejos que superan los 30 mil millones de pesos. La impunidad, decíamos, reproduce impunidad y la convierte en norma para toda una sociedad.
Un crimen castigado
El asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, ya lo habíamos dicho en este espacio hace meses, era un caso atípico entre las agresiones que han sufrido comunicadores por parte de las autoridades o los grupos del crimen organizado en distintos puntos del país: no era una periodista que cubriera temas relacionados con delincuencia o inseguridad y tampoco tenía, aparentemente, enemigos políticos. Ahora sabemos que Regina fue asesinada por dos sujetos que supuestamente eran amigos suyos, que fueron a su casa a tomar unas cervezas, pero en realidad con la intención de robarle. En ese trance fue ahorcada y asesinada. Uno de los responsables fue presentado por la Procuraduría veracruzana el martes, el otro está identificado, pero continúa prófugo. Ahora se debe hacer justicia con los asesinos.
No sólo eso: su demanda de no aceptar el programa curricular de formación, de no aprender ni enseñar inglés o computación, sino purepecha y actividades tradicionales, también fue aceptada. Como la lógica de pedir y conceder se generalizó, ahora también los normalistas rurales quieren que les den computadoras y sobre todo iPads (¿para qué, si no quieren estudiar informática?), muebles y hasta colchones nuevos. Todo indica que también en eso se saldrán con la suya.
Pero la impunidad genera el ansia de emularla. Junto con el conflicto de las normales rurales había estallado el de La Nueva Jerusalén, cuando un grupo religioso fundamentalista destruyó la escuela de la comunidad e impidió que los niños del lugar pudieran ir a clases. Según ellos, sólo se puede enseñar religión y por supuesto únicamente desde su muy peculiar visión de la misma. El responsable de la destrucción de la escuela Vicente Guerrero, acusado de muchos otros delitos a lo largo de los últimos años, es un señor que se llama Cruz Cárdenas. Fue detenido hace unas semanas, pero un juez decidió que podría salir en libertad bajo fianza: debe pagar poco más de siete millones de pesos por la misma. Ahora, el líder de la comunidad religiosa, otro señor que se hace llamar Martín de Tours, y quien asegura que tiene una comunicación personal con la Virgen del Rosario, hizo que un grupo de mujeres, armadas con palos y cadenas, expulsara de la comunidad a los pocos policías estatales que protegían la escuela destruida y a los pobladores que no coinciden con la línea religiosa hegemónica y que quieren, vaya pecado, que sus hijos estudien. Según Martín de Tours, la Virgen le ordenó que desalojen y expulsen a los policías, pero, de paso, también que cada familia de la comunidad aporte tres mil pesos en efectivo para juntar la fianza que le dé la libertad a Cruz Cárdenas, lo que ocurrirá de un momento a otro.
Al mismo tiempo, en un par de comunidades rurales, como la de Cherán, donde existe una fuerte presencia de grupos como el EPR, además de organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios (también presentes en La Nueva Jerusalén) y La Familia Michoacana, han decidido formar sus propios cuerpos de seguridad y establecer sus mecanismos de aplicación de la ley, una ley que también han diseñado a su medida. Y otra vez, no pasa nada. Como tampoco pasa nada, en medio de esa ola desestabilizadora, con las irregularidades cometidas durante la administración de Leonel Godoy, con malos manejos que superan los 30 mil millones de pesos. La impunidad, decíamos, reproduce impunidad y la convierte en norma para toda una sociedad.
Un crimen castigado
El asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, ya lo habíamos dicho en este espacio hace meses, era un caso atípico entre las agresiones que han sufrido comunicadores por parte de las autoridades o los grupos del crimen organizado en distintos puntos del país: no era una periodista que cubriera temas relacionados con delincuencia o inseguridad y tampoco tenía, aparentemente, enemigos políticos. Ahora sabemos que Regina fue asesinada por dos sujetos que supuestamente eran amigos suyos, que fueron a su casa a tomar unas cervezas, pero en realidad con la intención de robarle. En ese trance fue ahorcada y asesinada. Uno de los responsables fue presentado por la Procuraduría veracruzana el martes, el otro está identificado, pero continúa prófugo. Ahora se debe hacer justicia con los asesinos.
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