26 noviembre, 2012

La transición y sus señales

La transición y sus señales

Roberto Gil Zuarth*
El largo periodo de transición entre dos administraciones —circunstancia atípica mexicana— sirve, entre otras cosas, para allanar el arribo del nuevo gobierno. Tiempo para la aproximación a los asuntos en marcha y para la identificación de los pendientes. Pero su propósito no es meramente informativo. La transición está llamada a ser un espacio para la toma de decisiones, de quien se va y de quien llega. Para el Presidente saliente es oportunidad para avanzar en ciertas agendas, en particular en aquellas que resultan incómodas en función de los intereses opuestos, tal y como sucedió recientemente con la reforma laboral y la de contabilidad gubernamental. Para el Presidente entrante es recurso para diluir compromisos y evadir costos, pero también para definir los rieles sobre los cuales pretende que marche su gobierno.

 
El presidente Calderón cerrará su gobierno con reformas por mucho tiempo diferidas y con una transición en paz y cooperativa. El gobierno saliente supo leer sus circunstancias: la segunda alternancia debilitaba los incentivos del PRI a la obstrucción y la constitución aportaba un instrumento —la iniciativa preferente— para provocar deliberaciones votadas. Como resultado, el Presidente entrante contará con un mejor marco legal para generar empleos y promover la responsabilidad financiera de estados y municipios, marco que, por cierto, el PRI le negó al presidente Calderón a lo largo de toda su gestión. Esas reformas de fin de sexenio son muestra plástica de que el problema de muchas decisiones no fue la supuesta incapacidad del gobierno para negociar las agendas, sino la indisposición de la oposición para construirlas. Y es que lo único que ha cambiado en estos meses es que el PRI ya no necesita hacer oposición para ser gobierno.
El próximo presidente, Peña Nieto, abrirá su gobierno con una reorganización de la administración pública federal y con el debate sobre los mecanismos para ensanchar la transparencia y combatir la corrupción. La agenda plasmada en sus iniciativas responde a un propósito, legítimo y explicable, de definir prioridades de su gobierno. Pero su contenido da cuenta de la visión del poder y de los instrumentos que entiende necesarios para enfrentar sus desafíos. Son los detalles los que revelan los alcances de los diagnósticos y las premisas de las soluciones. Para el nuevo gobierno, el IFAI debe ser una autoridad con autonomía constitucional y alcance nacional, pero cuyas decisiones deben ser revisadas y sus titulares nombrados por el Presidente. A su juicio, el combate a la corrupción necesita un órgano constitucional colegiado con facultades sancionatorias y alcance, directo o subsidiario, a todos los ámbitos y órdenes de gobierno, pero designado directamente por el Ejecutivo y sin la potestad de ejercer acción penal directa, es decir, sujeto al arbitrio del Ejecutivo. En el diagnóstico del gobierno entrante el problema de seguridad es de coordinación política, por lo que otorga al secretario de Gobernación y al primero en la línea de sucesión en caso de ausencia del Presidente, el mando sobre una fuerza civil (la Policía Federal) y, además, sobre una corporación militarizada en cuanto a reclutamiento y disciplina (la Gendarmería), sin proponer nuevos controles democráticos a esa relevantísima concentración de poder coactivo y sin mecanismos de arbitraje imparcial entre las distintas agencias que participan en la función de seguridad. También, la nueva administración entiende que para recuperar eficacia en la gestión de gobierno necesita retomar el control de las “plazas de confianza”, específicamente las direcciones generales y generales adjuntas y, por tanto, propone expropiarlas del régimen del servicio profesional de carrera, lo cual revela la trasnochada idea del gobierno como botín de los inquilinos sexenales (sorprende una evidente contradicción: en la iniciativa sobre corrupción, el PRI y el PVEM afirman que la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 2003 que ahora pretenden desmantelar, es un instrumento para combatir “el amiguismo, el compadrazgo y la gestión política del personal” como modalidades de corrupción).
La transición sirve para preparar los cauces del trasvase de poder. Pero las primeras señales son preocupantes: o los diagnósticos están extraviados o las soluciones son erráticas. Transición inútil, salvo, claro está, las reformas concretadas por el presidente que se va.

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