El inspector general del Departamento de Justicia (DOJ) hizo público esta semana el esperado informe sobre el escándalo del transporte de armas de la Operación Rápido y Furioso. Este señaló la culminación de los 19 meses de investigación sobre la operación, que permitió que nada menos que 2,000 armas de fuego “viajasen” a México, donde se distribuyeron a los cárteles de la droga.La operación, supervisada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), saltó al primer plano de la atención pública cuando se encontraron algunas de esas armas cerca del cuerpo del agente de la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos Brian Terry, muerto en acto de servicio junto a la frontera de Arizona con México.
Tanto los congresistas republicanos, que de forma obstinada han llevado a cabo acusaciones de mala práctica contra los más altos niveles del Departamento de Justicia, como los responsables de la administración han afirmado que esto confirma sus distintos relatos del escándalo.
Aunque el procurador general Eric Holder ha sido casi totalmente exonerado de responsabilidad en el escándalo (el informe respalda su afirmación de que no conoció la operación hasta que había acabado), su aparente falta de conocimiento es problemática en sí misma, como observa en un nuevo informe el analista de la Fundación Heritage John Malcolm, antiguo alto cargo de la división de delitos del DOJ:
Es impactante concebir que el procurador general de Estados Unidos no fuera consciente de las tácticas empleadas en una operación que duró meses y que tuvo como resultado las muertes de un agente federal y de…aproximadamente 300 mexicanos. Como mínimo, asumiendo que eso es verdad, el procurador general estuvo mal asesorado por algunos de sus más cercanos consejeros, así como por algunos miembros de la fiscalía de Phoenix. El informe…urge a que Holder “decida si una sanción u otra medida administrativa…es necesaria”. Algunas de estas personas deberían ser sancionadas, por no decir despedidas.El informe del inspector general tiene una longitud de cerca de 500 páginas, por lo que hemos extraído las cinco revelaciones principales que Ud. necesita saber:
1. El informe señala a los principales cargo del Departamento de Justicia por un caso de mala práctica.
“Concluimos que el subjefe de gabinete del procurador general, el subjefe interino del jefe de gabinete y los responsables de la División de Delitos no alertaron al procurador general de una información significativa o de fallas en esas investigaciones”, establece el informe.
El informe culpa a 14 altos cargos de varias infracciones, la mayoría por no investigar adecuadamente la posibilidad de que se estuvieran utilizando tácticas inapropiadas. Desde la publicación del informe, Kenneth Melson, director en funciones de la ATF y el ayudante interino del procurador general Jason Weinstein han dimitido.
2. El informe parece contradecir el testimonio bajo juramento del procurador general Eric Holder.
“He visto esas declaraciones juradas”, comentó en junio Holder al representante Ben Quayle (R-AZ), refiriéndose a los documentos que detallan las peticiones de escuchas telefónicas de la ATF. “No hay nada en esas declaraciones juradas que he revisado que indique que se permitió el transporte de las armas”.
Citando el informe del inspector general, Quayle afirma que Holder “me mintió…en la cara” con esa declaración. El informe indica que esas declaraciones juradas “describían incidentes específicos que sugerirían a un fiscal que estuviese centrado en la cuestión de las tácticas de investigación, que la ATF estaba empleando una estrategia de no interceptar armas o de no arrestar a conocidos testaferros”.
Aunque el informe no afirma que Holder engañase al Congreso, sí dice que esas declaraciones juradas sugerían que el transporte de armas tuvo lugar. Holder dice que leyó esas declaraciones juradas y que no sugerían tal cosa. Si el inspector general tiene razón, ambas afirmaciones son ciertas: o Holder no revisó las declaraciones juradas o no fue veraz sobre sus contenidos.
3. El informe culpa a altos cargos del Departamento de Justicia por no responder adecuadamente al asesinato de un agente de control de fronteras americano.
El 14 de diciembre de 2010, el agente de la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos Brian Terry fue asesinado en un tiroteo con miembros del cártel cerca de la frontera de Arizona con México. Y se hallaron armas de fuego perteneciente a la Operación Rápido y Furioso en la escena del crimen.
Altos cargos del Departamento de Justicia, incluido el jefe de gabinete de Holder, Gary Grindler, no tomaron las medidas oportunas al constatar la conexión entre el incidente y la operación de transporte de armas de la ATF, afirma el inspector general:
Ni la [Oficina del procurador general] ni la [Oficina del viceprocurador general] tomaron las medias apropiadas tras comprender que las armas de fuego halladas en la escena [del asesinato de Terry] estaban conectadas con la operación. Creemos que se requería una respuesta enérgica a dicha información, incluida una rápida notificación del procurador general y una apropiada indagación de la ATF y de la Oficina del procurador general de Estados Unidos. Sin embargo, encontramos que los altos cargos que eran conscientes de esta información, incluido Grindler, no tomaron ningún tipo de medida.
4. La Casa Blanca rehusó desvelar cualquier comunicación interna al inspector general.
“La Casa Blanca no nos proporcionó ninguna comunicación interna propia”, afirma el informe, “indicando que ‘la Casa Blanca está más allá del ámbito de la Oficina del inspector general, que tiene jurisdicción sobre los programas y el personal del Departamento de Justicia’”.
El inspector general Michael Horowitz no pudo investigar las comunicaciones de la Casa Blanca con la ATF respecto a la Operación Rápido y Furioso. Horowitz le comentó al Comité de Reforma del Gobierno y de Supervisión de la Cámara que su oficina “no consiguió las comunicaciones internas provenientes de la Casa Blanca y la falta de voluntad de Kevin O’Reilly [el entonces responsable de Seguridad Nacional de la Casa Blanca] para informarnos hizo imposible que siguiéramos esa faceta del caso y la cuestión que había sido planteada”.
5. El informe no considera como prueba el que un alto cargo del DOJ supiera que el Departamento engañó al Congreso.
El senador Charles Grassley (R-IA), que ha dirigido la investigación por parte del Senado de la Operación Rápido y Furioso, afirma que el inspector general cometió un “error de hecho” al concluir que el ayudante del procurador general Lanny Breuer, que encabeza la división de delitos del Departamento, estaba en su mayor parte excluido de la elaboración una carta del 4 de febrero de 2011 y enviada al Congreso negando cualquier conocimiento de la táctica del transporte de armas. El DOJ retiró posteriormente esa carta cuando unos documentos internos mostraron que sus altos cargos habían engañado al Congreso acerca de su conocimiento sobre dichas tácticas.
“Hallamos que Breuer no tenía participación directa en la elaboración, edición o aprobación de la imprecisa carta del Departamento enviada el 4 de febrero al senador Grassley”, dictaminó el inspector general. Pero los correos electrónicos internos del DOJ revelan que Breuer sí vio la carta de febrero antes de que fuera enviada al Congreso y de hecho, él personalmente rubricó uno de los borradores. “Como siempre, un gran trabajo”, le dijo a uno de los autores de la carta.
¿Por qué es importante todo esto?
La Operación Rápido y Furioso es de lejos el escándalo más serio que haya golpeado al Departamento de Justicia. Pero hay otros sucesos problemáticos que han sucedido durante el mandato de Holder. Estos incluyen los equivocados pleitos contra Texas y Carolina del Sur en relación a las leyes de identificación del votante, una investigación en curso del estatuto de Pensilvania y campañas legales montadas en contra de los estados que intentan asegurar sus fronteras frente a la inmigración ilegal.
El analista de la Fundación Heritage Hans von Spakovsky, que trabajó en el Departamento de Justicia como consejero de derechos civiles del ayudante del procurador general, documentó el año pasado en una serie de 11 partes la politización de la contratación en el Departamento de Justicia: una prueba de progresismo irrefutable para todos los nuevos fiscales de carrera. Esto expuso la burda agenda política de Holder y sus ayudantes. Ahora, el informe sobre la Operación Rápido y Furioso suscita aún más preocupación en torno al liderazgo y capacidad de juicio de Holder.
“Para los veteranos del Departamento, se trata de otra prueba de cuán bajo ha caído la profesionalidad y la competencia de la que una vez fuera la gran agencia responsable del cumplimiento de la ley”, comenta von Spakovsky para National Review Online. “Y muestra exactamente cuán peligroso puede ser el DOJ cuando se usa mal y se abusa de su poder”.
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