¿Por qué es cosmética la Comisión Anticorrupción de Peña?. Leo Zuckermann

La corrupción es hija de la impunidad. Si un funcionario público roba es porque sabe que es muy poco probable que lo agarren, que se vea obligado a reparar el daño patrimonial al Estado y que termine tras las rejas. Por eso creo que no hay mejor manera de combatir este flagelo que meter a la cárcel a los servidores públicos corruptos y también a los que los corrompen. Sobre todo a los “peces gordos”, porque eso manda un mensaje muy poderoso a todo al aparato gubernamental: “el que la hace, la paga, incluidos aquellos que se creían intocables”.


Partamos, entonces, de la premisa de que la mejor herramienta para combatir la corrupción es tener una organización del Estado capaz de investigar, acusar y procesar a aquellos funcionarios corruptos. Si aceptamos esta premisa, pues la solución que propone Peña no arregla nada de lo que actualmente tenemos. ¿Por qué?
De acuerdo con la iniciativa que envió el Presidente electo al Senado, si la Comisión Nacional Anticorrupción encuentra un caso de corrupción, tendrá que dar vista al Ministerio Público (MP), ya sea federal o estatal, para que éste persiga el delito penal. Es exactamente lo mismo que hoy ocurre con la Secretaría de la Función Pública. Cuando encuentra un acto de corrupción en el gobierno federal, da vista al MP federal. MP que depende del procurador general de la República, que a su vez depende del Presidente. Lo que ha sucedido es que ahí es donde se congelan los casos. ¿Cuántos funcionarios públicos están en la cárcel por corruptos? De los llamados “peces gordos”, ni uno.
Supongamos que se aprueba la propuesta de Peña. La Comisión Anticorrupción encuentra que un “pez gordo”, un secretario de Estado por ejemplo, realizó un desfalco al erario. La Comisión da vista al MP, quien va a ir a preguntarle al procurador qué hacer. El procurador acudirá al Presidente quien, en última instancia, decidirá si se persigue judicialmente o no a uno de sus colaboradores, con todo lo que eso implica políticamente hablando. Igual dice que sí, igual que no. Todo dependerá de una decisión discrecional del jefe del Ejecutivo. ¿Ganamos algo con respecto a lo que tenemos hoy? No.
Lo mismo si la Comisión da vista a un MP estatal, quien solicitará instrucciones al procurador del estado, quien acudirá al gobernador a recibir órdenes. A menos, desde luego, que el involucrado sea el mismísimo gobernador, quien tendrá que ser indiciado por un procurador que él nombró. ¿Se imagina usted esta situación?
Si Peña de verdad quiere combatir la corrupción debería promover la autonomía del Ministerio Público del Ejecutivo federal y obligar, en la Constitución, a que los estados asuman este mismo esquema. O si no quiere darle autonomía a toda la Procuraduría, pues que cree una fiscalía autónoma anticorrupción con capacidad de investigar, acusar y procesar penalmente a funcionarios corruptos de los tres niveles de gobierno. Ese sí que sería un cambio de fondo, no cosmético como el que está proponiendo.
Otro punto que me lleva a pensar que esto es más cosmético es la propuesta de Peña sobre el nombramiento de los cinco comisionados. Quiere que sea el Presidente el que los designe pero que el Senado o la Comisión Permanente tengan la posibilidad de objetarlos por una mayoría calificada de dos terceras partes. Pues está muy cómodo para Peña porque el PRI cuenta con 41% de los legisladores, lo cual quiere decir que los priistas tienen los votos necesarios para evitar que los demás partidos objeten sus nombramientos.
Otra vez, si de verdad Peña quiere una institución con comisionados que no sean sus empleados, pues que la objeción senatorial sea por una mayoría simple (51%) del Senado o la Comisión Permanente. Recordemos que el PAN con la izquierda tienen 52% de la Cámara alta. Una alianza así podría objetar los comisionados propuestos por el Presidente, quien, ante este escenario, se vería obligado a negociarlos con otros partidos diferentes del suyo. El resultado sería una Comisión que no le debería su lealtad política al Presidente y su partido.
Si se toman en cuenta estos dos factores —que la Comisión no pueda indiciar directamente a los presuntos responsables de actos fraudulentos y que el Senado sólo pueda objetar a los comisionados con una mayoría de dos terceras partes —lo que tenemos es un cambio más cosmético en el combate a la corrupción. Una reforma diseñada para que el PRI pueda presumir de que sí está haciendo algo para resolver una práctica que está vinculada con la imagen de ese partido. Porque las encuestas demuestran que, cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal atributo del PRI, la mayoría responde “corrupción”.