Ecuador: Inflación legislativa

por Gabriela Calderón de Burgos
Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
En la asamblea se reparten tierras, se decide dónde podemos fumar y qué podemos fumar, quiénes deberán pagar más o menos impuestos y quiénes recibirán lo recaudado por el fisco, incluso hasta qué se hará con el cuerpo de las personas que en vida no expresaron qué deseaban como destino para sus órganos, tejidos y células. Los asambleístas tienen el poder de afectar directamente aspectos así de íntimos y cruciales en nuestras vidas. Mucha gente considera que el Estado es responsable de todo. “¡¿Cómo no va a haber una ley para prohibir/regular/controlar/dirigir/fomentar esto?!” Como se considera que a todo problema corresponde una ley, muchos países —el nuestro incluido— han llegado a padecer de lo que el abogado italiano Bruno Leoni denominó “inflación legislativa”.



No se trata de cuestionar la existencia del Estado o de las leyes. Desde una perspectiva liberal, el Estado se constituye para proteger —no conceder— “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Solo quiero recordar que para la mayoría de problemas colectivos hay soluciones alternativas y superiores a la legislación. A lo largo de la historia los seres humanos se han organizado de manera espontánea no solo para participar en intercambios voluntarios en el mercado sino también para formar familias, asociaciones, clubs, comités de barrio, etc. Estos tipos de organizaciones espontáneas han ido descubriendo normas de comportamiento que son generalmente aceptadas.
El verdadero problema, decía Montesquieu, es que “las leyes innecesarias debilitan las necesarias”.
Leoni considera que un principio que parece haber sido olvidado actualmente es aquel presente en los Evangelios e incluso antes de eso en la filosofía de Confucio: “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. Si nuestros asambleístas tendrían en cuenta este principio al momento de legislar, tal vez contendrían la mayoría de sus impulsos de legislar cualquier cosa que se mueve y se eliminaría una gran cantidad de leyes que en lugar de resolver problemas existentes los complican o crean nuevos. En otras palabras, los asambleístas pueden ser tan productivos que le dificultan al resto de los mortales serlo.
Además, es más fácil que la gran mayoría de individuos en una sociedad logre un acuerdo acerca de una ley que castigue el asesinato, a que estas mismas personas se pongan de acuerdo en torno a qué teoría de la creación del mundo se le debe enseñar a los niños en las escuelas. Volviendo al principio de Confucio, a los asambleístas –quienes también tienen propiedades y negocios propios— no les gustaría que se apruebe una ley que les confisque alrededor de la mitad de sus utilidades anuales. Sin embargo, la semana pasada solamente 5 asambleístas de 124 votaron en contra de algo que no les gustaría que les hagan a ellos.
Leoni dice que “Tanto los romanos como los ingleses compartieron la idea de que la ley es algo que se debe descubrir más bien que promulgar, y que nadie debe ser tan poderoso en su sociedad como para poder identificar su propia voluntad con la ley del país”. Considerando esto, en lugar de juzgar a los asambleístas por cuántas veces hablaron, llenaron el puesto o presentaron propuestas, deberíamos juzgarlos por: “¿Cuántas veces utilizaron su poder para proteger los derechos individuales —la propiedad privada incluida?”