EE.UU.: Las leyes de inmigración y el Estado de Derecho

por Alex Nowrasteh
Alex Nowrasteh es analista de políticas de inmigración del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
A raíz de la derrota de Mitt Romney, varios conservadores están reconsiderando su oposición a la reforma migratoria. Sean Hannity dijo que su posición sobre este tema había "evolucionado" y John Boehner (Republicano de Ohio) quiere resolverlo en el congreso en 2013. Pero todavía tendrán que superar una gran cantidad de argumentos malos en contra de la reforma migratoria.


Un argumento particularmente malo y común en los círculos conservadores, que lo han utilizado desde el gobernador de Mississippi Phil Bryant hasta el columnista e intelectual Thomas Sowell, se centra en cómo la reforma migratoria viola el Estado de Derecho.
Este argumento generalmente es algo así: "El Estado de Derecho es uno de los principios más importantes sobre los que EE.UU. fue fundado. Cuando los inmigrantes y los estadounidenses violan nuestras leyes de inmigración, se rompe el Estado de Derecho y se perturban los fundamentos de nuestra sociedad. Por lo tanto estas leyes deben ser aplicadas".
Este argumento fracasa por múltiples razones.
El Estado de Derecho tiene poco que ver con que el gobierno aplique las leyes de inmigración. El Estado de Derecho significa que los legisladores, los jueces y los individuos están sujetos a las mismas leyes. Relacionado a esto, y resaltado por filósofos políticos como F.A. Hayek, está la idea de que las leyes y su aplicación deben ser previsibles para que las personas puedan planificar sus vidas dentro de un régimen jurídico estable. Las leyes no deben ser arbitrarias y deben ser consistentes con nuestras tradiciones que han fomentado una sociedad abierta, y tan libre como sea posible de acciones discrecionales por parte del gobierno.
Las leyes de inmigración caen muy por debajo de estos estándares. Nuestras leyes de inmigración son complejas y dan a los burócratas del gobierno que las administran un poder arbitrario. Las mismas leyes socavan el Estado de Derecho.
La mayoría de las empresas que solicitan una visa de trabajo tienen que lidiar con estándares de solicitud arbitrarios y cambiantes. Por ejemplo, los cambios de regulaciones estatales para agilizar las visas de trabajo se adoptaron en los últimos días de la administración Bush. La administración Obama, después de asumir el cargo, cambió porciones de esas regulaciones para satisfacer las demandas sindicales. ¿Quién sabe qué regulaciones cambiarán el próximo año o el año después?
Si el Estado de Derecho requiere de previsibilidad para que las personas puedan planificar su vida, el sistema de inmigración fracasa en este aspecto. La adhesión a este sistema complejo y en constante cambio no contribuye al Estado de Derecho.
Otras partes de la ley de inmigración sufren del mismo problema. Las recientes acciones diferidas para algunos inmigrantes no autorizados son solo el último ejemplo. El aplazamiento, apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del presidente Obama, fue sin duda un paso positivo para los estadounidenses y los inmigrantes no autorizados que han crecido en EE.UU. Contrario a lo que dicen sus opositores, el aplazamiento también fue legal, pero eso no significa que se adhiere al imperio de la ley.
El aplazamiento es temporal, solo dos años, y es renovable, pero no garantizado. El aplazamiento es un bienvenido alivio de nuestras injustas políticas migratorias, pero hace que las leyes de inmigración sean aún más arbitrarias, caprichosas e inviables.
Matthew Kolken, un abogado de inmigración, recientemente pidió precaución extrema cuando se pretende pedir un aplazamiento. "La mayoría de la gente simplemente no entiende las complejidades de las leyes de inmigración", afirmó. "Lo único que puedo decir con absoluta certeza es que usted va a necesitar un abogado de inmigración en el momento en que esta administración determine que usted es una prioridad al momento de aplicar la ley".
La acción de aplazamiento del DHS ha puesto de manifiesto cuán restrictiva, injusta e imprevisible es nuestra ley de inmigración, pero la crítica de las acciones del gobierno en este caso es injustificada. La ira de los opositores debería dirigirse a las leyes existentes que han hecho de esta acción el mejor uso posible de la discreción administrativa y de la fiscalía.
Decir que una ley debe ser ejecutada solo porque es la ley es uno de los argumentos menos convincentes a favor de redoblar nuestros esfuerzos para hacer cumplir las leyes actuales de inmigración. Desafortunadamente, este argumento es omnipresente en los debates sobre inmigración. Cuando las leyes son malas, debemos cambiarlas en lugar de seguirlas ciegamente sin importar las consecuencias.
La creación de un ambiente en el que impere el Estado de Derecho en el contexto de la ley de inmigración requiere la derogación de la gran mayoría de las leyes que regulan la inmigración. A pesar de que leyes de inmigración más restrictivas podrían satisfacer algunas de las condiciones del Estado de Derecho, estas serían contrarias a nuestras tradiciones como una sociedad libre. La prioridad del gobierno debería ser establecer una ley sólida y justa que sea consistente con nuestras tradiciones pro-inmigración, en lugar de tratar de hacer cumplir la confusa normativa existente.