Francisco Garfias
El caso Roberto Gil abrió la libreta de quejas. Fue
acusado de recibir sobornos por 800 mil
En el PAN andan alborotados. Mucho Pacto por
México, pero los traen a pedradas. Hay voces muy azules que se quejan de
que a la política de colaboración que impulsa el jefe nacional del
partido, Gustavo Madero, el PRI-gobierno responde con un golpeteo sistemático.
“Nos quieren partir la madre. Nos tenemos que defender. El que tenga algo indebido, que lo pague. Lo que no se vale es difamación y calumnia, por un lado, y Pacto por el otro”, protestó Alejandro Zapata, integrante del Consejo rector del Pacto por México.
El caso Roberto Gil abrió la libreta de quejas. Fue acusado por la señora Talía Vázquez, ex funcionaria de la Segob, de recibir sobornos por 800 mil dólares a cambio de gestionar permiso para un casino en Querétaro que ni siquiera se abrió.
La señora no presentó pruebas. Puros dichos. Fue suficiente para que se armara un escándalo de horario triple A.
Los azules están convencidos de que el gobierno federal tiene que ver con la campaña que ha enlodado el nombre del otrora secretario particular de Felipe Calderón. Se preguntan por qué le dieron todas facilidades a Televisa para entrar al penal federal de alta seguridad de Matamoros a entrevistar a Juan Iván Peña Neder, vinculado a lo que algunos medios llaman “la mafia calderonista de Gobernación”.
Peña Neder, ex coordinador de asesores del otrora subsecretario de Gobernación, Abraham González, estuvo casado con Talía Vázquez. Fue ella quien lo acusó de violación tumultuaria. Por eso está encarcelado en Matamoros.
Lo extraño aquí es que el caso se abrió en Michoacán. La violación es un delito del fuero común. Nadie sabe los motivos ni qué alta autoridad ordenó su traslado al penal de Matamoros. No hay explicación oficial, pero fue declarado “reo de alta peligrosidad”.
El escándalo fue tema en la plenaria que los senadores del PAN celebraron en Puebla. Sabemos que algunos le pidieron a Madero replantear las relaciones con el gobierno federal. El jefe nacional está molesto por los ataques, pero descartó romper el pacto.
■A Leticia Zepeda Contreras, esposa del general Tomás Ángeles Dauahare, le cayó muy mal el auto de formal prisión que un tribunal federal de Guanajuato le confirmó a su marido y a otros oficiales del Ejército, por considerar que hay elementos suficientes que los vinculan con el cártel de los Beltrán Leyva.
“Me tambalea, pero no me tumba”, precisó la esposa del otrora subsecretario de la Defensa, en charla telefónica con el reportero.
La señora Dauahare ya se lo esperaba. Ricardo Sánchez, abogado del general, se lo había adelantado.
“La confirmación se hizo con base en el expediente manoseado, lleno de mentiras, que un MP de la SIEDO, creo que se llama José Francisco Rubio, envió al tribunal de Guanajuato. El recibió órdenes. Es parte del juego sucio”, manifestó.
La señora nos dijo que el abogado ya interpuso un amparo. Eso la mantiene optimista, a pesar de la resolución del Quinto Tribunal Unitario del Circuito del Centro.
“No hay nada sustentado. Todo es de oídas. Son dichos de ese testigo estrella que llaman Jennifer”, nos dijo.
El cambio de gobierno le hace concebir esperanzas de que su marido, quien lleva ocho meses encerrado, saldrá libre pronto. Los comentarios y la actitud de la procuraduría son otros, subraya.
■La semana pasada le dimos espacio a las quejas sobre el sistema electrónico de votación en la Cámara de Diputados. Fue instalado apenas en agosto pasado, al final de la pasada legislatura. El costo fue de 92 millones de pesos.
Los inconformes nos dicen que falla con frecuencia, que tiene botones de sputnik, que no cabe una cuartilla.
En San Lázaro nos contactaron para completar la información. No niegan que el sistema es feo, que los pupitres son pequeños, que a veces hay confusión y fallas. Pero nos dieron otro dato interesante. Han detectado diputados que inventan fallas en el sistema para justificar que no votan. ¡Viva México, señores!
■Francisco de Jesús de Silva es el nuevo secretario de administración de la Cámara de Diputados. Ocupa el lugar que dejó vacante Ramón Zamanillo. Emilio Chuayffet se llevó al político potosino a la SEP. Lo nombró director general de Ciencia y Tecnología.
■Jesús Ortega nos invitó a la presentación de la revista El Punto sobre la I, el próximo 24 de enero, en el hotel Hilton Alameda. “Va dirigida a los ciudadanos que se identifican con los demócratas de izquierda”, destacó el ex dirigente nacional del PRD.
“Nos quieren partir la madre. Nos tenemos que defender. El que tenga algo indebido, que lo pague. Lo que no se vale es difamación y calumnia, por un lado, y Pacto por el otro”, protestó Alejandro Zapata, integrante del Consejo rector del Pacto por México.
El caso Roberto Gil abrió la libreta de quejas. Fue acusado por la señora Talía Vázquez, ex funcionaria de la Segob, de recibir sobornos por 800 mil dólares a cambio de gestionar permiso para un casino en Querétaro que ni siquiera se abrió.
La señora no presentó pruebas. Puros dichos. Fue suficiente para que se armara un escándalo de horario triple A.
Los azules están convencidos de que el gobierno federal tiene que ver con la campaña que ha enlodado el nombre del otrora secretario particular de Felipe Calderón. Se preguntan por qué le dieron todas facilidades a Televisa para entrar al penal federal de alta seguridad de Matamoros a entrevistar a Juan Iván Peña Neder, vinculado a lo que algunos medios llaman “la mafia calderonista de Gobernación”.
Peña Neder, ex coordinador de asesores del otrora subsecretario de Gobernación, Abraham González, estuvo casado con Talía Vázquez. Fue ella quien lo acusó de violación tumultuaria. Por eso está encarcelado en Matamoros.
Lo extraño aquí es que el caso se abrió en Michoacán. La violación es un delito del fuero común. Nadie sabe los motivos ni qué alta autoridad ordenó su traslado al penal de Matamoros. No hay explicación oficial, pero fue declarado “reo de alta peligrosidad”.
El escándalo fue tema en la plenaria que los senadores del PAN celebraron en Puebla. Sabemos que algunos le pidieron a Madero replantear las relaciones con el gobierno federal. El jefe nacional está molesto por los ataques, pero descartó romper el pacto.
■A Leticia Zepeda Contreras, esposa del general Tomás Ángeles Dauahare, le cayó muy mal el auto de formal prisión que un tribunal federal de Guanajuato le confirmó a su marido y a otros oficiales del Ejército, por considerar que hay elementos suficientes que los vinculan con el cártel de los Beltrán Leyva.
“Me tambalea, pero no me tumba”, precisó la esposa del otrora subsecretario de la Defensa, en charla telefónica con el reportero.
La señora Dauahare ya se lo esperaba. Ricardo Sánchez, abogado del general, se lo había adelantado.
“La confirmación se hizo con base en el expediente manoseado, lleno de mentiras, que un MP de la SIEDO, creo que se llama José Francisco Rubio, envió al tribunal de Guanajuato. El recibió órdenes. Es parte del juego sucio”, manifestó.
La señora nos dijo que el abogado ya interpuso un amparo. Eso la mantiene optimista, a pesar de la resolución del Quinto Tribunal Unitario del Circuito del Centro.
“No hay nada sustentado. Todo es de oídas. Son dichos de ese testigo estrella que llaman Jennifer”, nos dijo.
El cambio de gobierno le hace concebir esperanzas de que su marido, quien lleva ocho meses encerrado, saldrá libre pronto. Los comentarios y la actitud de la procuraduría son otros, subraya.
■La semana pasada le dimos espacio a las quejas sobre el sistema electrónico de votación en la Cámara de Diputados. Fue instalado apenas en agosto pasado, al final de la pasada legislatura. El costo fue de 92 millones de pesos.
Los inconformes nos dicen que falla con frecuencia, que tiene botones de sputnik, que no cabe una cuartilla.
En San Lázaro nos contactaron para completar la información. No niegan que el sistema es feo, que los pupitres son pequeños, que a veces hay confusión y fallas. Pero nos dieron otro dato interesante. Han detectado diputados que inventan fallas en el sistema para justificar que no votan. ¡Viva México, señores!
■Francisco de Jesús de Silva es el nuevo secretario de administración de la Cámara de Diputados. Ocupa el lugar que dejó vacante Ramón Zamanillo. Emilio Chuayffet se llevó al político potosino a la SEP. Lo nombró director general de Ciencia y Tecnología.
■Jesús Ortega nos invitó a la presentación de la revista El Punto sobre la I, el próximo 24 de enero, en el hotel Hilton Alameda. “Va dirigida a los ciudadanos que se identifican con los demócratas de izquierda”, destacó el ex dirigente nacional del PRD.
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