Reformas “aquimichú”

Martín Moreno

Muy pocos rechazarían la aprobación de reformas inaplazables para el país. Urgen esos cambios. Sin embargo, algo no está funcionando en la operación política del gobierno federal que oscila entre reformas impugnadas legalmente y leyes inconstitucionales e improvisadas. El síndrome del “aquimichú” (dos pasitos pa’delante, otros tantos para atrás) se atisba y plantea riesgos políticos y jurídicos.


Hay dos puntos que nada más no empatan: el acuerdo y el reglamento. Una cosa es alcanzar pactos entre el gobierno en el poder y los partidos —piedra angular de la política— y otra, muy diferente, es aterrizar en leyes eficaces esos acuerdos políticos.
Por su naturaleza, al PRI le está costando mucho trabajo entender que las leyes ya no se definen únicamente entre el Ejecutivo, los hombres del Presidente y los líderes o dirigentes afines a ellos. Ya no más. Esa fórmula les funcionó —para bien o para mal—, durante 71 años, pero hoy, ya es inviable, inoperante y, sobre todo, antidemocrático, volver a las épocas de las reformas surgidas de una élite gobernante, sin necesidad de consultar a partidos, ciudadanos o grupos sociales. Y volver a esa práctica sería el primer paso para reinstaurar a la dictadura política.
Y no se trata de percepciones. Allí están las realidades:
-En sólo diez días se presentaron alrededor de… ¡un millón de amparos colectivos e individuales por las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo! Se estima que serán más de dos millones los recursos legales interpuestos contra la reforma laboral. No es un escenario que se deba minimizar.
Los amparos contra la reforma laboral los impulsan, hasta ahora, más de 40 sindicatos y organizaciones sociales. Entre ellos se encuentran los de telefonistas, del Seguro Social y del gobierno del DF, que son agrupaciones poderosas política y económicamente. No son sindicatos menores. Unidos, son de fuerza considerable.
-En Tlaxcala inició la cadena de amparos en contra de otra reforma: la educativa. Diez mil profesores los presentaron. En el SNTE, la instrucción de Elba Esther Gordillo es que los 1.5 millones de maestros, quedarán amparados en contra de la reforma educativa. Por si ello no bastara, la CNTE realizó ayer marchas frente a la SCJN en protesta por las reformas aprobadas.
-Lo que menos se le ha dicho a la Ley General de Víctimas —aprobada al vapor y sin siquiera someterla a una revisión mínima para detectar sus carencias— es que es inconstitucional, inviable, sin dinero y burocratizadora. Casi nada. De la buena intención se pasó a la pésima instrumentación de una ley emanada precisamente de los reclamos de líderes sociales —Wallace, Morera, Martí—, los mismos que fueron desplazados justo en el momento clave: la promulgación de la ley para convertirla en una herramienta eficaz y realmente viable para las víctimas. Se privilegió el adorno político con el discurso ambigüo de Javier Sicilia, quien era el que menos había participado en la construcción de la ley y, por tanto, el más ignorante sobre cómo venía. Y allí está el resultado: una ley inviable.
Mientras el gobierno y el PRI no entiendan que los tiempos son otros y que las leyes y reformas ya no deben diseñarse entre unos cuantos, los errores seguirán, y el síndrome del “aquimichú” continuará obstaculizando el desarrollo del país.
Sí: la política es demasiado importante como para dejarla solamente en las manos de los políticos.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
DF VIOLENTO. El baño de sangre ocurrido en el DF el fin de semana —la PGJDF reconoció 18 asesinatos— enciende las alarmas de alerta, aunque no es nada nuevo: desde 2010, la Ciudad de México era considerada una de las más inseguras del país. Según cifras del ICESI, el DF es líder en cuanto a porcentaje de hogares con alguna víctima: 28%, por encima del Edomex (21%) y Chihuahua (16%). Y si el gobierno capitalino se ufana de que no son muertes vinculadas al crimen organizado, ello no compensa en nada la tragedia de quienes murieron al resistirse a ser asaltados o a ser victimados en cualquier parte de la ciudad. Y en el Edomex, la violencia sigue imparable: 11 ejecutados en las últimas horas.
SSPDF. La incorporación de Octavio Campos a la Dirección de Comunicación Social será, sin duda, una herramienta valiosa para la secretaría. Campos es uno de los comunicadores con mayor experiencia en áreas de seguridad. Por cierto: ¿quién es ese jefe de prensa que tiene como “costumbre” llevarse los teléfonos, aparatos o bienes de los lugares donde ha laborado, ya sea en grupos radiofónicos o en dependencias del gobierno capitalino? Por lo pronto, en esta secretaría, ya tomó nota la Contraloría.