Se abusó del amparo; ahora se modifica (¿para bien?)

Leo Zuckermann

Que el Estado promueva una mayor competencia económica en el país y ponga orden en sectores donde prevalece un desbarajuste. 

En México se abusó del juicio de amparo. Originalmente fue diseñado como un procedimiento constitucional para defender los derechos humanos contra posibles abusos de poder por parte de las autoridades. Pero muchos empresarios utilizaron este instrumento jurídico para hacer legal lo ilegal o evitar la acción de la justicia.

Hay muchos ejemplos. Recuerdo que un titular de la delegación Cuauhtémoc del DF, donde se encuentra la mayoría de los antros capitalinos, quiso un día poner orden en este sector. Muchos de los establecimientos no cumplían con las reglas, carecían de los permisos para operar e incluso vendían alcohol adulterado y drogas. El delegado, sin embargo, no los podía clausurar porque todos se encontraban amparados por el mismo juez. A la postre se encontró que los dueños de los antros extorsionaban a este funcionario judicial con información escandalosa sobre su vida privada. El hecho es que el delegado no pudo hacer absolutamente nada con los antros de su demarcación que, gracias al juicio de amparo, operaban con toda impunidad.

Pero no sólo empresarios de giros dudables han abusado del amparo en México. Grandes hombres de negocio, reconocidos en el mundo entero, con fortunas multimillonarias, han también utilizado este instrumento jurídico para proteger los intereses de sus empresas. La Comisión Federal de Competencia ha impuesto, por ejemplo, multas millonarias a Telmex por prácticas monopólicas. La telefónica, sin embargo, siempre se ha amparado, logrando la suspensión del acto de autoridad y ganando, así, tiempo. Y es que estos litigios se extienden por mucho tiempo (estamos hablando de años).

En fin, que ejemplos hay muchos de cómo se ha abusado del amparo. En 2009, sin embargo, el Constituyente Permanente aprobó una reforma constitucional a este juicio para comenzar a ordenarlo. Se removió la llamada “Fórmula Otero”. Antes, cuando un juez daba un amparo, dicho juicio sólo protegía al demandante. Sus efectos eran relativos, no universales. Si yo, por ejemplo, me amparaba en contra de un acto de autoridad por inconstitucional, y el juez me daba la razón, pues sólo yo podía gozar de la suspensión del acto. Con un amparo, el Poder Judicial sólo protegía al individuo, no a la sociedad entera. Ahora, gracias a la reforma constitucional, la sentencia puede aplicarse a todos los ciudadanos una vez que se otorguen cinco amparos en el mismo sentido.

Se trata de un buen cambio. Otro positivo es que se modificó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo. De esta forma, los ciudadanos pueden defender derechos sin estar involucrados personalmente en un caso. Gracias a eso, por ejemplo, la asociación Mexicanos Primeros interpuso esta semana una demanda de amparo para que el gobierno suspenda “pagos ilegales con recursos educativos”. La organización no gubernamental ha podido proceder así alegando un interés legítimo en la materia.

Eso en cuanto a la reforma constitucional. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la ley secundaria sobre el juicio de amparo que ya había sido aprobada por el Senado. Lo interesante de esta legislación es que impide que se suspenda el acto de autoridad para los llamados centros de vicios, casinos y sitios de juego, apuestas y sorteos. Esto ya empieza a limitar los abusos que se cometían con los amparos.

Pero lo que ha causado más controversia, y que finalmente se aprobó en una votación muy cerrada, es que ya no habrá la suspensión del acto de autoridad para todas las empresas que operan en sectores económicos concesionadas por el Estado (minas, compañías telefónicas, estaciones de radio y televisión, comercializadoras de gas, por ejemplo). Se trata de una herramienta fortísima para enfrentar a poderosos grupos de interés que ahora les dicen “poderes fácticos”.

Me parece correcto que el Estado limite los abusos del juicio de amparo. Pero eso, de ninguna forma, justifica que ahora el Estado abuse de estas reformas con fines políticos. Aquí de lo que se trata es de que el Estado promueva una mayor competencia económica en el país y ponga orden en sectores, como el de los antros y casinos, donde prevalece un desbarajuste