Anular la guerra contra las drogas

Autor: Mark Thornton

La opinión pública está ahora a favor de la legalización abierta de la marihuana con casi tres de cada cuatro adultos a favor de legalizar la marihuana médica. Estas cifras deberían continuar creciendo, porque las encuestas muestran un tipo de “efecto generación” en el que la gente no cambia de opinión al hacerse mayor. Algunas fueras eminentes y diversas, como Joycelyn Elders (Directora General de Salud Pública de Bill Clinton) y el reverendo Pat Robertson apoyan ahora abiertamente la legalización de la marihuana.


Idealmente, los libertarios quieren acabar con la guerra contra todas las drogas, completa e inmediatamente, pero en realidad eso solo pasará después de que se adopten los pasos iniciales. Colorado y Washington ya han dado algunos pasos para legalizar la marihuana. Sin duda otros estados les seguirán.
Por supuesto, la marihuana es aún ilegal en todas partes bajo el derecho federal. ¿Harán algo los federales con Colorado y Washington? Podéis apostar a que sí. Ya han anunciado sus intenciones de ir a por los cultivadores y distribuidores a gran escala. Afirman que no irán contra los consumidores, aunque solo se deba a la falta de recursos. Como dijo el presidente Obama: “Tenemos que freír peces más grandes”.
Sin embargo, no estéis tan seguros de que vuestro presidente os esté diciendo la verdad. El candidato Obama decía que la marihuana médica es un asunto estatal. Sin embargo, bajo el presidente Obama, se han producido redadas en dispensarios de marihuana médica cuatro veces más que bajo el presidente Bush. El gobierno también ha amenazado a terratenientes y bancos que tratan con dispensarios de marihuana.

Anulación

Los pueblos de Colorado y Washington en la práctica han anulado las leyes de drogas de EEUU en sus estados con respecto a la marihuana. La anulación se produce cuando un estado, por legislación o referéndum, invalida una ley federal que considera inconstitucional o dañina de alguna otra manera. Colorado y Washington han enviado un mensaje poderoso que tiene eco mucho más allá del mercado ilegal de la droga. Para un tratado completa de la teoría, historia e importancia vital de este tema, recomiendo el libro de Thomas E. Woods, Nullification: How to Resist Federal Tyranny in the 21st Century.
Además, los pueblos de Colorado y Washington están asimismo anulando en la práctica un tratado internacional sobre la prohibición de las drogas. Iniciada hace más de un siglo  la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas busca aplicar y monitorizar la prohibición de drogas ilegales.
En la práctica, los votantes de Colorado y Washington se han colocado a sí mismos ya sus estados en igual situación legal que los gobiernos nacionales e internacionales. Esto es importante porque si, gracias a la anulación, los gobiernos tienen que conseguir aceptación o al menos aquiescencia de gobiernos subsidiarios, en lugar de solo imponerles sus dictados, es más probable que actúen de una manera menos amenazante y dañina.
Por eso el gobierno federal afronta una alternativa difícil. Puede dejar en paz a la gente de Colorado y Washington y esperar que no se extienda el movimiento anulador o puede tratar de imponer su voluntad enviando los recursos policiales necesarios para empezar a detener cultivadores, vendedores e incluso consumidores.
Los dos estados están actualmente afrontando dificultades para construir un sistema regulado por el estado de producción, distribución y venta de marihuana, así como para establecer indicaciones para los sectores de la marihuana médica e industrial. No es sorprendente, porque, por naturaleza, los gobiernos a todos los niveles hacen un mal trabajo organizando lo que sea, especialmente si algo nuevo o diferente.
Parte de la dificultad de los estados es atribuible a la falta de voluntad del gobierno federal de mostrar su mano. El representante del estado Matt Shea dijo que “Las contradicciones constantes que vienen de esta administración [Obama] llevan a una cantidad masiva de incertidumbres”. Toda esta incertidumbre regulatoria es claramente mala para el desarrollo de mercados legalizados de marihuana.

La espada del estado

La prohibición de las drogas es la “espada del estado”. El estado debe estar dispuesto a utilizar fuerza contra sus ciudadanos y debe ocasionalmente demostrar su voluntad lesionando, arrestando, encarcelando e incluso matando a sus ciudadanos. La prohibición es el instrumento perfecto porque normalmente se usa contra minorías de las que se desconfía y gente pobre. Esos grupos tienen poca influencia política y son atraídos naturalmente a participar en mercados ilegales por la gran cantidad de dinero que manejan.
La guerra contra las drogas es literalmente una guerra callejera. Contrabandistas, vendedores de drogas y bandas callejeras (que hacen dinero vendido drogas) están armados hasta los dientes con armas de gran potencia. La policía contesta con ametralladoras, chalecos a prueba de balas y cascos, e incluso tanques. El daño colateral a gente inocente ha sido enorme.
Peter Andreas argumenta en Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America (2013) que la regulación y policía de mercados ilegales ha sido una fuerza motris importante en la creación y crecimiento del aparato del estado centralizado desde los tiempos coloniales: “Así que aunque guerra y bienestar se vean normalmente como los principales directores del gran gobierno, Smuggler Nation destaca otro motor: el aumento del tamaño, la presencia y los poderes coactivos del estado mediante la policía del contrabando” (p. 7).

La guerra contra las drogas ha llevado a la militarización de la policía, a un enorme aumento en el poder policial y a un sistema de prisiones con más de 2 millones de reclusos, una parte importante de los cuales están encarcelados debido a la prohibición y al contrabando. La guerra también ha llevado a una disminución importante de nuestros derechos constitucionales y a un aumento sustancial en lo que puede hacer la policía, los investigadores y el sistema judicial para limitar o infringir nuestros derechos.

Anulación por jurado

Si el gobierno federal sí interviene en Colorado y Washington, entonces la gente puede también recurrir a la anulación por jurado como solución legal. La anulación por jurado se produce cuando un jurado, después de una audiencia ante un tribunal, encuentra a un acusado no culpable, aunque crea que este realmente cometió el delito. La anulación por jurado puede producirse o bien cuando el jurado está en desacuerdo con la ley en cuestión o bien cree que no debería aplicarse en un caso concreto.
Por tanto, el pueblo puede invalidar una ley si los jurados aplican constantemente una anulación por jurado a la persecución de delitos basada en esa ley. Básicamente, si los jurados saben que tienen derecho a anular una ley y si muchos jurados consideran indeseable, injusta o inconstitucional dicha ley, entonces esta se ve derogada de facto.
Hay mucho debate sobre la anulación por jurado. Al Estado le gustaría ver prohibida la anulación por jurado, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. Sin este poder, se impide a los jurados conocer sus derechos en la mayoría de las jurisdicciones. El tribunal hace esto impidiendo a los abogados de la defensa explicar la anulación al jurado y dando instrucciones a los jurados que solo sugieren vagamente la posibilidad de anulación. Los jueces a menudo acosan a los jurados para que tomen sus decisiones basándose en las leyes establecidas por el estado, en lugar de si en se ha producido un delito real.
Por el contrario, algunos expertos legales apuntan que la anulación ha sido desde hace mucho un derecho de los jurados. Este derecho está apoyado en el derecho común y el precedente legal. El problema ha sido que no se ha  informado a los jurados de este derecho. Sin embargo, ha habido desarrollos que sugieren que la anulación por jurado está volviendo en la batalla contra el gran gobierno.
En 2012, New Hampshire aprobó una ley que permite a los abogados de la defensa a informar a los jurados de sus derechos de anulación. Es una buena señal, aunque no están claro a cuántos jurados se ha “informado” como consecuencia. El experto legal Timothy Lynch considera a la ley como una mejora, pero también que es demasiado débil para ser considerada como un remedio completo para los derechos de defensores y jurados.
J.D. Tuccille ha apuntado que ha habido un acusado aumento en el número de juicios con “jurado indeciso” en Estados Unidos y que las pruebas sugieren que el aumento es consecuencia de la anulación por jurado de facto. Si fuera así y el pueblo estuviera anulando leyes en grandes cantidades a lo largo del país (y no saben que tienen derecho a hacerlo) eso sería una muy buena señal. Significa que una cifra grande y creciente de estadounidenses reconocen que su gobierno y ciertas leyes son corruptos e inmorales y están dispuestos a ignorar las instrucciones de un juez al jurado.
Si los pueblos de Colorado y Washington utilizan sabiamente el poder de la anulación por jurado para proteger leyes que de otra manera tendrían que soportar consumidores, cultivadores y distribuidores, el gobierno federal se vería privado de su poder en esta área. Además, esas situaciones divulgarían las noticias acerca del poder de anulación por jurado y restableceríamos por fin un antídoto poderoso contra el gran gobierno invasivo.