Bolivia: el ocaso de la democracia cortesana

Bolivia: el ocaso de la democracia cortesana

Por Ramiro Calasich G.

-“Para que la Democracia levante vuelo, primero tiene que echar raíces”-

¿De dónde viene este caudillo, arrogante y carismático, con el verbo dudoso y enardecido, con su prédica tóxica, sus amenazas apocalípticas y sus promesas infringidas? ¿De dónde viene aquel de la conspiración oscura, de la trampa y la emboscada, de la exaltación de la virtud de la intriga? ¿De dónde viene el opositor, armado de crítica áspera y de ambición encendida, esperanzado en su turno de medrar del mismo poder, bajo nuevas banderas raídas? ¿De dónde venimos todos, soberanos de una Democracia que no conocemos y a la que sólo recurrimos para saciar algún apetito roñoso? ¿De dónde? ¡Del pasado!

A diferencia de la liturgia oficial, ruidosa en pompa y discurso, en Bolivia no asistimos a ningún proceso de cambio que abra las puertas al esquivo progreso; todo lo contrario. El régimen político actual, expresado en el gobierno y la oposición, concentra todos los vicios de una cultura política pseudo-democrática, cuyas raíces se hunden en polvorientas prácticas coloniales, y que nos persigue, como fantasma penitente, desde 1825.

Convertido en extravagante máquina del tiempo, el gobierno de Evo Morales ha enfilado rumbo seguro; su norte, el pasado. En sus manos, las más abyectas y vetustas prácticas políticas se persiguen, remiendan y reproducen, acompasadas por ideologías esotéricas y despiadadas. La oposición, conservadora y estéril, se muestra melancólica, mascullando el ensueño de la restauración. El saldo provoca desaliento: el presente parece ser sólo una tradición que continuar, jamás un futuro a realizar. 

Antes que revivir el pasado, por interés timador o por afán depravado, hay que tener la entereza de asimilarlo, con sus luces y sombras, pues es la única manera de trascenderlo, de una vez.

La democracia cortesana

Del seno de la Real Audiencia de Charcas, Bolivia nació a la vida independiente como un Estado republicano, asentado en los pilares de la Democracia Representativa. Sin embargo, si en apariencia Bolivia daba sus primeros pasos a la sombra de postulados liberales, su consolidación estaba lejos de realizarse.

Al nacer, la economía se caracterizaba por la coexistencia de dos formas de producción, una precapitalisla –la más importante-, expresada en el latifundio, la comunidad campesino-indígena y los talleres artesanales; y otra capitalista, hondamente embrionaria, vinculada a la producción minera y a los talleres textiles (obrajes). Luego de 16 años de cruenta guerra, esta economía, de rostro combinado, mostraba señas de extenuación y abatimiento.

En el plano social, si bien indígenas, mestizos y criollos rebeldes habían sido activos protagonistas en el desmoronamiento del régimen colonial, no lo fueron en el proceso de fundación de la nueva República. Contrariamente, el nacimiento del nuevo Estado fue iniciativa, tenaz y sombría, de la aristocracia terrateniente, la cual migró al bando patriota ante la inminente derrota de las huestes realistas, a cuya sombra había existido.

Mientras los libertadores se afanaban por conducir a tientas a la nueva República por senderos liberales, incluso hacia la formación de una gran confederación de las naciones recién libertadas, la aristocracia terrateniente, erigida como clase dominante, era ajena a estas aspiraciones, debido a que afincada sus intereses en el latifundio y la servidumbre; el régimen democrático le era tan ajeno como los sueños continentales de Bolívar.

De esta forma, la ausencia de una clase social que materializara el sueño liberal del Estado Nacional (la burguesía), abrió las puertas a una contradicción que marcaría a fuego la historia de Bolivia: la existencia de un régimen democrático formal y la presencia de una clase dominante extraña a todo principios democrático, la cual apelaría a la Democracia sólo para legitimar su control abierto o embozado del poder.

Pronto, la negativa de la aristocracia terrateniente de participar del sueño liberal se transformaría en conspiración y luego en levantamiento explícito. Al final, los libertadores terminarían expulsados; la aristocracia criolla se afianzaría en el poder, dando origen a un régimen excluyente, caracterizado por la lucha de facciones y la acomodación del régimen democrático a sus propios intereses.

El hecho trascendental fue que, al nacer y en los primeros años, en Bolivia se moldeó una cultura política que combinó particularidades de la práctica política liberal, importada por los libertadores, y de la práctica política colonial, dándose origen a una cultura política liberal-colonial, expresada en una Democracia deformada, usada desde entonces para legitimar intereses de los poderosos de turno: la Democracia Cortesana.

La conclusión inevitable es que, desde siempre –y hasta hoy-, en el país se ha conspirado contra cada uno de los principios que perfilan un verdadero régimen democrático, hasta convertir a la Democracia en espectáculo pueril, una deslucida ficción, un espejismo maltrecho. La diferencia con el presente es que ahora esta profanación se practica con sigilosa pulcritud y con ostentosa alevosía.

¿Cuáles son estos principios, vilipendiados por tradición, y ahora envilecidos por convicción? La respuesta no sólo intenta describir cómo cada uno de ellos ha sido y es pervertido por gobernantes y gobernados, busca además desmenuzar las bases de la Democracia, las mismas que deberían servir como adhesivo para la formación de un verdadero movimiento de unidad democrática que ponga un alto al inveterado desgobierno y nos conduzca por sendas de libertad y progreso.

Abordar los pormenores de la Democracia, no es empeño fácil, acechan los sesgos ideológicos y las imprecisiones, pero es algo que se debe encarar con el apremio de lo ineludible; así que es preferible asumir el riesgo del aporte, aunque sea a vuelo de pluma, pero con rectitud e independencia.

1. El pueblo soberano

La Democracia es un sistema de gobierno y de organización del Estado en el que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, y valga la redundancia, en Democracia el pueblo es el soberano.

Este principio implica un hecho que habitualmente pasa desapercibido. Para ejercer su condición soberana, el pueblo tiene primero que asumir consciencia de que es el soberano y luego desarrollar ciertas competencias que le permitan desempeñarse como tal. Sin duda, este proceso no se desarrolla por generación espontánea, sino que es, o debe serlo, consecuencia de una cuidadosa y planificada labor educativa. No es para menos, una Democracia asentada en un soberano ignorante de su rol está destinada al desvarío.

Debido a que el ejercicio de la soberanía requiere de cierto criterio y capacidad, quienes ejercen la soberanía son aquellos individuos mayores de edad, depositarios de competencias, responsabilidades y derechos, y a quienes se conoce como ciudadanos.

Así, la constitución de la ciudadanía implicaría la existencia de dos escenarios: 1. La formación de la “Ciudadanía En Sí”, o la conversión del individuo en ciudadano formal a partir de alcanzar la mayoría de edad. 2. La formación de la “Ciudadanía Para Sí”, o el desarrollo de consciencia de ciudadanía -de ser el soberano en ejercicio- y de las responsabilidades y derechos que ello implica (otra vez: fenómeno que sólo puede ser resultado de la educación del individuo).

En una sociedad marcada por el atraso y por el cultivo de la Democracia con fines utilitarios, la formación de ciudadanos “para sí” fue y es una tarea ausente. El resultado es pavoroso: un régimen democrático formado únicamente por ciudadanos formales (en sí), lejos de toda acción consciente sobre deberes y derechos (para sí). De este hecho se desprende una pregunta temeraria: si en la Democracia la soberanía recae en el pueblo, ¿cómo puede existir un régimen democrático si el ciudadano no tiene idea de que es el soberano? La respuesta estremece: sólo existe como simulacro.

La ausencia de una “Ciudadanía Para Sí” –de un soberano que se sabe y valora como tal- dio nacimiento a dos fenómenos igualmente infaustos: 1. El uso de la ciudadanía formal (“en sí”) para la legitimación del poder, incluso contra sus propios intereses, al amparo de su exigua formación sobre su condición soberana que la empuja a habilitar gobiernos espurios a través del voto estimulado, carente de información/formación. 2. La formación de una ciudadanía deformada, caracterizada por la vocación acreedora y rentista; dueña exclusiva de exigencias –que no son lo mismo que derechos-, es renuente a asumir responsabilidad con el conjunto de la sociedad y con cada uno de sus sectores.

2. Libertad e igualdad

El pueblo soberano se halla constituido por individuos libres e iguales.

En sociedades premodernas, la sociedad se caracterizaba por la subordinación de la individualidad a toda clase de expresiones corporativas: estamentos, gremios, órdenes religiosas, comunidades, etc.; la vida civil sólo era posible a condición de pertenecer a algún tipo de comunidad o de ser súbdito de algún señor o del propio monarca; esta relación de pertenencia implicaba ausencia de libertad individual y sumisión ante la arbitrariedad.

El tránsito a la modernidad se asentó, principalmente, en la reivindicación de la individualidad, basada en la subordinación y la igualdad ante la Ley, a fin de garantizar los derechos mínimos y la realización plena del individuo (proceso conocido como individuación).

Al nacer Bolivia, y ante la presencia de una economía combinada -en la que coexisten un pequeño núcleo de modernidad y una amplia base de atraso-, el paso hacia la individuación o autodeterminación individual, se produjo a medidas, incluso en grandes sectores de la sociedad, aquellos asentados en prácticas económicas premodernas, el ser humano sigue definiéndose en base exclusiva a su pertenencia a una determinada comunidad.

Así, incapaz de erigirse sobre su propia individualidad, angustiado por una realidad borrosa, inestable y conflictiva, carente de una institucionalidad democrática que le otorgase seguridad y confianza, al nacer Bolivia el pueblo prematuramente abdicó de su potestad soberana, para abandonarse en los brazos de un ser aparentemente esclarecido, capaz de dar luz allá donde reinaba la oscuridad: el caudillo (populista o elitista), a cambio de que éste le confiscase el espíritu y la libertad. Desde entonces, y debido al persistente atraso, este hecho se mantiene inalterable, no sólo porque la acción política se la entiende como el perenne exhibicionismo del caudillo, sino también por la obstinada búsqueda ciudadana del padre protector.

Si en la base de todo el sistema democrático se halla el pueblo soberano, es decir, la comunidad de individuos libres -titular del poder-, y que de sus acciones depende la constitución y estabilidad del Estado y de sus poderes, queda claro que la piedra angular de la Democracia es –o debería serlo- la existencia de individuos no sólo libres sino competentes para asumir su papel y luego para desempeñarlo.

De ello se desprende que la libertad, aquella capacidad de autodeterminación que nos cobija y que da vida a la soberanía popular, se asienta en tres dimensiones esenciales:

Libertad de pensamiento. Capacidad para pensar con autonomía, sin ningún tipo de influencia externa que impida la incubación de pensamientos propios. Aunque resulta obvio, generalmente se pasa por alto que para actuar, en cualquier sentido y de cualquier forma (votar, comprar, opinar, protestar, etc.), el individuo experimenta primero, generalmente de forma inconsciente, un complejo proceso neurofisiológico al que llamamos pensar. Aunque resulte doblemente obvio, el proceso de pensamiento, en el que finalmente se asienta la libertad, es un fenómeno exclusivamente individual: no existe pensamiento que emane de colectivo alguno, menos del griterío de la muchedumbre, hecho que no niega que el pensamiento individual se nutre en la interacción. La libertad de pensamiento supone, además, el derecho a cambiar de opinión; ahí radica, por ejemplo, el derecho a dejar de pensar como la mayoría, para asumir como propia la opinión de la minoría, o viceversa.

Libertad de expresión. Es la continuación natural de la anterior. Es el derecho a expresar los pensamientos propios, sin restricción alguna (sólo aquella contemplada por la ley), libre de todo intento de manipulación o intimidación.

Libertad de acción. Nace de la secuencia de las dos anteriores. Se trata del derecho a actuar en concordancia con los pensamientos concebidos y expresados, siempre al amparo del Estado de Derecho. Actuar libremente significa actuar por uno mismo, no por coacción externa. Participar es moverse por sí solo, por convicción, no ser acarreado ni movilizado por otros. En tiempos en los que se exalta las virtudes de la participación ciudadana, entendida como proceso que puede iniciarse en la expresión y prolongarse en las acciones de hecho, debe recordarse que si no se halla precedida por el ejercicio consciente de la libertad de pensamiento (información/formación), ésta se reduce a meras acciones errabundas, generalmente manipuladas, fachada estéril de la que se alimenta todo manipulador.

En síntesis, la presencia de la libertad se expresaría en la existencia de personas con pensamientos propios, expresión libre y actuar consecuente. Sin embargo, la realidad dista en mucho de alcanzar este postulado. No se puede esconder que, la mayor parte de las veces, los ciudadanos actuamos con una incultura sobrecogedora en lo referente a los asuntos públicos, sembrada desde afuera y/o cultivada desde adentro. No otra cosa expresa el hecho que, de espaldas a toda noción de libertad, lejos de nuestro papel de titulares del poder, con asombrosa frecuencia nosotros, el pueblo soberano, nos entregamos sin decoro a caudillos de temporada, de los más dispares y disparatados pelambres ideológicos, quienes asoman su ambición en momentos de desesperanza, para mostrarse como los redentores largamente esperados. 

3. Consentimiento

En esencia, la Democracia es un régimen de consentimiento: el pueblo soberano “consiente” ejercer su soberanía a través de representantes y de mecanismos de participación (directos e indirectos).

Este “consentir” implica la existencia de consciencia de que se es el soberano, primero, y que para ejercer ese rol vital debe elegir a representantes idóneos y/o participar de forma razonada.

Sin embargo, desde su nacimiento, la Democracia –deformada por la pervivencia del atraso- mantuvo lejos de toda participación competente (consciente), y en silencio, a sus propios ciudadanos. Con una Democracia coja y una ciudadanía muda, las clases dominantes que se fueron alternando, hasta nuestros días, apelaron a fabricar el consentimiento ciudadano mediante el uso de una herramienta tan inefable como efectiva: la demagogia, práctica política destinada a inducir a la acción (votar, marchar, matar, morir, etc.) a través de la manipulación emocional (persuasión) y del bloqueo de toda acción racional (desinformación); verdadera arma de distracción masiva, tan letal como las otras. El objetivo final del demagogo, de ayer y de hoy, es simple y ladino: fabricar una realidad a imagen y semejanza de las aspiraciones ciudadanas.

Si en los primeros años de la República para la fabricación del consentimiento se apelaba a la arenga y al libelo (era suficiente, debido a que quienes votaban eran apenas unos pocos), a partir de la segunda mitad del siglo XX se hizo mucho más efectiva, debido al uso de los medios de comunicación. Este fenómeno llegó a su máximo grado de perversión en los gobiernos neoliberales, los cuales trasladaron la lógica del mercado a la arena política: la ciudadanía devino en “mercado político” al que debe sondearse –no consultarse- a fin de conocer sus aspiraciones -no sus opiniones-, información usada luego para fabricar y presentar programas y candidatos que ilusoriamente respondan a esta “demanda”, aunque luego se haga o se deshaga en sentido contrario.

Pese a sus arrebatos antineoliberales, el actual régimen usa exclusivamente, y con frenesí, las más refinadas estrategias del marketing político, estimulando en la ciudadanía, una y otra vez, toda la gama de emociones -principalmente el miedo- para mantener viva la desesperanza, y por tanto el apego al caudillo, y el temor de pensar con alguna independencia.

Esta práctica de “neoliberalismo político”, se halla sazonada con verdaderas e inefables prácticas coloniales. La más conspicua: hoy más que nunca la política deviene en espectáculo, en pompa y dramatización pública, hechos característicos del mundo colonial. La base de la gestión pública no es la eficiencia, sino más bien el manoteo extremo del simbolismo, de la ceremonia y del rito.

Pero el gobierno actual no sólo echa mano de estas armas, sino que las supera. Como nunca antes, con aséptica felonía, se ponen en escena complejos espectáculos dramáticos en forma de spots y concentraciones masivas, con el objetivo de aborregar al individuo, negándosele el derecho a la individualidad. Así, el lenguaje discursivo y visual convierte a la acción política en simulación y dramaturgia, cuyos protagonistas sólo pueden existir en uno de dos destinos: la santidad o la infamia.

Al final, el resultado ha sido –y es- una ciudadanía que no consiente delegar su soberanía, sino que es forzada, con sinuoso disimulo, a comulgar en el altar del simulacro político.

El hastío frente a este hecho explicaría las frecuentes explosiones ciudadanas que estremecen al país –incluso a diferentes regiones del mundo- y que, al ser inconscientes y no tener destino cierto, son rápidamente embaucadas por grupos y caudillos que las embozan y adormecen, hasta el siguiente estallido.

El hecho que despierta mayor preocupación es que sectores de la oposición, feroces en el discurso contra el actual gobierno y a favor de la Democracia (si es sincero, es muy reciente), apelan a las mismas herramientas –lo hicieron antes cuando florecían en el poder-, mostrándose que también habitan en el pasado. De ahí que no sea casual que unos y otros prioricen la propaganda como vehículo de relacionamiento con la ciudadanía, dejando a un lado todo contacto e interacción.

4. Elección/selección

En los procesos electorales, el pueblo delega su soberanía a representantes a quienes elige mediante el voto.

Este principio explica que toda elección implica un proceso de descarte: se escoge a uno y se descarta a otro u otros. Este hecho supone que el ciudadano escoge, es decir, selecciona a una de las opciones contendientes. Para realizar esta selección, el requisito indispensable es contar con la información suficiente, y la formación básica, para que el votante pueda identificar las diferencias entre unos y otros.

Sin embargo, la realidad dista en mucho del ideal. Con la Democracia reducida a juego simbólico, en el que cada partido se esmera por posicionar, emocionalmente, a su caudillo a través de hábiles campañas propagandísticas, el ciudadano rinde su raciocinio ante la abrumadora aplanadora mediática, plagada de simplismo y sensiblería, y concluye votando por quien, “en apariencia”, responde a sus aspiraciones. No selecciona: ello supondría un ejercicio racional que le permitiría comparar y contrastar las opciones en juego; al no contar con los insumos para tan importante labor, sólo vota, y a ciegas.

Este hecho plantearía que la legitimidad que emana de las urnas puede ser trucada, y con facilidad. Basta conocer que el cerebro de todo individuo funciona por defecto en modo emocional –no racional-, y que el raciocinio disminuye aún más en presencia de la propaganda o de la efervescente masa, para luego echar mano a las devastadoras armas de la demagogia (persuasión y desinformación) a fin de presentarse como la respuesta esperada.

5. Participación ciudadana

La participación ciudadana tiene el objetivo de influir en los asuntos públicos, a través de mecanismos directos, como las asambleas o las acciones de protesta, o de mecanismos indirectos, como el referendo. Para cumplir tan delicada labor, la población requiere de la información/formación necesaria para actuar de manera consciente.

Si bien la participación directa es efectiva en ámbitos reducidos, como una asamblea, no lo es en condiciones mucho más amplias, por dos razones: 1. Mientras la cantidad de personas aumenta, la individualidad tiende a declinar, limitándose la posibilidad de la acción racional, propia y exclusiva de los individuos. 2. El proceso de masificación directa es el escenario ideal, y favorito, del demagogo, quien congrega a su rebaño con dos objetivos: aborregar al individuo, impidiendo su discernimiento individual al calor de sentir una aspiración compartida, y bañar de legitimidad sus arbitrarias o descarriadas acciones. Si a ello se suma la ausencia de información sobre los temas a tratar, algo que también se planifica con incivil insolencia, la conclusión es funesta: la masa, negación de la individualidad, se constituye en cómplice de su propio sometimiento.

Con relación a la participación indirecta, principalmente a través del referendo o la consulta, ocurre lo mismo que con las concentraciones masivas: se la presenta como un avance en la Democracia –sin duda que lo es-, al tiempo que se la apuñala por la espalda al arrebatarle su condición esencial: información imparcial, oportuna y veraz. Sin ésta, es imposible que la ciudadanía pueda expresar su opinión, por la obvia razón de que no la tiene, por lo menos una opinión racional formada a través del análisis de las opciones a dirimir, no por la atroz acción manipulativa de los hacedores de la ficción política.

6. Regla de la mayoría

El pueblo soberano elige/selecciona a sus representantes en comicios libres y universales, mediante la Regla de la Mayoría: gana la mayoría, se respeta a la minoría y se gobierna para todos.

Bajo este principio, los partidos ponen a consideración de la ciudadanía sus programas y los candidatos capaces de materializarlos (en ese orden). En un proceso de convencimiento racional, las tendencias existentes al interior de la ciudadanía se inclinan en favor de determinadas opciones. El gobierno que se erige del voto mayoritario asume el poder político como gobierno de todos, respetando la voz disidente.

La regla es simple, como es simple quebrantarla. Basta con asentarse en la tendencia mayoritaria ciudadana y aparentar que se la representa, incluso puede que se la represente sin disimulos ni estafas. Al final, no importa si la inclinación mayoritaria sea o no ecuánime, lo que vale, para ganar, es decir lo que la gente quiere escuchar. Es el cinismo puesto al servicio de la toma del poder.

El paso siguiente es igualmente perverso: ostentar haber nacido del seno de la mayoría, para desoír, peor aún, para acallar a la minoría derrotada. El resultado: un gobierno que sólo apela a la mayoría, mediante la acción de una ruinosa maquinaria propagandística, para legitimar la persecución de todo clamor que desentone con el libreto oficial; de mejorar sus condiciones de vida, nada. Lo peor: confirmando su famélica formación democrática, quienes se reclaman de la mayoría, aplauden dóciles la supresión del “enemigo” (sin embargo, el ensueño cortesano toca a su fin cuando se osa pensar con alguna autonomía: sobreviene la pérdida de mercedes y dádivas, cuando no de la propia dignidad a través del ominoso y festivo linchamiento mediático).

No es todo. Invariablemente, detrás del escenario prefabricado de unos contra otros, los gobiernos antidemocráticos esconden un secreto incivil: claman encarnar a la mayoría, cuando en realidad responden a intereses taimados.

7. Estado de Derecho

Para evitar arbitrariedades y garantizar la convivencia en libertad e igualdad, la Democracia presupone la existencia de un Estado de Derecho –regido por la Constitución y las leyes-, al que se hallan subordinados, en igualdad de condiciones, tanto gobernantes como gobernados.

Durante la colonia, y al amparo de la angurria de poder y riqueza, cobró rango de institución el axioma “la ley se acata pero no se cumple”, abriéndose las puertas a mayores iniquidades. Con el advenimiento de la República, y tomando en cuenta la existencia de una Democracia deformada e instrumentalizada, el respeto a la Ley se mantuvo condicionado por los intereses de los poderosos de turno. Aquel axioma cobró carta de ciudadanía. Así, y desde entonces, el Estado de Derecho es o no respetado según las conveniencias de temporada.

El manoseo estructural del Estado de Derecho tuvo su origen en los gobiernos militares que sembraron de iniquidades los primeros años de la República. El modus operandi frecuente consistía en legalizar cruentas asonadas golpistas, o impíos procesos electorales, con nuevas cartas magnas que arropaban de legalidad la asunción indecorosa al gobierno. Una vez en el poder, y con un Congreso amansado, se procedía a promulgar normas rígidas e inexorables pero de aplicación arbitraria.

Con el gobierno actual, la irreverencia frente al Estado de Derecho, además de continuar, adquiere formas extremas: no sólo que no se lo respeta, a la usanza colonial, sino que se lo desmantela ante el aplauso popular.

El primer eslabón de este pavoroso proceso fue convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo modificar las bases esenciales del Estado de Derecho, para abrir las puertas a un régimen autoritario de apariencia democrática. Aquella Asamblea Constituyente, mancillada por un sinnúmero de ilegalidades, se entregó de lleno a transcribir un texto constitucional que llegó desde afuera y por la ventana (de cónclave soberano, nada). El hecho emblemático fue que la nueva Carta Magna fue esbozada en un recinto militar, ante el asedio popular cruentamente abatido, proceso que fue seguido luego en otra ciudad, casi a escondidas, donde fue aprobado sin siquiera ser leído, menos debatido, para luego ser modificado por un grupúsculo clandestino que introdujo modificaciones esenciales a la sombra de la ilegalidad. Finalmente, el documento fue puesto a consideración del pueblo, el cual, guiado por una ignorancia imbatible –avivada por un manoseo inaudito-, lo aprobó con mayoría abrumadora. De esta forma, fue ultimado el principio democrático que establece que toda Constitución debería expresar la voluntad general, no el deseo inducido y arbitrario de la mayoría ofuscada.

A la aprobación de la espuria Carta Magna, le siguió, y le sigue, la promulgación de normas destinadas a facilitar la concentración del poder y la persecución de opositores y críticos al gobierno. Es decir, la deformación del Estado de Derecho abre las puertas a la conculcación de libertades y garantías ciudadanas, dentro de un régimen de traza democrática. El resultado: la justicia indistinguible de la revancha. Estremecedor fenómeno: gobiernos democráticos devorando desde adentro, cual cáncer terminal, la Democracia y la libertad que la alimenta, acción punible que goza de la venia de sectores del propio soberano.

8. Institucionalidad democrática

Para suprimir toda tentación autocrática, la Democracia prevé la separación de éste en varias competencias (poderes) y ámbitos geográficos, estableciéndose además sistemas de control, contrapesos y un andamiaje institucional vigoroso y eficiente.

Sin embargo, la inveterada Democracia Cortesana se asienta, invariablemente, en la supresión de este principio o en su existencia meramente formal, lo que a la larga viene a ser lo mismo, hecho que puede confirmarse a través de cuatro acciones (además de muchísimas otras): vulneración de la independencia de poderes, sometimiento de las FFAA y de la Policía, pérdida de la independencia sindical y reducción de los partidos políticos a séquitos electorales.

a. Independencia de Poderes

Casi sin alteraciones, los gobiernos que se han sucedido en el país han buscado, con todo éxito, el control de los poderes públicos, las más de las veces a través de acuerdos partidarios que han loteado los cargos públicos, expresión de la concepción patrimonialista del Estado y la visión microscópica sobre la Democracia. El objetivo: el control total del poder, a la usanza premoderna (colonial) o, más cerca, dictatorial, pero siempre arropado por la apariencia democrática.

El gobierno actual no es la excepción, todo lo contrario. Con premeditación y aséptica cirugía, se ha avanzado en la captura de cada uno de los poderes del Estado, unas veces ha bastado sólo la sumisión de sus propios miembros y otras se ha apelado a la participación desinformada y manipulada de la ciudadanía, la cual se ha visto estimulada a actuar sin tener idea alguna de lo que realmente estaba haciendo.

Pero la herida a la Democracia es más profunda y doliente. Si los poderes del Estado han quedado desde siempre a merced del gobierno, éste se ha visto sometido a la voluntad omnímoda del líder providencial, elitista o populista: el caudillo, secundado por sus fieles cortesanos.

Recordemos que la estructura política monárquica y colonial se basaba en una relación de reciprocidad entre el rey y sus vasallos. Mientras el primero tenía facultad de otorgar y quitar, los segundos, reunidos en la Corte, exhibían sumisión a condición de mantener ciertos privilegios.

Esta relación monarca-corte pasó a la nueva República, casi sin alteraciones, en la relación caudillo-corte, constituyéndose en la base de la Democracia Cortesana, que hasta hoy sufrimos, en sustitución de la institucionalidad democrática.

Queda claro que en la Democracia Cortesana, el caudillo no sólo envilece y suplanta las instituciones propias de la Democracia, sino que expresa una escalofriante regresión de la sociedad a tiempos premodernos, en los que primaban la arbitrariedad, la desesperanza y la sumisión.

El hecho sorprendente es que, cual museo viviente, las expresiones de la relación caudillo-corte pueden ser estudiadas aún hoy en día, incluso con mayor nitidez, debido a la orientación arcaica del actual régimen; curiosamente, también se muestran, menos estridentes, en los partidos opositores.

Despotismo. Debido a que se sabe por encima de las desesperanzas del ciudadano común, y que se halla arropado por el servilismo propio del vasallo, un rasgo particular del caudillo es su talante despótico e intolerante, a medio paso entre el paternalismo y el garrote; de ahí que sea difícil creer que acciones importantes de su régimen no tengan su venia: nada importante ocurre sin la aquiescencia del caudillo.

Esta tendencia atrabiliaria es una de las características del ejercicio del poder que nos ha acompañado desde siempre. Su expresión más atroz: la confrontación entre adversarios políticos es entendida como una misión guerrera; al adversario, considerado el enemigo, le quedan sólo dos alternativas: rendirse o pagar su osadía (persecución, encierro, descrédito e incluso la muerte). La acción política reducida a una cruzada de beatos contra réprobos.

Patrimonialismo. Como en añejos tiempos coloniales, el caudillo concibe al Estado como una prolongación, casi natural, de sus posesiones, cuando no de sus ambiciones, de manera que dispone de todo, y de todos, de forma arbitraria, festiva y manirrota. Las arcas nacionales son sucursales legítimas de sus bolsillos, y de sus apetitos. Dueño del poder, el caudillo –erigido en patrón-, dispone del Estado a su arbitrio, a fuerza de compadrazgos, redes clientelares, alianzas familiares o de estrechas relaciones personales.

Clientelismo y Prebendalismo. La concepción patrimonialista del Estado se asienta en la existencia de fuertes lazos de reciprocidad entre el caudillo y su corte: protección a los segundos, mientras ostenten sumisión y fidelidad –siempre volátil-, a cambio de seguridad, dineros y posesiones. Sobre la fidelidad cortesana, no cabe duda que se trata de una vía segura de promoción, ascenso personal y seguridad laboral. En general, el clientelismo y el prebendalismo han estado vinculados a sectores vitales para la mantención del poder: valiosos cortesanos, altos mandos militares y policiales, dirigentes sindicales, líderes opositores, comunicadores, personajes influyentes, etc.

Equilibrio de tensiones. Debido a que detrás de la fidelidad al caudillo se encuentra el apetito personal de cortesanos/as, no el apego a principios ni a programas pues éstos están ausentes, la forma habitual en la que el caudillo mantiene su estatus es a través de la promoción de pugnas por privilegios y prebendas al interior de su propia Corte, hecho que impide la aparición de tendencias o figuras que cuestionen o disputen su omnímoda presencia.

Sumisión demostrada. Para ser considerado miembro del círculo estrecho del caudillo, los cortesanos deben cumplir un doble rol: primero, deben demostrar, de palabra y hecho, sumisión al caudillo, sin importante si su propia dignidad queda en entredicho; segundo, como “representar implica actuar en nombre del otro”, el cortesano impenitente debe reproducir la relación de humillación con quienes se hallan por debajo en su rango de jerarquía, de ahí que en toda repartición o estructura menor aparezcan pequeños caudillos, quienes actúan con igual o mayor despotismo que el caudillo al que emulan.

b. FFAA y Policía

Con relación a las FFAA y a la Policía, la cosa es seria. Al ser instituciones que detentan capacidad de fuego, su poder queda fuera de dudas. De ahí la importancia que le otorgan los caudillos al sutil arte de amansarlas, a través del control de sus altos mandos a fuerza de dádivas y dudosas promociones. Incautadas, antes que cumplir las misiones conferidas por la Constitución, estas instituciones se han visto rebajadas a cumplir el indigno rol de guardia pretoriana al servicio del caudillo.

El envilecimiento de ambas instituciones se expresaría en dos fenómenos que avanzan en franca purulencia: FFAA sin norte, ignorantes sobre su papel y sus acciones bajo un régimen democrático, moldeadas únicamente para reprimir con feroz eficiencia toda asonada popular o para prestarse a embustes que avivan sentimientos patrioteros y chovinistas, tan arcaicos como la figura del propio caudillo; y una Policía viciada y viciosa, eficiente para arremeter –abiertamente o a través de comandos de sangre- contra opositores y manifestantes, pero incapaz de enfrentar la criminalidad que crece y escala envalentonada ante la ausencia de policías que apelen a la ciencia antes que al garrote inquisidor.

c. Independencia Sindical

Los sindicatos son agrupaciones de trabajadores destinadas a la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados. Su objetivo se reduce, esencialmente, al resguardo de aspiraciones particulares y concretas. Sólo en casos extremos, el sindicato asume la defensa de intereses generales, es decir, políticos, hecho que lo enfrenta a los poderes públicos.

Su particularidad más importante es la independencia frente al empleador y al poder político, sin la cual sería imposible defender el interés de sus agremiados o de otros sectores agredidos por el poder público.

Desde sus inicios, primero guiados por posturas anarquistas y más tarde marxistas, los sindicatos concibieron como pilar vital de su existencia su independencia. Sin embargo, con la caída del mundo estalinistas y el consiguiente desmoronamiento de los partidos de izquierda que les otorgaban orientación y destino, los sindicatos iniciaron un andar errático, siendo fácilmente capturados por ideologías amorfas que fueron minando su importancia y efectividad en la canalización de sus demandas, viéndose superados por acciones espontáneas que desembocaron en estallidos populares sin norte ni conducción.

Sin duda, el más importante estallido popular espontáneo y caótico ocurrió el 2003, cuando la efervescencia popular, avivada por un hastío centenario, acabó con el gobierno de entonces, para luego ser rápidamente ensillado por una ideología farolera y disforme que unía, sin pudor intelectual, posiciones indigenistas, nacionalistas y estalinistas, dándose vida al régimen actual.

Rápidamente, al tiempo que se procedía a desmontar la institucionalidad democrática, los sindicatos se vieron cooptados al amparo de mercedes y de la estrechez intelectual e ideológica de las nuevas dirigencias. Pronto, y con el aplauso de bases y dirigentes, la independencia sindical fue abolida de hecho, mientras los sindicatos se diluían en una bolsa amorfa y dúctil a la que se vino a llamar “movimientos sociales”. Así, más de un siglo de heroica y trascendental lucha sindical quedó sepultada por la sumisión indigna al nuevo desgobierno, reeditándose la inefable práctica del cacicazgo colonial, por la cual el cacique se constituía en vehículo directo para el sometimiento de las comunidades indígenas.

d. Partidos políticos 

Los partidos políticos son agrupaciones estables y permanentes de ciudadanos en torno a un determinado proyecto político. Tienen dos objetivos esenciales. 1. Garantizar el ejercicio de la soberanía popular a través de la gestión del poder político (gobierno). 2. Garantizar la participación formada y orientada de la ciudadanía, mediante su actuación permanente desde el poder o desde la oposición.

Invariablemente, los partidos políticos democráticos se forjan alrededor de un programa, el cual da vida a particulares estructuras orgánicas democráticas en las que el militante (ciudadano políticamente organizado) juega un papel protagónico, y a liderazgos alternantes. Sin embargo, el atraso terminó por devorar estos principios.

Desde siempre, y hoy más que nunca, los partidos se han convertido en instrumentos al servicio de caudillos autocráticos, debido a su carisma o a su poder pecuniario, mientras el militante deviene en cortesano, súbdito al servicio del jefe.

Envilecidos, los partidos se lanzan al ruedo político enarbolando la imagen del caudillo, erigida a dimensiones sacras. Los programas no importan, y si existen es muy difícil encontrar diferencias de fondo entre unos y otros; lo que importa es la toma del poder por el caudillo y su corte, concebidos, por obra y gracia de la demagogia, en solución providencial a todos los males.

Este hecho explicaría por qué los partidos sólo operan en períodos electorales –abandonando su acción permanente, sobre todo los opositores-, dejando a la ciudadanía sin orientación, menos organización, a merced de la arbitrariedad de los poderosos. Al sólo servir de herramientas electorales, los partidos políticos son incapaces de cumplir con su función representativa, debido a que incumplen su rol esencial: contribuir a la formación de la voluntad política, base del consentimiento del soberano. Al mismo tiempo, al servir de escalera para la ascensión del caudillo al poder, los partidos políticos impiden la formación de nuevos liderazgos que permitan no sólo conducciones nuevas sino una acción más efectiva sobre la ciudadanía.

En este escenario, los partidos opositores deberían entender que de su actuación permanente depende además la existencia de otro principio democrático: la alternancia en el gobierno. Desde el llano, y al encarnar un curso de acción distinto al del gobierno, su misión no sólo reside en cuestionar errores o apoyar aquello que beneficie a todos, sino en ganar a la ciudadanía a su particular visión del país.

Si el partido opositor sólo actúa en períodos electorales, en los que manda la propaganda antes que la educación ciudadana, embarga el pensamiento y la acción consciente de la ciudadanía en torno a los asuntos públicos, impidiendo así que el pueblo pueda consentir la delegación de su soberanía por voluntad propia.

Más aún. Si se trata de enfrentar a regímenes autoritarios como el actual, invernar entre campaña y campaña, no sólo deja a la ciudadanía a merced de la acción atrabiliaria del gobierno, sino que favorece y refuerza toda iniquidad.

9. Métodos de lucha

En la lucha por el poder, contra el poder -cuando éste vulnera derechos y/o desoye aspiraciones del soberano- o entre sectores de la propia sociedad, la Democracia establece métodos de acción o lucha que se asientan en el respeto a los derechos humanos y que se conocen como No Violencia.

La No Violencia implica que en Democracia los conflictos entre la sociedad y el Estado, o entre los propios ciudadanos, deben resolverse de forma humanizada, evitándose causar daño, de palabra, obra u omisión, a todo ser humano.

La acción no violenta opera en dos escenarios: 1. Aborda la solución de todo conflicto sin vulnerar los derechos de ninguna de las personas involucradas, menos de terceros, buscando la solución más aceptable para las partes en pugna, generalmente a través de acuerdos que importen ceder en la aspiración del bien común; el diálogo de buena fe es el insumo esencial, la mediación imparcial su herramienta más importante. 2. Cuando la sociedad se enfrenta a tendencias autoritarias que apelan a la imposición y a la violencia, usa métodos no violentos que afecten al desempeño normal del poder (huelgas, desobediencia civil, no colaboración, movilizaciones, boicots, etc.), sin que se provoque daño alguno a ninguna de las personas de los sectores enfrentados, filosofía y acciones que fortalecen la legitimidad de la lucha y que debilitan moral y socialmente a las tendencias afianzadas en la arbitrariedad y la violencia.

Sin embargo, como en el resto de los principios democráticos, éste es también un bien escaso. En general y desde siempre –con mayor o menor disimulo-, desde el Estado (sometido al poder político), se apela a la violencia, básicamente para acallar la voz disidente, bajo diferentes recursos que muestran los múltiples rostros que adquiere el envilecimiento de la institucionalidad democrática: judicialización de la política, politización de la justicia, persecuciones ilegales, ejecuciones sumarias, detenciones injustas, acciones represivas, etc.

No se puede dejar de señalar que el uso de la imposición y de la violencia como instrumentos para la resolución de conflictos es propio también de sectores ciudadanos. No son pocos los ejemplos de grupos soliviantados que ganan las calles vulnerando el derecho al libre tránsito o a la seguridad de quienes son ajenos al conflicto o de las propias fuerzas del orden, inspirados por visiones también autoritarias que buscan imponer sus apetencias.

Bajo el régimen actual, no sólo que la violencia se mantiene, sino que se perfecciona. Superando incluso a épocas dictatoriales, en las que se debía caminar “con el testamento bajo el brazo”, la sociedad es testigo de feroces masacres y enfrentamientos encarnizados, siempre impunes, rodeados por la brutal duda de si fueron o no fríamente planificados, que muestran que ante cualquier conflicto, la única acción posible es el golpe de mano, precedido por el diálogo simulado y artero.

Siguiendo la orientación de mantener la ficción democrática, antes de toda acción represiva, el actual régimen ha protagonizado apasionadas apologías del diálogo, ya sea con sectores opositores, disidentes o independientes. Empero, y en todos los casos, el diálogo terminó en emboscada: quienes terciaron como interlocutores, además de aparecer en la foto y el spot, terminaron perseguidos, encarcelados, o con la dignidad en entredicho.

Epílogo

En este instante, la existencia en Bolivia de una pseudo-democracia no es consecuencia de la presencia de un régimen autoritario; es a la inversa: existe un régimen autoritario porque vivimos en una pseudo-democracia. La diferencia entre los gobiernos anteriores y el presente, es que los primeros medraron al amparo de la Democracia deformada, mientras que en manos del segundo, la Democracia se extingue sin siquiera haber vivido. De ahí que no resulte exagerado señalar que el llamado Proceso de Cambio, bandera del gobierno autoritario, ha demostrado ser, además de un experimento costoso en vidas y pobre en resultados, aciago para la libertad y la Democracia.

Sin duda alguna, la causa del perenne desgobierno se encuentra en el atraso que ha alimentado la vocación autoritaria de las clases dominantes que se han alternado en el poder, las cuales han cabalgado, según convenía, en la apariencia democrática o en la feroz opresión. Sin embargo, esta afición autoritaria también ha sido y es compartida por la ciudadanía, la misma que ha demostrado una inclinación incivil a apoyar regímenes pseudo-democráticos de todos los matices ideológicos, incluso dictatoriales, a cambio de obtener algún tipo de beneficio: de la tranquilidad mezquina al rédito económico.

En esta situación, la visión meramente electoral de la oposición favorece a la acción atrabiliaria del régimen autoritario: no sólo que refleja el mismo apetito de ascender al poder sobre los hombros de una ciudadanía enceguecida por la ignorancia de su rol soberano, sino también por efecto del manoseo emocional de la propaganda electoral.

No me queda duda que la derrota del régimen autoritario, guiada por los principios de la Democracia, no puede tener otra tarea central que la toma de conciencia del ciudadano sobre su condición de soberano. Toda acción que se impulse en esa perspectiva, debe tener como objetivo despertar la “Conciencia Para Sí” de la ciudadanía, de manera que su incultura en torno a su papel en Democracia no de vida a una una nueva ficción de gobierno democrático o, peor aún, no permita que el actual gobierno haga realidad el sueño del prorroguismo: el destino seguro sería el endurecimiento del régimen autoritario, próximo a la autocracia. Dicho de otra manera: “Para que la Democracia levante vuelo, primero tiene que echar raíces”. De lo contrario, sería un banal intento de edificar en medio de un pantano. Más claro: ni restauración ni continuismo: ¡Democracia!

En esa perspectiva, antes que definir o buscar un “caudillo bueno” que termine con la pesadilla actual, los sectores opositores, reunidos en partidos o desde la ciudadanía, tienen la tarea de forjar un movimiento unitario en torno a los principios que dan vida a la Democracia, sin concesiones. En estos instantes, cuando el autoritarismo arrecia, tener como norte la erección de una alianza electoral, reduce la defensa de la Democracia a una simple sumatoria de sombras y fantasmas. No debe olvidarse que al frente no se tiene un opositor democrático que tercia por ganar la representación del soberano, sino una tendencia autoritaria que busca acabar con la Democracia, de manera que el maquillaje y el exhibicionismo electoral, salen sobrando.

Además de asentarse en el compromiso por y con la Democracia –sin poses ni engañifas-, tal movimiento debería concertar un programa de transición que permita sentar las bases para el desarrollo, por fin, de un régimen democrático vigoroso e indeleble; esbozar un programa político que siente las bases para avanzar hacia el esquivo progreso; y poner en pie una estructura que permita la acción creativa y activa, con y desde la ciudadanía, a fin que sea la acción no violenta la que permita, ahora, frenar al autoritarismo, y luego sellar su derrota en las urnas, a las que por fin asistiremos con la conciencia de que somos el soberano, nunca más indignos y ciegos vasallos.

No es momento para la mezquindad o la ceguera. Llega la hora de entender que la Democracia no es una promesa o simple apariencia, la Democracia es destino; y si Bolivia quiere ser, de verdad, tendrá que ser democrática.