Los intocables

Jorge Fernández Menéndez

No hay intocables, dice el presidente Peña Nieto. Ojalá sea así. En realidad, siempre hay quien se cree intocable. Más en una sociedad como la nuestra en la cual 98% de los delitos denunciados quedan impunes. Pero existe otra dimensión: la de la capacidad de las leyes para procurar justicia.


El caso de Elba Esther Gordillo es paradigmático en ese sentido, pero no es único. El proceso en su contra, basado en las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero de procedencia ilícita, será difícil de demostrar: no estamos hablando de los excesos que se pudieran haber cometido ni de los despilfarros. Hablamos de comprobar que el dinero fue utilizado en forma ilícita si es que el sindicato ratifica que sus órganos de control le dieron autorización para utilizar ese recurso, lo haya usado en lo que fuera, desde aviones hasta tiendas de lujo. De ese hilo: de que se compruebe que los recursos utilizados son de procedencia ilícita, es el del que pende todo el caso. Es verdad que hay otros potenciales delitos como los fiscales, que pueden permitir que Elba Esther siga procesada, pero los dos principales, delincuencia organizada y lavado de dinero, dependen casi en exclusiva de ese factor.
Eso es independiente del hecho de que la exhibición de todo el entramado de manejo de dinero sea un golpe político brutal contra un liderazgo político y sindical que se equivocó en muchas de sus decisiones sobre todo en la transición y el inicio de la administración de Peña, sobre la reforma educativa, pero sobre todo en la percepción de la fortaleza y la decisión de poder del propio Presidente. La reacción comedida del SNTE y de Nueva Alianza ante el tema es la mejor demostración de que, aunque tarde, se comprendió cómo funciona esta nueva realidad.
Pero si no habrá intocables, hay que recordar otros casos. Se ha hablado hasta el hartazgo de Carlos Romero Deschamps y de Joel Ayala, pero se podría incluir a muchos más, desde el propio Francisco Hernández Juárez, líder desde hace 37 años del sindicato de telefonistas (asumió el cargo exigiendo la democracia sindical), hasta el líder ferrocarrilero Víctor Flores, al que acusan de desviar más de 13 mil millones de pesos. Para no hablar de los dineros que le desapareció Martín Esparza a los pocos afiliados que quedan en el SME o Napoleón Gómez Urrutia con los 52 millones de dólares que les escamoteó a los sindicalistas de Cananea.
Si vamos a hablar de gobernadores, un caso notable de impunidad es Leonel Godoy. Olvidemos por un momento el caso de su hermano Julio César, prófugo por delitos de relación con el narcotráfico. Como aquí escribimos el año pasado, según las auditorías practicadas a su gobierno, a Godoy se le “perdieron” más de nueve mil millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero de 2011, créditos por cuatro mil 800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no hay información sobre cuál es la deuda que se estaría refinanciando. Respecto a los créditos obtenidos en sí, uno de Banorte por dos mil millones, otro de Banobras por mil 514 millones y el tercero del Banco del Bajío por mil 286 millones, resulta que los mismos se traspasaron, por lo menos los dos de la banca privada, a una cuenta del estado asentada en Bancomer, la 161421700, y el de Banobras no se tiene registro de a dónde fue a parar. En la cuenta pública se dice que se pagaron créditos de corto plazo a algunas instituciones bancarias, pero en ningún caso se dice cuáles son y en qué cuentas se aplicaron.
Al mismo tiempo, en pleno proceso electoral federal y de transición del gobierno local, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se pidió otro paquete de créditos por cuatro mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Dos créditos fueron utilizados para “necesidades temporales de Tesorería”. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron, por lo menos, mil millones, para pagó de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. De ese total, hay por lo menos mil 347 millones de pesos provenientes de préstamos bancarios que lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. Hay muchísimas irregularidades más. Por ejemplo, existe un incumplimiento en el pago del ISR descontado a los salarios de los trabajadores estatales de más de 998 millones de pesos en el último año de la administración de Godoy. No se localizan 148 automóviles, maquinarias pesadas, predios, inmuebles y terrenos. Desaparecieron.
Si ese es el caso de Godoy, ahí tenemos también el de Andrés Granier: faltan, lo ha denunciado su sucesor Arturo Núñez, miles de millones de pesos, tres mil de los cuales estarían depositados en la cuenta de banco de una de las hijas del ex gobernador. La lista podría continuar. Porque hasta ahora hay muchos intocables