Ivonne Melgar
Con amor infinito a Santiago Beltrán Melgar, en el gozo de su risa, sus talentos y su libre albedrío.
La sospecha avanza entre la oposición y las señales de alarma se prenden para tomar con mayor precaución las reformas venideras.
Todo era miel sobre hojuelas cuando bajo la firma del Pacto por México, el PAN y el PRD se convirtieron en los principales defensores de las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución.
Remover a los monopolios sindicales requiere de una operación de Estado que el gobierno solo no podría enfrentar, alegaron panistas y perredistas, en referencia al acotamiento que el SNTE y su presidenta vitalicia, Elba Esther Gordillo, experimentarán en la administración del servicio docente.
Optimistas, las cúpulas del PAN y del PRD firmantes del Pacto se enfrentaron a sus disidentes y críticos internos con el alegato de que la plataforma del acuerdo retomaba sus históricas y respectivas reivindicaciones partidistas hasta en 80 por ciento.
Pero aquel clima de unanimidad en contra de la presunta responsable de los males educativos ha comenzado a desvanecerse ante los siguientes acotamientos.
Y es que en términos políticos, de eso se trata el Pacto, de medidas que buscan limitar poderes que en la docena blanquiazul tuvieron la capacidad de sujetar al gobierno a sus reglas del juego: SNTE, sindicato petrolero y empresarios de la telefonía y las televisoras.
En el papel, la oferta de recuperar la supremacía del Estado frente a “los poderes fácticos” entusiasmó a la oposición. Pero cuando esto adquirió forma, los legisladores del PAN y del PRD comenzaron a dudar.
Ese fue el caso de la Ley de Amparo (fracciones XII y XIII del artículo 129) que las cámaras empresariales buscaron infructuosamente modificar hace 11 días en San Lázaro.
La bancada del PAN y algunos diputados del PRD, junto con los de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de mantener vigente el recurso de la suspensión para los empresarios de los llamados bienes concesionados, (telecomunicaciones, radio y televisión y sectores energético, financiero, aéreo, de servicios de agua y recolección de basura) a fin de seguir operando mientras el poder judicial desahoga la investigación de los ilícitos denunciados por la autoridad federal.
Por una diferencia favorable de 17 votos, determinada por el Partido del Trabajo, se impuso la postura del PRI, avalada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hubo, sin embargo, algunos diputados priistas, vinculados a negocios de concesión, que optaron por abstenerse o el ausentismo. Y, a pesar de su tradicional disciplina, una cuarta parte de la bancada del Verde se sumó a los reclamos empresariales.
Las dudas fueron pronunciadas por los panistas, quienes consideraron que ese acotamiento del amparo deja abierta la puerta al gobierno para que persiga, castigue o proscriba a empresarios que, por diferencias políticas, resulten incómodos, ya sea clausurando una estación de radio o interviniendo un banco.
Aún cuando resulta previsible que el Senado avalará la minuta de la Ley de Amparo que los diputados le enviaron, no se descarta la presentación de una controversia constitucional sustentada en algún tratado internacional.
Sin embargo, desde ya auguramos su rechazo, toda vez que los ministros de la Corte fueron, en reuniones en corto, los principales asesores del acotamiento al gran capital.
Porque si bien hasta ahora no hemos escuchado ningún pronunciamiento público del gobierno de Peña en contra del sector privado, ya se susurra en el Congreso que detrás de las reformas del Pacto se asoma un nuevo modelo económico encaminado a frenar la voracidad empresarial.
Y, en esa misma línea, se afirma que ese será el sello de la reforma de telecomunicaciones, diseñada para acotar a los monopolios del ramo.
De manera que no debemos desoír el mensaje que ayer lanzó el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, en la ceremonia solemne para rememorar a Madero y Pino Suárez, cuando dijo que el Estado “ya no puede abonar la abundante panza de los odiados monopolios”.
A las dudas de qué tan saludable resulta para la democracia otorgarle al gobierno mecanismos jurídicos que le permitirían controlar al empresariado, se añadieron en las últimas horas las sospechas perredistas, panistas e incluso priistas en torno a los alcances adversos del acotamiento al fuero de servidores públicos y legisladores.
El tema consumirá varias horas de debate en los días por venir, con la sombra de la sospecha de si las limitaciones de esa inmunidad devolverían a los gobernadores el poder de la persecución a los diputados y senadores críticos.
Hay que decirlo: aquel entusiasmo de diciembre para ponerle un hasta aquí a la maestra Gordillo se ha sustituido por el temor de estar siendo literalmente chamaqueados por los afanes de una restauración que devuelva al ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, —Presidente, gobernadores y alcaldes— las facultades del poder imperial.
Y que, a diferencia del pasado, esta vez se trate de atribuciones legales, legitimadas en la Constitución y por unos incautos firmantes del Pacto.
La sospecha avanza entre la oposición y las señales de alarma se prenden para tomar con mayor precaución las reformas venideras.
Todo era miel sobre hojuelas cuando bajo la firma del Pacto por México, el PAN y el PRD se convirtieron en los principales defensores de las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución.
Remover a los monopolios sindicales requiere de una operación de Estado que el gobierno solo no podría enfrentar, alegaron panistas y perredistas, en referencia al acotamiento que el SNTE y su presidenta vitalicia, Elba Esther Gordillo, experimentarán en la administración del servicio docente.
Optimistas, las cúpulas del PAN y del PRD firmantes del Pacto se enfrentaron a sus disidentes y críticos internos con el alegato de que la plataforma del acuerdo retomaba sus históricas y respectivas reivindicaciones partidistas hasta en 80 por ciento.
Pero aquel clima de unanimidad en contra de la presunta responsable de los males educativos ha comenzado a desvanecerse ante los siguientes acotamientos.
Y es que en términos políticos, de eso se trata el Pacto, de medidas que buscan limitar poderes que en la docena blanquiazul tuvieron la capacidad de sujetar al gobierno a sus reglas del juego: SNTE, sindicato petrolero y empresarios de la telefonía y las televisoras.
En el papel, la oferta de recuperar la supremacía del Estado frente a “los poderes fácticos” entusiasmó a la oposición. Pero cuando esto adquirió forma, los legisladores del PAN y del PRD comenzaron a dudar.
Ese fue el caso de la Ley de Amparo (fracciones XII y XIII del artículo 129) que las cámaras empresariales buscaron infructuosamente modificar hace 11 días en San Lázaro.
La bancada del PAN y algunos diputados del PRD, junto con los de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de mantener vigente el recurso de la suspensión para los empresarios de los llamados bienes concesionados, (telecomunicaciones, radio y televisión y sectores energético, financiero, aéreo, de servicios de agua y recolección de basura) a fin de seguir operando mientras el poder judicial desahoga la investigación de los ilícitos denunciados por la autoridad federal.
Por una diferencia favorable de 17 votos, determinada por el Partido del Trabajo, se impuso la postura del PRI, avalada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hubo, sin embargo, algunos diputados priistas, vinculados a negocios de concesión, que optaron por abstenerse o el ausentismo. Y, a pesar de su tradicional disciplina, una cuarta parte de la bancada del Verde se sumó a los reclamos empresariales.
Las dudas fueron pronunciadas por los panistas, quienes consideraron que ese acotamiento del amparo deja abierta la puerta al gobierno para que persiga, castigue o proscriba a empresarios que, por diferencias políticas, resulten incómodos, ya sea clausurando una estación de radio o interviniendo un banco.
Aún cuando resulta previsible que el Senado avalará la minuta de la Ley de Amparo que los diputados le enviaron, no se descarta la presentación de una controversia constitucional sustentada en algún tratado internacional.
Sin embargo, desde ya auguramos su rechazo, toda vez que los ministros de la Corte fueron, en reuniones en corto, los principales asesores del acotamiento al gran capital.
Porque si bien hasta ahora no hemos escuchado ningún pronunciamiento público del gobierno de Peña en contra del sector privado, ya se susurra en el Congreso que detrás de las reformas del Pacto se asoma un nuevo modelo económico encaminado a frenar la voracidad empresarial.
Y, en esa misma línea, se afirma que ese será el sello de la reforma de telecomunicaciones, diseñada para acotar a los monopolios del ramo.
De manera que no debemos desoír el mensaje que ayer lanzó el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, en la ceremonia solemne para rememorar a Madero y Pino Suárez, cuando dijo que el Estado “ya no puede abonar la abundante panza de los odiados monopolios”.
A las dudas de qué tan saludable resulta para la democracia otorgarle al gobierno mecanismos jurídicos que le permitirían controlar al empresariado, se añadieron en las últimas horas las sospechas perredistas, panistas e incluso priistas en torno a los alcances adversos del acotamiento al fuero de servidores públicos y legisladores.
El tema consumirá varias horas de debate en los días por venir, con la sombra de la sospecha de si las limitaciones de esa inmunidad devolverían a los gobernadores el poder de la persecución a los diputados y senadores críticos.
Hay que decirlo: aquel entusiasmo de diciembre para ponerle un hasta aquí a la maestra Gordillo se ha sustituido por el temor de estar siendo literalmente chamaqueados por los afanes de una restauración que devuelva al ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, —Presidente, gobernadores y alcaldes— las facultades del poder imperial.
Y que, a diferencia del pasado, esta vez se trate de atribuciones legales, legitimadas en la Constitución y por unos incautos firmantes del Pacto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario