Jorge Fernández Menéndez
Si bien las estrategias específicas de seguridad
no han cambiado en forma notable en el inicio de esta administración lo
que sé que sí se ha modificado, como hemos dicho muchas veces, es la
política en torno a la misma: hay mayor coordinación, a nivel federal y
de la Federación con los municipios, hay un buen esquema de
regionalización y un mejor manejo mediático. También han sido acertadas
las distintas designaciones (la más reciente la de Monte Alejandro Rubido en
el Sistema Nacional de Seguridad Pública es excelente: es un
funcionario de Estado notable). Tampoco se pueden pedir (ni ofrecer)
resultados en el muy corto plazo: recuperar la seguridad es un proceso
que tomará, todavía, algunos años. Y la voluntad nunca alcanza, por sí
sola, para cambiar los procesos sociales.
Pero precisamente por todo eso es prioritario atender los focos rojos que van surgiendo. La administración Peña no ha querido publicitar los operativos específicos realizados en distintos estados y regiones, para apartarse de la imagen de emergencia que esas intervenciones reflejaban en la opinión pública. Y probablemente hace bien. Pero hay ocasiones en que se debe actuar con mucha firmeza, incluso asumiendo costos, para evitar que crezcan focos rojos que pueden desestabilizar no sólo la seguridad, sino también la propia percepción global del gobierno.
Por razones de seguridad, políticas y para evitar indudables repercusiones en muchos otros ámbitos, el gobierno federal debe implementar medidas de seguridad extraordinarias en el Estado de México, la entidad natal y cuna política del presidente Peña Nieto, porque allí se está viviendo una inocultable ofensiva del crimen organizado que va más allá de los simples hechos delictivos. Al inicio de la administración pasada, el crimen organizado lanzó una ofensiva de inaudita violencia en Michoacán, la tierra natal del presidente Calderón, prácticamente obligándolo a iniciar allí, a los pocos días del comienzo de su gobierno, un vasto operativo de seguridad que simplemente destapó una inmensa olla de corrupción, descomposición institucional y penetración del crimen organizado en todos los ámbitos estatales cuyas consecuencias se viven hasta el día de hoy.
Ahora al presidente Peña Nieto le ocurre lo mismo en su tierra. Un simple recuento de lo ocurrido en las últimas horas lo pone de manifiesto: el tiroteo e incendio de un amplio local en el municipio de La Paz; un atentado a una tienda en Jiutepec, con un saldo de tres muertos, en ambos casos por, supuestamente, no haber pagado las extorsiones que exigían distintos grupos criminales. Al mismo tiempo aparecieron tres personas muertas con tiro de gracia en Nezahualcóyotl y un policía fue asesinado en Ecatepec. Todo esto ocurrió en unas pocas horas y desgraciadamente es algo que se está repitiendo un día tras otro. No hablemos de lo que ocurre en municipios alejados como Luvianos.
El ingreso de los grupos criminales se ha realizado desde Michoacán y Guerrero y se han ido desplazando desde la sierra hasta los municipios conurbados de la Ciudad de México, el mejor ámbito posible para la instalación de estos grupos criminales asociados con pandillas y bandas locales.
Si el gobierno federal no se apresura a realizar un operativo de fondo en toda esa región, nos encontraremos con una situación que puede tonarse inmanejable. Los mecanismos de cooperación, depuración policiaca, inteligencia, de participación policial y militar, pero también los programas sociales de la Sedesol o los de prevención se deben lanzar en muy corto plazo en toda esa región. El gobierno federal no puede permitir que se desestabilice la periferia de la Ciudad de México, con millones de habitantes en el mayor cordón productivo del país que coexiste con enormes bolsones de pobreza.
No nos engañemos: lo que está sucediendo en los municipios conurbados del Estado de México, y en otras regiones del estado, son el mayor desafío en materia social y de seguridad que tiene hoy la administración Peña. Si no se actúa rápido, después será siempre tarde.
24 años
Hace 24 años comenzó a publicarse esta columna Razones, primero en forma semanal en el entrañable periódico Unomásuno, a invitación de Luis Gutiérrez, y desde 1994 diariamente, gracias a mi amigo Pablo Hiriart, en El Nacional. Hoy y desde 2006, Razones es parte del queridísimo Excélsior. Antes pasó seis años en El Financiero y otros seis en Milenio. Desde siempre se ha publicado en distintos medios en muchos estados del país. En todos ellos, siempre, he tenido un trato envidiable y una libertad absoluta: los aciertos pueden ser colectivos, pero los errores son responsabilidad completa del autor. Lo que no ha variado es el placer de investigar, reportear y escribir. Tampoco el honor indescriptible y la perplejidad de que un lector le permita a un autor llegar a su casa y acompañarlo durante tantos años. A todos, editores y lectores, gracias.
Pero precisamente por todo eso es prioritario atender los focos rojos que van surgiendo. La administración Peña no ha querido publicitar los operativos específicos realizados en distintos estados y regiones, para apartarse de la imagen de emergencia que esas intervenciones reflejaban en la opinión pública. Y probablemente hace bien. Pero hay ocasiones en que se debe actuar con mucha firmeza, incluso asumiendo costos, para evitar que crezcan focos rojos que pueden desestabilizar no sólo la seguridad, sino también la propia percepción global del gobierno.
Por razones de seguridad, políticas y para evitar indudables repercusiones en muchos otros ámbitos, el gobierno federal debe implementar medidas de seguridad extraordinarias en el Estado de México, la entidad natal y cuna política del presidente Peña Nieto, porque allí se está viviendo una inocultable ofensiva del crimen organizado que va más allá de los simples hechos delictivos. Al inicio de la administración pasada, el crimen organizado lanzó una ofensiva de inaudita violencia en Michoacán, la tierra natal del presidente Calderón, prácticamente obligándolo a iniciar allí, a los pocos días del comienzo de su gobierno, un vasto operativo de seguridad que simplemente destapó una inmensa olla de corrupción, descomposición institucional y penetración del crimen organizado en todos los ámbitos estatales cuyas consecuencias se viven hasta el día de hoy.
Ahora al presidente Peña Nieto le ocurre lo mismo en su tierra. Un simple recuento de lo ocurrido en las últimas horas lo pone de manifiesto: el tiroteo e incendio de un amplio local en el municipio de La Paz; un atentado a una tienda en Jiutepec, con un saldo de tres muertos, en ambos casos por, supuestamente, no haber pagado las extorsiones que exigían distintos grupos criminales. Al mismo tiempo aparecieron tres personas muertas con tiro de gracia en Nezahualcóyotl y un policía fue asesinado en Ecatepec. Todo esto ocurrió en unas pocas horas y desgraciadamente es algo que se está repitiendo un día tras otro. No hablemos de lo que ocurre en municipios alejados como Luvianos.
El ingreso de los grupos criminales se ha realizado desde Michoacán y Guerrero y se han ido desplazando desde la sierra hasta los municipios conurbados de la Ciudad de México, el mejor ámbito posible para la instalación de estos grupos criminales asociados con pandillas y bandas locales.
Si el gobierno federal no se apresura a realizar un operativo de fondo en toda esa región, nos encontraremos con una situación que puede tonarse inmanejable. Los mecanismos de cooperación, depuración policiaca, inteligencia, de participación policial y militar, pero también los programas sociales de la Sedesol o los de prevención se deben lanzar en muy corto plazo en toda esa región. El gobierno federal no puede permitir que se desestabilice la periferia de la Ciudad de México, con millones de habitantes en el mayor cordón productivo del país que coexiste con enormes bolsones de pobreza.
No nos engañemos: lo que está sucediendo en los municipios conurbados del Estado de México, y en otras regiones del estado, son el mayor desafío en materia social y de seguridad que tiene hoy la administración Peña. Si no se actúa rápido, después será siempre tarde.
24 años
Hace 24 años comenzó a publicarse esta columna Razones, primero en forma semanal en el entrañable periódico Unomásuno, a invitación de Luis Gutiérrez, y desde 1994 diariamente, gracias a mi amigo Pablo Hiriart, en El Nacional. Hoy y desde 2006, Razones es parte del queridísimo Excélsior. Antes pasó seis años en El Financiero y otros seis en Milenio. Desde siempre se ha publicado en distintos medios en muchos estados del país. En todos ellos, siempre, he tenido un trato envidiable y una libertad absoluta: los aciertos pueden ser colectivos, pero los errores son responsabilidad completa del autor. Lo que no ha variado es el placer de investigar, reportear y escribir. Tampoco el honor indescriptible y la perplejidad de que un lector le permita a un autor llegar a su casa y acompañarlo durante tantos años. A todos, editores y lectores, gracias.
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