Caso Brenda: ¡no más Florence Cassez!

Martín Moreno

En una estrategia desesperada y hasta tramposa, la defensa de Brenda Quevedo Cruz —acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda— recurre a demandas legales contra periodistas y a versiones que al parecer buscan presentar a Brenda como la “Florece Cassez mexicana”, ante su futuro inevitable: la sentencia penal.
Envalentonados por la inercia del caso Cassez, los defensores de Brenda —los legales y las oficiosas— pretenden que sea liberada y no responda a las acusaciones que se le imputan. ¿Cuál es el miedo de esta presunta secuestradora?


Sencillo: enfrentar la cárcel ante el proceso grave que atraviesa.
Recordemos que algunos de sus coacusados pertenecientes a la banda de secuestradores capitaneada por César Freyre ya fueron sentenciados: Freyre, a 131 años de prisión; los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz, a 93 años, y Juana Hilda González Lomelí, a 78 años.
En proceso: Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 en el restaurante Tapas Mojito, de Louisville, Kentucky, donde trabajaba bajo el seudónimo de “Nadia Vázquez, venezolana”; y Jacobo Tagle Dobin, aprehendido en diciembre de 2010.
En agosto de 2012 se presentó una demanda contra este columnista (y Santillana Ediciones Generales) por parte de Brenda Quevedo y de su señora madre, Pasiana Enriqueta Cruz. Plantean daño moral contra Brenda ante el capítulo “La conejita dealer”, incluido en mi libro El caso Wallace, editado por Santillana.
(Vale aclarar que el mote de La conejita dealer no fue acuñado por este periodista. Lo retomé de un periódico capitalino que presentó una nota del reportero Carlos Jiménez, bajo la cabeza de “Brenda distribuía droga”, y como subtítulo de una fotografía en la que se aprecia a Quevedo Cruz disfrazada de “conejita” (incluida en el libro), se lee: “La conejita dealer. Brenda, según Hilda, abastecía de droga a jóvenes que acudían a La Cama y El Doberman” (nombres de antros).
¿Qué quieren los demandantes, entre otras cosas? Dinero: piden diez millones de pesos.
Veamos:
1) En la demanda se me acusa de violar “el principio de inocencia” de Brenda. Mi respuesta legal: “Es falso… toda vez que el mismo es un derecho procesal de carácter penal y no soy autoridad ni tengo facultades rectoras del proceso”.
2) Opuse ante la demanda la “excepción de prescripción en virtud de haber transcurrido más de (2) años contados a partir de la conducta que la parte actora tilda de ilícita, esto es, la publicación de El caso Wallace”.
3) Se afirma, por una parte, que El caso Wallace fue realizado “sin tomar en cuenta los elementos probatorios que obran en la causa penal 35/2006”, y por otra se sostiene que el suscrito “prosigue transcribiendo hechos que al parecer constan dentro de un expediente penal, al cual en ningún momento se le ha dado acceso oficial…” Por ende, la demanda es incongruente y contradictoria, pues por un lado me atribuye el haber escrito sin tomar en cuenta elementos de la causa penal, y por otro me imputa haber tenido acceso de manera ilegal al expediente.
¿Por qué sostengo que es tramposa la defensa de esta presunta secuestradora? Que Brenda Quevedo se haya dedicado a la venta de drogas, no es acusación mía. Me remito a parte de la declaración oficial de Juana Hilda González Lomelí del 8 febrero de 2008, incluida en la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, que aparece en la página 156 de mi libro: “En alguna ocasión, Brenda hizo el comentario de que en esos lugares ya tenía clientela, esto es: a quienes les vendía tachas”. Hasta aquí lo declarado. En todo caso, Brenda debería reclamarle a Juana Hilda por haberla denunciado.
En lo legal, la demanda está radicada en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil en el DF.
Ya veremos si la justicia capitalina actúa en favor de una sociedad agraviada por la criminalidad o respalda y se dobla ante una presunta secuestradora, como la SCJN lo hizo con Florence Cassez.
Y más allá de demandas y aspectos legales, ¿ante qué estamos?
Primero: ante una ofensiva legal-mediática para hacer aparecer a Brenda Quevedo como la “Florence Cassez mexicana”, envalentonada la criminalidad ante la indignante liberación de la secuestradora francesa.
Segundo: en torno a Brenda hay un embate contra periodistas que revelamos detalles de secuestros —en este caso el de Hugo Alberto Wallace— con el propósito de no transparentar los hechos, atentando no sólo contra la libertad de expresión, sino lo más grave: el intento de censura contra el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre.
Estamos ante un momento delicado: o la justicia actúa en favor de una sociedad agraviada o respalda a la delincuencia.
Pronto lo sabremos.