Cómo “doblar” al Estado

Martín Espinosa

En las últimas semanas, grupos magisteriales de Guerrero y Oaxaca han salido —nuevamente— a las calles tanto de las capitales de sus estados como del Distrito Federal a protestar por la reforma aprobada a la Ley General de Educación. Y, por ello, han presionado a sus gobernadores a “introducir” varias modificaciones —algunas en contra del texto aprobado por sus propios Congresos locales— con el fin de no perder “canonjías” y privilegios que han ido acumulando con el paso de los años y que les garantizan el “control” de sus huestes, más preocupadas por la “politiquería” que por una verdadera transformación del sistema educativo nacional.


Es más, en el colmo del cinismo, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, tuvo que “cancelar” hace unas horas la presentación pública de la iniciativa del anteproyecto de la reforma a la Ley General de Educación porque la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, perteneciente a la Coordinadora Nacional que es la disidencia al interior del gremio magisterial que hasta hace unas semanas encabezaba la tristemente célebre Elba Esther Gordillo, acordó rechazar la propuesta porque simple y sencillamente no le gustó a sus “líderes”. ¡Y que el gobierno le haga como quiera!
Al fin que ya “doblaron” al gobierno de Guerrero, “recetándole” a los paseantes de Semana Santa un bloqueo de más de nueve horas en la Autopista México-Acapulco. Y amenazan con más.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso oaxaqueño, el perredista Alejandro López Jarquín, ha dicho en las últimas horas que los legisladores no van a aprobar lo que de entrada demandan los líderes magisteriales: declarar el “estado de excepción” en Oaxaca en cuanto a la aplicación de la legislación federal porque se contrapone con la Constitución misma y rompería con el federalismo.
Queda claro que lo que negociaron en días pasados el equipo jurídico de los “maestros” y las propias autoridades estatales buscaba retomar algunas propuestas que no rompieran con el marco constitucional de las reformas aprobadas en el Congreso federal así como incorporar infraestructura básica y las condiciones sociales para impulsar el desarrollo de la enseñanza de miles de niños oaxaqueños, en este caso.
Sin embargo, sabedores de que ello terminaría con el conflicto que dichos grupos mantienen con el gobierno federal, rechazaron el documento porque —además— el proyecto para adecuarse como Ley General de Educación tiene un plazo específico para su análisis en el Congreso local y, de ser aprobado, subiría a la Cámara de Diputados federal para su discusión y —en su caso— aprobación.
Se cumple lo que anticiparon algunos analistas en el sentido de que más que la resistencia que iban a enfrentar las reformas en materia educativa por parte de los “elbistas” lo difícil iba a estar en la llamada disidencia magisterial que hoy tiene “postrados” a los gobiernos federal, de Oaxaca, Guerrero y Michoacán y a la propia sociedad que suplica que, de una vez por todas, prive el interés de la mayoría por encima de los “cotos” de poder que han acumulado líderes políticos que siguen lucrando con el tema educativo.
Si bien el Ejecutivo se libró de un liderazgo “incómodo” que lo mismo utilizaba de pretexto a la educación para hacer política partidista o “colocar” a sus incondicionales en posiciones de poder, hoy urge “sacudirse” ese tipo de movimientos de agitación social que crecieron al amparo del propio “poder” y aprovechándose de la pobreza económica e intelectual de sus sociedades, si es que de verdad les interesa mejorar la educación de millones de niños.