Enmienda migratoria en EE.UU.

por Manuel Suárez-Mier
Manuel Suárez-Mier es Profesor de Economía de American University en Washington, DC.
Finalmente se dio a conocer la síntesis del contenido de la reforma migratoria preparada por un grupo de senadores de los dos partidos políticos principales de EE.UU., grupo conocido como la “pandilla de los ocho,” y se inicia el proceso legislativo para su aprobación esta misma semana con audiencias que se inician hoy mismo.
Como muchos proyectos legislativos, este tiene un largo nombre: “Acta de 2013 (para la) seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización migratoria” y el resumen presentado contiene profusos detalles de cómo proponen los senadores cumplir con los múltiples objetivos que se persiguen en este proyecto de ley.


El primer objetivo es el de conseguir la “seguridad fronteriza” definida como lograr y mantener un control efectivo de los “sectores de alto riesgo” (más de 30 mil detenidos al año) en la frontera sur, lo que se hará de dos maneras: 1) Vigilancia permanente; 2) Una efectividad del 90 por ciento, definida como el número de aprehensiones y expulsiones dividida entre el número de ingresos ilegales.
Se crea un fondo de 3 mil millones de dólares para instalar equipos de detección y vigilancia usados por la secretaría de la Defensa; para desplegar personal adicional en la frontera sur para la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza; y para sistemas de vigilancia aérea y el equipo de apoyo necesario.
Se presupuestan $1.500 millones adicionales para seguir construyendo la estacada fronteriza bajo una “estrategia para bardar la frontera sur” que identifique qué zonas son prioritarias y en cuales se requiere una valla doble, en adición a la instalación de tecnología e infraestructura de apoyo.
La secretaría de Seguridad Doméstica (DHS, por sus siglas en inglés)  tendrá seis meses para presentar planes concretos para hacer operativos los propósitos enumerados y se condiciona el cambio de estatus migratorio de todo inmigrante indocumentado a que dichos planes hayan sido aprobados por el Congreso.
  En adición a lo anterior DHS deberá implementar un sistema de verificación obligatoria del estatus migratorio de sus trabajadores que será adoptado por todos los empleadores de EE.UU. para impedir darles empleo a inmigrantes indocumentados.
DHS también tiene la obligación de instalar un sistema electrónico de registro de las salidas de su territorio que opere en todos los puntos de ingreso/egreso del país para tener un control efectivo de quienes habiendo entrado legalmente a EU, permanecen más allá del plazo autorizado por sus visas.
Si la tasa de efectividad del 90 por ciento antes definida no se alcanza en cinco años, se establecerá una Comisión para la Seguridad de la Frontera Sur que haga los análisis necesarios para determinar qué se requiere hacer para alcanzar la meta citada, para lo que se presupuestarían 2 mil millones de dólares adicionales.
Se prevé la creación de 3.500 plazas nuevas para agentes aduanales en adición al despliegue de la Guardia Nacional en las zonas limítrofes con México, lo que sumado a detallados ordenamientos complementarios pretende sellar la frontera antes de conceder estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) a los indocumentados.
La condición de RPI que le permitiría a los inmigrados trabajar legalmente en EE.UU., se consigue después de pagar una multa de 500 dólares y de haber demostrado que están en EE.UU. desde diciembre de 2011 y que no han cometido crímenes graves, y tiene una vigencia de seis años. A su término hay que pagar otra multa de 500 dólares para extender ese permiso por cuatro años adicionales.
Las personas que estén clasificadas con el estatus migratorio de RPI no tendrán acceso a los programas de bienestar que otorga el gobierno de EE.UU. a sus ciudadanos y podrán aspirar a ser residentes legales después de diez años, si han pagado sus impuestos puntualmente y se formen “en la cola” detrás de otros solicitantes con mayores méritos y pagan una nueva multa de mil dólares.
Hay numerosos cambios adicionales al sistema de visas, incluyendo una nueva categoría para trabajadores temporales en la que se reinventa el Programa Bracero que estuvo vigente entre 1942 y 1964, que topa el número de visas en función de una fórmula que toma en consideración el nivel de desempleo en EE.UU., entre otros factores.
Se trata de un proyecto de ley sumamente complejo con procedimientos engorrosos y caros pero representa un buen esfuerzo de la pandilla de ocho para cubrir todos los aspectos del enredado fenómeno de la inmigración ilegal. Ahora veremos cuál es su destino en el proceloso camino que le falta por recorrer antes de su aprobación final.