¿DÓNDE QUEDARON LA LEGALIDAD Y EL DERECHO?

Cada primero de mayo, las organizaciones laborales suelen tomar las calles–generalmente a manera de celebración–, y aprovechan el momento para externar demandas, inconformidades e incluso logros.

Sin embargo, en esta ocasión, en el Distrito Federal y en Guerrero, la fecha se convirtió en pretexto para desatar el vandalismo.

En la Ciudad de México, jóvenes encapuchados apedrearon la fachada del Banco de México y realizaron pintas en el Palacio de correos.

Más tarde, uno de sus contingentes abandonó el Centro Histórico y se dirigió a las instalaciones de Televisa Chapultepec donde los esperaba un grupo de granaderos.

 

Por su parte, los maestros de la CETEG –La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero– anunciaron un paro indefinido en el Zócalo del DF, además de marchas –también en la capital– el 6 y 15 de mayo.

Y eso no es todo, los "maestros" que se quedaron en Guerrero llevaron a cabo pintas y destrozos en el auditorio Sentimientos de la Nación, en el Palacio de Gobierno y en las oficinas del DIF estatal.

Más tarde, los mismos "profesores" se aglomeraron en la Casa Guerrero –la residencia del gobernador Ángel Aguirre– y no se limitaron a rayonear e intimidar; los reportes periodísticos muestran que lazaron piedras, aventaron petardos e incluso se sabe de automóviles volcados y destruidos por los inconformes.

Para rematar, la dirigencia del SME –en voz de su líder, Martín Esparza–, adelantó una marcha a partir de las 9:00 horas de mañana desde la sede del Sindicato hasta la Embajada de Estados Unidos. Y es que, aseguran estar en desacuerdo con la visita de Barack Obama a México.

En pocas palabras, que el día del trabajo se convirtió –en algunas partes– en el día del vándalo. Un hecho que, por donde se quiera ver, resulta lastimoso y debiera ser causa no sólo de repruebo sino de sanción.

No obstante, durante los episodios de violencia, ninguna autoridad municipal, estatal o federal; ningún elemento del ejecutivo, del legislativo o del poder judicial; y tampoco ningún miembro de la sociedad civil organizada o de instituciones ciudadanas, hizo algo para frenar el avance del caos.

Nuevamente, la política atropelló el estado de derecho y la acción de la justicia. La impunidad pudo más que el orden y se volvió a tensar la fibra de la tolerancia de los mexicanos.

A los ojos de quien quiera ver, esta situación es insostenible. Pero todo hace pensar que las autoridades son ciegas o se han negado a ver la alarmante realidad.

¿De qué realidad hablamos?

De la de un Estado en donde la legalidad y el derecho aparecen al final de la lista de prioridades. Un Estado que no cumple su función de procurador y garante de la paz e integridad de sus habitantes.

Luego entonces, en tanto estas manifestaciones sigan fuera de control y las autoridades prefieran cruzar los brazos, la ciudadanía tiene los elementos para pensar que habita en un espacio sin orden, sin gobierno y sin ley.

Por Ricardo Alemán.