09 mayo, 2013

¿Es aconsejable y prudente otorgar créditos por decreto? Además, ¿recuperaríamos lo prestado?

La reforma financiera, pospuesta su presentación por querellas políticas, ha causado interés entre algunos actores del sector financiero, particularmente en los banqueros. Lo que ha provocado sus reacciones, es la intención que detectan en dicha reforma: estimular de manera artificial el otorgamiento de crédito.
El que promueve la reforma –el Ejecutivo–, insiste y da cifras de ello, en que el monto prestado en nuestro país deja mucho qué desear; el argumento principal con el cual soporta su afirmación, es que su tamaño es muy reducido –como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)– frente a lo que presta la banca en países de América Latina.


Incluso se lleva el argumento al extremo cuando se afirma que no es lógico que en esos países, “más atrasados que nosotros” –aún cuando no se especifica en qué lo están–, el monto prestado –siempre como porcentaje del PIB–, es mayor que en México.
Se deja de lado, por razones fáciles de entender, que en esto del crédito y su otorgamiento, no hay una relación causa-efecto entre el nivel de desarrollo de un país, y el monto prestado por su sistema financiero. Es decir, el que un país esté más desarrollado que otro no implica, necesariamente, que el monto del crédito –como porcentaje del PIB– deba ser mayor que lo que se presta en el país “atrasado”.
La oferta y la demanda de crédito en una economía, son resultado de un conjunto de factores entre los cuales, el nivel de atraso del país no es de los de mayor peso, y tampoco que haya una o varias leyes que obliguen a la banca a otorgarlo a los agentes económicos.
El elemento central de un sistema financiero –para que éste pueda jugar el papel que le corresponde en una economía abierta–, es el sistema judicial del país, y el nivel de cultura de la legalidad de sus ciudadanos, específicamente de los agentes económicos.
Si en el país de que se trate no se respetare el contenido de los contratos y los derechos de propiedad no son salvaguardados por la ley, sería imposible esperar que el sistema financiero abra, como por arte de magia, “la llave del crédito”. No hay que olvidar que los recursos que la banca presta, no pertenecen a los banqueros sino a los depositantes, inversionistas y ahorradores.
En consecuencia, la prudencia y el análisis objetivo de la rentabilidad del proyecto a financiar, deben estar por encima de los deseos e ideas equívocas que el funcionario tenga acerca del crédito en una economía.
La banca, si la economía creciere de acuerdo con su potencial, respondería en consecuencia pero, si ésta llevara decenios registrando crecimientos mediocres; si privara la cultura del no pago por encima de la legalidad y el respeto de los derechos de propiedad y además, hay una escasez casi total de proyectos rentables, ¿cómo esperar así, que el monto del crédito se eleve por decreto?
¿Qué pasará con la reforma financiera? Sin duda, será aprobada; sin embargo, dudo que los cambios legislativos resultantes vayan, por sí solos, a elevar el monto del crédito; crecerá, sí, porque el garante de su elevación artificial será el Ejecutivo no los proyectos rentables.
¿De qué nos ha servido, tanto fracaso crediticio desde los años treinta del siglo pasado? ¿Por qué cometer, una y otra vez el mismo error?

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