por Guillermo Cabieses
Guillermo Cabieses es profesor de los cursos de Economía y Derecho
en la Universidad de Lima y de Derecho y Análisis Económico del Derecho
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es Máster en
Derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y
abogado por la Universidad de Lima.
Las fallas del mercado suelen definirse como
situaciones en las que el mercado no logra alcanzar la eficiencia,
porque el comportamiento individual de cada persona tratando de
maximizar sus beneficios se contrapone al supuesto mejor resultado
social. Típicamente se identifican como fallas del mercado a la asimetría de información, los monopolios, las externalidades y los bienes públicos. Cuando una de éstas se presentan es típico que los economistas aboguen de inmediato por un intervención estatal que remedie la falla. Sin embargo, como bien señaló el profesor de UCLA, Harold Demsetz, esto es caer en la “Falacia del Nirvana”.
Es decir, errar al comparar la alternativa existente (el mercado) con
una ideal (lo que pasaría si el gobierno interviene) y no una real (lo
que realmente pasa si el gobierno interviene), es creer que el gobierno
no falla y no ser conscientes de que el remedio puede ser peor que la
enfermedad.
Y es que, bien vistas las cosas, el concepto de falla de mercado se contrapone a otro que puede ser bastante más grave, la falla del gobierno,
que es cuando la regulación que se crea para remediar una falla de
mercado conduce a una situación en la que la sociedad se aleja aún más
de la eficiencia.
Un caso emblemático de una falla de gobierno es la prohibición de
emitir publicidad para remediar asimetrías informativas, cuando
justamente la publicidad está pensada para transmitir información y
reducir esa asimetría; otro, la obligación de revelarle al consumidor
absolutamente toda la información existente respecto de un producto,
como en el caso de las ventas por internet, en donde el consumidor
recibe mucho más información de la que puede y quiere procesar, optando
por ignorarla. En ambos casos, sin embargo, los precios suben y el
consumidor está peor, con productos más caros y menos información.
Algo similar sucede con los monopolios, en donde se cree que la
regulación estatal es necesaria para que los monopolistas no abusen de
posición. Sin embargo, es discutible que la intervención estatal sea más
efectiva que la amenaza de la competencia que tarde o temprano éstos
enfrentan. A lo que debemos añadir el enorme riesgo de error que existe
por parte de la administración al calificar los bienes sustitos del
aquel en cuyo mercado se presume hay un monopolio o cuál es el mercado
relevante para su análisis. Esto, sin perjuicio, de que lo seriamente
cuestionable que es el hecho de que Estado tenga algo que decir respecto
de los precios que se fijan en el mercado.
Las externalidades se solucionan con derechos de propiedad bien
definidos, más que con impuestos o indemnizaciones. Mientras que los
bienes públicos, como la seguridad por ejemplo, son cuestionablemente
mejor provistos por el Estado que por los privados. Si ese no fuera el
caso, no serían necesarias las policías privadas, los guardaespaldas o
los guardianes particulares en las calles.
Me temo que pretender justificar la intervención estatal en una falla
de mercado puede terminar siendo como pretender apagar un incendio con
gasolina. Esto no quiere decir que no pueda existir alguna intervención
estatal que mejore la eficiencia social (aunque me es muy difícil pensar
en una), sino que ante una falla de mercado debe pensarse seriamente si
la intervención estatal no generará una de gobierno aún peor (como
suele ser el caso).
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