por José Luis Sardón
José Luis Sardón es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima.
“La iniciativa privada es libre”, afirma
categóricamente la primera oración del Régimen Económico de la
Constitución de 1993. Es algo que parecen olvidar las propuestas
intervencionistas que se tienen ahora en el Congreso y que van desde la
amenaza de institucionalización del “perro muerto” (la cultura de no
pagar), con la coartada de la insolvencia familiar, hasta la de prohibir
los exámenes de ingreso a los colegios. Siguiendo la pauta de la Ley N°
30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y
Adolescentes, estas iniciativas pasan por alto aquel principio
fundamental del ordenamiento jurídico de nuestra economía.
Ciertamente, la primera oración del artículo 115° de la Constitución de
1979 contenía una afirmación idéntica respecto a la iniciativa privada;
no obstante, este artículo no era el primero sino el sexto de su régimen
económico. Precedido por cinco artículos que apuntaban en otra
dirección, la libertad económica no era establecida
entonces como principio fundamental del ordenamiento económico. Más
bien, se diría que la libre iniciativa privada era reconocida de una
manera vergonzante; y, consiguientemente, era acotada por pautas,
parámetros y consideraciones de todo tipo.
Sin embargo, recogiendo las lecciones de la debacle económica ocurrida
en los doce años en que estuvo vigente la Constitución de 1979, la de
1993 trajo consigo otra manera de ver las cosas. Este cambio fue
consecuencia de que, a sangre y fuego, los peruanos habíamos entendido
que no era buena idea entregarle al Estado la tarea de responder a las
preguntas básica de qué, cómo y para quién producir. Las ideas
intervencionistas de la Constitución de 1979, arropadas en afirmaciones
románticas pero irresponsables, habían desembocado en la hiperinflación y la más feroz embestida terrorista.
La visión menos arrogante sobre el rol del Estado en la economía,
contenida en la Constitución de 1993, ha dado veinte años de
impresionante crecimiento económico. Sostenido y
respetado por cuatro gobiernos sucesivos, el régimen económico de 1993,
basado en la libre iniciativa privada, es la clave principal para
explicar lo que ya empieza a llamarse el milagro económico
peruano. Gracias a éste, y no sólo a las condiciones favorables de los
mercados internacionales, como afirman algunos comentaristas mezquinos,
el Perú de hoy no tiene nada que ver con el país quebrado de hace veinte
años.
Aunque el contraste entre el Perú de los 1980s con el actual es muy
expresivo, la avalancha de iniciativas legislativas intervencionistas es
también un dato de la realidad. Directamente, ella se origina en el
desdén por la Constitución de 1993 por parte de los legisladores
actuales; sin embargo, indirectamente, deriva también de una opinión
pública desinformada, que ya ha olvidado las experiencias que se
vivieron en los años de estatismo. Esta opinión pública tiene de aliados
a algunos observadores extranjeros, que opinan con ligereza de asuntos
que no terminan de comprender.
Lo que ocurra en las próximas semanas terminará de definir la
situación que tendrá el Perú al cumplir doscientos años de vida
independiente. El gobierno podría continuar en una competencia con el
Congreso por promover nuevas iniciativas intervencionistas; sin embargo,
distinta sería la historia si toma el camino de respeto a la libre
iniciativa privada, constitucionalmente consagrada.
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