"El adéndum al ´Pacto por
México´ busca ser un seguro contra el uso electoral de programas
sociales como ´Oportunidades´, pero es un seguro muy poco seguro".
La Redundancia Cómo Indicador.
El "Pacto por México" (PPM) puede ser examinado e interpretado desde
varios ángulos, algunos positivos, otros no tanto y los hay que pueden
indicar una gran debilidad institucional.
Hoy el PPM tiene ya un adéndum que prohíbe explícitamente lo que, por
ley, ya estaba prohibido. Recurrir a semejante artilugio es un
reconocimiento implícito de la inoperancia de la prohibición original,
no obstante su carácter constitucional. El asunto se agrava si "prohibir
lo prohibido" es un intento de "amarrarle las manos" a quienes, por
mandato de ley, están encargados de hacer efectivo el marco
constitucional. En estas condiciones ¿Qué tan práctica puede resultar la
redundancia si la prohibición original no fue observada pese a ser
absolutamente clara?
Todo lo anterior viene a cuento porque la pieza fundamental en el
arranque del Gobierno actual -el PPM- estuvo en peligro, pues los dos
partidos de oposición que lo suscribieron se negaron a seguir cooperando
con el gobierno si éste no ponía alto a la vieja e ilegal, pero
fuertemente arraigada y muy efectiva práctica, de usar los recursos
públicos para transformar los programas de asistencia social en un
poderoso instrumento para inducir el voto, haciendo patente a los
ciudadanos que reciben la ayuda que la continuación de su acceso a los
beneficios depende del sentido de su sufragio, y que no obstante que "el
voto es secreto" hay forma de saber cómo se votó. Y aquí conviene
recordar lo amplio que es el universo de víctimas potenciales de este
sistema de perversión del voto: los adultos del 46 por ciento de la
población que ha sido clasificada como pobre.
Si el PPM se viniera abajo hoy, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se
quedaría casi vacío de contenido. Si el PAN y el PRD se negaran a seguir
respaldando, legitimando y facilitando la conducción de las reformas
priistas por los vericuetos legislativos, un gobierno que supuestamente
ganó con apenas el respaldo de 38.21 por ciento de los ciudadanos,
difícilmente podría presentarse como encarnación de la voluntad
nacional, como si lo puede hacer ahora arropado por el PPM. Es por ello
que una vez que el PAN demostró que en Boca del Río, Veracruz, los
gobiernos federal y estatal habían montado una máquina de alquimia para
transformar programas como "Oportunidades" en votos para el PRI, Peña
Nieto debió dar un giro de 180 grados y pasar del cinismo inicial -el
famoso "Rosario (Robles, secretaria de Sedesol), no te preocupes, hay
que aguantar"- al compromiso solemne de "prohibir lo ya prohibido".
Adéndum Peculiar
El "propósito de enmienda" del gobierno y su partido para no volver a
pecar contra la santidad del voto, fue firmado el 7 de mayo y consta de
cuatro principios que se deben traducir en once prácticas. Los jefes de
los tres grandes partidos y el jefe del Estado acordaron: no anteponer
el interés partidario al del País, cumplir lo acordado, ser
transparentes y observar la constitución "y las leyes que de ella
emanen". Las vías para hacer realidad esa tetralogía son: ser
electoralmente limpios, no usar el gasto social ni el de comunicación
para violar el principio anterior, no poner el control de ese gasto en
manos de operadores electorales, aceptar la vigilancia de la "sociedad
civil", procurar la equidad y vigilar la naturaleza de las deudas que
contratan los gobernadores a nombre de sus estados.
El adéndum del 7 de mayo se suscribió para que el PAN y el PRD pudieran
justificar el continuar participando en el proceso cupular de toma de
decisiones, proceso dirigido por Peña Nieto y su círculo y negociado con
el pequeño grupo que concentra el poder económico en México. Sin
embargo, es más que probable que lo que se descubrió y denunció en Boca
del Río, y que buscaba conformar una estructura electoral informal pero
muy efectiva, se esté replicando en otras partes, por ejemplo, en
Coahuila, con los llamados "Comités de Política Popular y Acción
Social", (Reforma, 8 de mayo). Este tipo de estructuras que buscan
fundir las acciones del Gobierno con un partido no es algo novedoso, así
ha venido operado el PRI desde 1929, cuando nació como partido de
Estado. Y cuando han podido, el PAN y el PRD también han echado mano de
instrumentos similares.
Una Realidad No Risible
Obviamente, el significado de las 1521 palabras del mentado adéndum se
hubieran podido resumir en 15, las del cuarto "principio": "Actuar bajo
estricto apego a la Constitución y a la leyes que de ella emanan", pero
¿No había sido justamente ese formal compromiso el centro de la
ceremonia de la toma de posesión del 1° de diciembre pasado?
En fin, en este episodio del PPM, las cabezas de los partidos
supuestamente derrotados en 2012, Gustavo Madero y Jesús Zambrano,
terminaron por obligar a Peña Nieto y al PRI a volver a comprometerse a
cumplir lo que se supone que es su obligación. Con el adéndum, todos
volvieron a sus papeles originales salvo unos cuantos funcionarios
menores que perdieron su puesto: los "cabritos expiatorios". Ahora bien,
todo este incidente que desde cierto ángulo es parte de la picaresca
política mexicana, desde otro, resulta trágico.
Desde que la legislación para México se hacía en el Consejo de Indias,
los ordenamientos legales elaborados según los intereses y cultura de
España, no cuadraron con la realidad americana, fundamentalmente
indígena. Algunas leyes "se obedecían pero no se cumplían" como única
forma de modificarlas y hacerlas viables en tierras novohispanas, otras
se cumplían a medias y la corrupción distorsionó a muchas. La
independencia no mejoró las cosas, al contrario. Un Estado muy débil,
gobiernos inestables y un ordenamiento con raíces en el liberalismo
europeo alejado de la realidad mexicana, pero manipulado por los pocos
en detrimento de los muchos, llevó a que el país se acostumbrara a vivir
bajo un sistema donde ley y realidad marchaban por caminos diferentes, a
veces opuestos. Desde el siglo XIX las constituciones sólo han operado
en la medida en que el gobierno ha podido y querido que operen. Hoy, a
esta pregunta hecha a una muestra representativa de ciudadano: "qué
tanto cree usted que los gobernantes mexicanos cumplen la ley", el 91
por ciento respondió "poco" o "nada", (Secretaría de Gobernación,
Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP
2012)", www.encup.gob.mx).
¿El adéndum al PPM va realmente a poner fin, como se pretende hacernos
creer, a una práctica arraigada por decenios en una estructura estatal
que no ha superado su debilidad y en una sociedad donde la pobreza es
nota dominante y el sentido de ciudadanía muy débil? Difícilmente.
En suma, y si se quiere ser optimista, pasar del "Rosario, no te
preocupes, hay que aguantar" del 22 de abril al documento del 7 de mayo,
puede verse como un avance porque se obligó al gobierno y a su partido a
dar marcha atrás en materia de fraude electoral, al menos en principio.
Sólo la reacción enérgica de la sociedad podrá inhibir a quienes
intenten usan la pobreza para adulterar el sufragio. Sin embargo, el
gran inconveniente es que la sociedad no está organizada para, ni quiere
dedicarse a, vigilar sistemáticamente a sus políticos profesionales. El
problema, por tanto, no está aún resuelto.
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